Más País y Equo enmiendan la ley trans para llevar al Código Penal las terapias de conversión

La conocida como ley trans cosecha ya más incógnitas que certezas. Si el propósito del Gobierno era aprobarla antes de que terminase el año, los obstáculos a su tramitación parecen no tener fin y el compromiso gubernamental es hoy más frágil que nunca. El PSOE ha anunciado que ampliará una semana más el plazo de enmiendas, a pesar de la confrontación con sus socios de coalición. Y en medio de ese proceso, Más País y Equo ha hecho pública una enmienda que considera clave y que afecta a los derechos del colectivo en todo su conjunto: la persecución penal de las terapias de conversión.

Actualmente, el proyecto de ley incluye en su artículo 17 la prohibición de "la práctica de métodos, programas y terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento, en cualquier forma, destinados a modificar la orientación o identidad sexual o la expresión de género de las personas, incluso si cuentan con el consentimiento de la persona interesada o de su representante legal". Según fuentes de Más País, estas pseudoterapias son "una aberración que debe ser erradicada pues suponen graves secuelas para las víctimas, son completamente anticientíficas y vulneran gravemente la dignidad de las personas LGTBI".

Este tipo de prácticas se perseguirían, según el proyecto de ley en su redacción actual, como infracciones administrativas muy graves, pero no estarían incluidas en el Código Penal. Es lo que pretende cambiar la formación de Íñigo Errejón. "El empleo de sanciones exclusivamente económicas para frenar a unos perpetradores apoyados por redes influyentes y con gran capital económico, no es eficaz, suficiente ni útil", expone el grupo y recuerda que ya hay ocho comunidades que las prohíben y sancionan, sin resultados efectivos. "La ilegalización administrativa mediante multas existente en la actualidad es completamente insuficiente e inútil", apuntan las mismas voces.

La enmienda, a la que ha podido acceder infoLibre, propone penas de prisión de uno a cuatro años y multa de ocho a veinticuatro meses para quienes practiquen este tipos de terapias contra terceras personas, pero también a quienes "remitan a una persona" a las terapias, "la fuercen a recibirlas o consientan su práctica" en un entorno bajo su supervisión "donde podrían impedirla". Fuentes de Más País explican que la creación de este delito, más allá de las penas, genera un efecto disuasorio al controlar la reincidencia, antecedentes penales para los perpetradores y conlleva un proceso judicial.

La importancia de incluirla en el Código Penal

Más País-Equo, que en su propuesta se refiere a estas terapias como Esfuerzos de Cambio de Orientación Sexual e Identidad o Expresión de Género (ECOSIEG), recoge así la petición de las organizaciones especializadas a las que la regulación trazada en el actual proyecto de ley trans les sabía a poco. Estas entidades han documentado más de 80 personas y organizaciones que practican este tipo de terapias de conversión que incluyen medicación forzada, desnudez, control masturbatorio y prácticas aversivas.

Raúl Castro, autor de Ni enfermos ni pecadores (Sinequanon, 2022) y presidente de No es terapia, explicaba hace unos meses a este diario que lo idóneo sería perseguir las terapias a través del Código Penal, siguiendo la estela de países como Francia, Malta y Alemania, porque "la tendencia actual es la criminalización, no la sanción administrativa".

La propuesta de la formación también contempla penas para quienes cometan el delito "por imprudencia" y las endurece para aquellas cuyas víctimas sean menores de edad.

Además, el texto incluye una definición precisa de las terapias de conversión, entendidas como aquellas prácticas que "partan de la premisa de que ciertas orientaciones sexuales" o identidades sexuales y de género "son patológicas o menos deseables que otras"; aquellas que tengan como objetivo "modificar, disminuir, reprimir, desalentar o suprimir" la orientación sexual, identidad o expresión de género y las prácticas que busquen mermar el "deseo sexual o los sentimientos románticos de una o varias personas".

No será necesaria una denuncia previa

La enmienda deja claro que el consentimiento de la víctima e incluso de sus representantes legales "será irrelevante para la responsabilidad criminal de dicha conducta" y matiza que no será necesaria la existencia de una denuncia previa. Según matizan fuentes de Más País, esto es clave ya que al tipificarse como delito, la Fiscalía y las asociaciones pueden iniciar la vía penal, lo que es imprescindible porque las víctimas "tienen miedo y no cuentan con recursos para denunciar, ya que la mayoría son sometidas a estas prácticas por sus padres, comunidades o líderes de la Iglesia".

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Algunas organizaciones críticas con la ley, como la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres o la Asociación de Feministas Socialistas, han cargado contra la persecución de este tipo de terapias. "Si el transexualismo ya es complicado de por sí en personas con un recorrido vital, es absolutamente complejo en menores como para no prever soluciones, sino por el contrario, cerrar toda posibilidad", señala esta última plataforma, presidida por Amelia Valcárcel. También el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha expresado partidario de mantener este tipo de terapias en "aquellas situaciones en las que se cuenta con el consentimiento del afectado".

En julio de 2021 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló el único caso de terapias de conversión que fue sancionado, dos años antes. Según el fallo, la Comunidad de Madrid había tardado más de 31 meses en instruir el procedimiento, por lo que los derechos de la sancionada habían sido vulnerados. En marzo de 2022, concluyó sin ningún tipo de castigo la investigación al Obispado de Alcalá por impartir cursos para curar la homosexualidad, después de que la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid considerase que no era "posible abrir un procedimiento sancionador".

"Este hecho, deja entrever que el modelo de tutela administrativa de estos abusos se queda absolutamente corto", señala en su enmienda el equipo de Íñigo Errejón. Hasta la fecha, el grueso de las denuncias registradas contra entidades e individuos que han llegado a realizar hasta exorcismos para "expulsar la homosexualidad", no han sido siquiera escuchadas por las autoridades.