El PSOE confía en frenar el discurso duro del PP sobre la sedición: “La gente valora que se actúe”

“La gente valorará que hay un Gobierno y un presidente que afronta los problemas y no se esconde”. Esta es la reflexión que sale del cuartel general del PSOE en la madrileña calle de Ferraz al día siguiente de presentar la proposición de ley por la que se va a cambiar el delito de sedición por uno de desórdenes públicos agravados.

Esta transformación en el Código Penal supondrá rebajar las penas de sedición de los quince a los cincos años de prisión, además de acortar las posibles inhabilitaciones a periodos de entre seis y ocho años para las autoridades. Una decisión que buscará la luz verde del Parlamento antes de que acabe el año y que supone un durísimo choque entre la coalición y sus socios con las derechas.

¿Qué coste electoral puede tener para el PSOE a seis meses de las municipales y autonómicas? ¿Por qué ahora? ¿Hasta qué punto removerá todo el tablero político? Los socialistas defienden que se trata de un paso valiente, que ya había prometido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a principios de 2020 y que se hace para normalizar la situación en Cataluña. Y se argumenta que así se homologa este tipo a delitos similares en países como Alemania, Francia o Suiza. 

En el núcleo duro de Pedro Sánchez, apuntan, lo tienen muy claro: “No es necesario hacer pedagogía”. “Basta con decir la verdad, y que se responda a está pregunta: ¿Está mejor Cataluña en 2022 o en 2017? Y una más: ¿Es mejor el vínculo de los catalanes con España en 2022 o en 2017?”, reflexionan desde el cuartel general del PSOE.

“Los que se llenan la boca con la unidad de España han utilizado a Cataluña, como en su día hicieron con Euskadi, para dividir a los españoles. El PSOE no lo va a permitir. Las políticas trumpistas y bolsonaristas no se van a instalar en España, por mucho que el señor Feijóo sea incapaz de armar un discurso moderado y se entregue a la reacción más visceral, igual que sus socios de Vox”, defienden en la dirección socialista.

Por eso, en Ferraz están convencidos de que “la gente valorará que hay un Gobierno y un presidente que afronta los problemas y no se esconde”. Con esta idea , insisten: “La alternativa es un dirigente al que le tiemblan las piernas con dos editoriales de medios de derechas. Los ciudadanos valoran que se actúe. Que se tomen decisiones en favor de la concordia y no del enfrentamiento. El PSC y Salvador Illa lideran las encuestas en Cataluña con ese mismo discurso. El PP sigue allí como un partido residual”. 

"El PP y Feijóo mienten"

Se muestran las fuentes socialistas indignadas también ante la deriva de los conservadores: "El Partido Popular y el señor Feijóo mienten. Se han abonado al bulo y las ‘fake news’ igual que Trump y Bolsonaro. Es una forma de hacer política bochornosa. Difunden una tabla de derecho comparado falsa. Una tabla en la que comparan el delito de rebelión en otros países con el nuevo delito que tipificará el Código Penal en lugar de la sedición. El delito de rebelión sigue vigente en España, con penas durísimas. No se puede, es un insulto a la ciudadanía, hacer política con la mentira por bandera".

De cara al impacto que puede tener esta reforma en la opinión pública, se hace este análisis en el PSOE: “La ciudadanía ya conoce al señor Feijóo y sus socios de la ultraderecha. Ya saben que están instalados en las declaraciones trufadas de barbaridades y falsedades. No necesitamos hacer mucho más hincapié en ello. Cuando más habla Feijóo, más votos van al PSOE. La absoluta decepción que ha supuesto su llegada a la política nacional también se nota en las filas de su propio partido. No saben quién manda, o sí lo saben, pero prefieren no admitir que no es Feijóo”. 

Además, desde el PSOE, como precisó este sábado Salvador Illa en un acto con Patxi López, se insiste en que esta reforma no supone desarmar al Estado frente a situaciones como la del 1-O, uno de los argumentos de la derecha. El líder del PSC citó que se sigue manteniendo el delito de rebelión y que la reforma sigue sirviendo para los hechos de aquellos días, además de permanecer el paraguas del artículo 155 de la Constitución. Asimismo, los socialistas invocan lo que pasó con los indultos: desactivó al independentismo, ayudó a mejorar el clima social en Cataluña y ya ni la derecha los ha utilizado de manera furibunda. Hechos frente a palabras, sostienen. Ahora mismo, segun el último barómetro del CEO, el no a la independencia supera al sí en ocho puntos.

El Partido Popular, mientras, piensa hacer de esta reforma la bandera de su oposición. Este sábado la número dos del partido, Cuca Gamarra, desplegó un tono muy duro, como el de Feijóo durante su declaración el viernes. Acusó a Sánchez de “dar gasolina” a los independentistas: “Demuestra su absoluta ansia de poder”. “Ha mentido a los españoles”, acusó al jefe del Ejecutivo durante un acto en Logroño.

Una de las estrategias del Partido Popular pasa en estos momentos por intentar calentar la situación interna del PSOE y provocar una rebelión interna. Pero no ha surtido efecto, ya que la mayoría de líderes territoriales apoya a Sánchez y tan sólo se mostraron contrarios Javier Lambán (Aragón) y Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), pero sin entrar de lleno en un conflicto contra Moncloa y Ferraz.

La foto de 2017 frente a la de 2022

La diferencia de Cataluña en esos cinco años es el principal estandarte del PSOE para seguir con su hoja de reencuentro, cuyo balance es positivo para La Moncloa. Uno de los datos en los que se fija el Ejecutivo es la reducción de la conflictividad institucional que se ha dado con su apuesta por el diálogo. De los 103 recursos de inconstitucionalidad que ha interpuesto el Estado contra Cataluña desde 1979, sólo cinco se corresponden con la actual legislatura (es decir, sólo el 4,85%).

Durante esta legislatura nacional, según datos del Ejecutivo, Cataluña ha aprobado más de cien normas con rango de ley. La Administración General ha interpuesto sólo en cinco ocasiones recurso de inconstitucionalidad. Esto contrasta con la legislatura primera de Rajoy, por ejemplo, cuando Cataluña aprobó un total de 88 normas con rango de ley y el Estado interpuso recurso en 19 ocasiones (un 21,6% de los casos). También se aprecia un aumento de los acuerdos alcanzados en el seno del procedimiento previsto para intentar no terminar en recurso: de las 22 veces que se ha tratado, se han alcanzado en quince ocasiones acuerdos totales o parciales.

Esa apuesta por el diálogo, defienden en el Gobierno, también se ve, por ejemplo, en el cumplimiento de las disposiciones recogidas en el Estatut respecto a inversiones en los tres presupuestos generales aprobados por el Consejo de Ministros. Además, se defiende el trabajo de la Mesa de Diálogo, que se ha reunido en tres ocasiones ya y que ha cursado acuerdos en materia lingüística o de desjudicialización.