Feijóo y la sanidad: su única propuesta es que el Gobierno incremente las plazas para la formación de médicos

Si Alberto Núñez Feijóo tiene un plan para resolver los problemas de la sanidad española —de la “máxima gravedad”, en palabras de su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra—, nadie lo conoce. Casi ocho meses después de asumir la presidencia del PP, el líder de la oposición no ha prestado atención alguna en sus intervenciones públicas a la situación de un sector que resultó clave durante la pandemia, pero cuyos protagonistas se sienten cada vez más maltratados. Especialmente en territorios como la Comunidad de Madrid, donde las decisiones del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, con el respaldo tácito del PP de Feijóo, han puesto la atención primaria al borde del colapso.

Feijóo solamente ha hablado de sanidad una vez desde que está al frente de Génova 13. Fue durante el debate que mantuvo en el Senado con el presidente Pedro Sánchez el pasado 18 de octubre. En su turno de intervención, acusó al jefe del Ejecutivo de atribuirse acciones que, según él, fueron llevadas a cabo por las comunidades autónomas. 

“Ha presumido usted, señoría, de un incremento de 30.000 profesionales en los servicios sanitarios; a lo mejor su Gobierno autorizó 300 en Ceuta y Melilla, pero el 99% de los profesionales sanitarios han sido contratados por los presidentes de las comunidades autónomas”, aseguró. “Usted habla de servicios públicos como si usted los defendiera, y resulta que es el presidente que está negando a las comunidades autónomas ofertas extraordinarias de MIR para que podamos contratar médicos, para que en España se puedan contratar médicos”.

Más médicos

Ese es el resumen de todo lo que el PP pide en materia sanitaria: más plazas MIR porque, aseguran sus dirigentes, es el único motivo por el que las comunidades no están contratando a los médicos que necesitan.

“Deje usted a las comunidades autónomas el ejercicio de sus competencias constitucionales y no se arrogue la competencia de los servicios de salud. Eso sí, una de las pocas que tiene, que es ampliar la oferta de MIR extraordinario, no lo hace, y toda España está sin médicos de familia y pediatras; pregúntele usted a sus colegas del Partido Socialista”, le reprochó a Sánchez en aquel debate.

Feijóo siempre presume de tener más recorrido de gestión y de gobierno que el presidente. Lo hizo también ese día en referencia a la sanidad, ironizando sobre la “larga experiencia que tiene” Sánchez en relación con este asunto. 

Es verdad que el currículum en materia sanitaria de Feijóo es mucho más antiguo que el de Sánchez: desde su cargo como secretario general de la Consellería de Sanidad de José Manuel Romay Becaría (1991-1996) abrió la puerta a la gestión privada de la sanidad pública, un modelo que exportó al resto de España como presidente del antiguo Insalud, la entidad pública que gestionaba la sanidad antes de su transferencia a las comunidades autónomas.

Aquel modelo fracasó. El proyecto concebido para liberar la gestión sanitaria de los vicios de la administración pública mediante “técnicas de gestión empresarial” estaba funcionando, según el Consello de Contas (la versión autonómica del Tribunal de Cuentas), como “vía de escape a los controles administrativos”. No existía ninguna “justificación documental de la necesidad y conveniencia de promover una fundación para prestar servicios sanitarios”. El mecanismo articulado por Romay y Feijóo servía para “trasladar funciones propias de la Administración, sustrayendo fondos públicos y bienes de dominio público para ponerlos a disposición de una entidad privada”.

Donde se había vendido “flexibilidad de actuación” había “falta de control presupuestario” y además, diagnosticaba el ente fiscalizador, “destacables irregularidades en la contratación de personal y en la subcontratación de servicios externos que acaban distorsionando las previsiones de gasto”. 

Cancelación

El fracaso del modelo quedó patente el 5 de octubre del 2000, cuando Manuel Fraga decidió que las fundaciones privadas que gestionaban hospitales era Galicia pasaran a ser públicas. En 2003 el Ejecutivo gallego, del que ya formaba parte Feijóo, inició la integración de su personal en el sistema sanitario público de Galicia. Y tres años después, la Xunta tuvo que poner más de diez millones de euros para sanear sus cuentas.

Feijóo siempre dice que es un político previsible y señala su hoja de servicios en Galicia como prueba. Pues bien, si nos atenemos a eso, los números indican que el líder del PP dejó la sanidad gallega después de trece años de gestión con poco más personal que cuando llegó, allá por 2009, y eso a pesar de la pandemia. 

La proporción de trabajadores temporales creció, igual que el número de camas disponibles, a pesar de que el presupuesto sanitario no superó el del Gobierno PSOE-BNG que le precedió hasta hace apenas cuatro años. El de atención primaria dejó de incrementarse y nunca sobrepasó el que heredó del Ejecutivo anterior. La espera quirúrgica mejoró durante su mandato, pero sigue siendo superior a la que se encontró cuando llegó a la presidencia de la Xunta.

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A falta de una actualización que todavía no se ha producido, la propuesta sanitaria del PP sigue siendo oficialmente la que Pablo Casado trasladó en las elecciones de 2019, en la que fue derrotado por el PSOE. Aquel programa electoral proponía varias medidas dirigidas a recentralizar el sistema nacional de salud, desde la emisión de una tarjeta sanitaria estatal a la igualación de la cartera de servicios en todo el territorio, pasando por la implantación de la libre elección de médico y de centro sanitario en toda España y la implantación de un calendario único de vacunación.

El PP se comprometía igualmente a “garantizar”, en coordinación con las comunidades autónomas, “el acceso a pruebas diagnósticas e intervenciones en un tiempo máximo de 30 días”.

También prometían impulsar “una reforma de las condiciones de trabajo, retributivas y de desarrollo profesional de los empleados del sistema sanitario público”, pasando por alto que se trata de una competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Y, por supuesto, en línea con la política lingüística del partido, defendía acabar con el derecho de los pacientes de Galicia, Euskadi, Cataluña, Baleares y la Comunitat Valenciana a ser atendidos en cualquier de las lenguas oficiales de sus respectivos territorios.