Reporteros Sin Fronteras denuncia los "procesos mordaza" contra infoLibre y otros medios en España
Reporteros Sin Fronteras ha alzado la voz este jueves por el "auge de los litigios abusivos" sufridos por varios medios de comunicación en España, entre ellos infoLibre, denunciado hace un año por Teodoro García Egea y Fernando López Miras y hace unos meses por el exjuez de Vox, Francisco Serrano. La organización ha querido poner el foco de este modo en la proliferación de los conocidos como SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation), una estrategia para "amedrentar a medios y redactores" acusándoles de delitos de atentados al honor o de revelación de secretos. infoLibre, precisamente, fue denunciado por los dirigentes del PP y por el excandidato a la Presidencia de Andalucía por este último delito.
Como publicó este periódico el año pasado, las instituciones europeas ya mostraron su preocupación por estas estrategias de desgaste e intimidación, cuyo objetivo no es tanto vencer en los tribunales, sino infundir temor en sus víctimas para intentar que en el futuro se lo piensen dos veces antes de denunciar las prácticas sospechosas de políticos o grandes empresas. Se trata, por tanto, de "una amenaza para el debate público pluralista, ya que pueden conducir a que sus víctimas se autocensuren", en palabras de la Comisión Europea, que advierte además de que las SLAPP "pueden tener un efecto disuasorio sobre otras posibles víctimas, que pueden decidir no hacer valer su derecho a investigar e informar sobre cuestiones de interés público".
En este sentido, Reporteros Sin Fronteras recuerda que el año pasado el director de infoLibre, Daniel Basteiro, y la redactora Alicia Gutiérrez tuvieron que acudir a declarar ante el juez por la denuncia de Teodoro García Egea y Fernando López Miras después de que este medio publicara e junio de 2021 los mensajes de móvil en los que el presidente de la Región de Murcia mediaba en la operación quirúrgica de un familiar del secretario general del PP. Los conservadores acusaban a este periódico de "revelación de secretos", un delito que puede comportar una pena de hasta cinco años de cárcel. Sin embargo, la justicia dio la razón a infoLibre y archivó, el pasado mes de mayo, la denuncia. Recalcó, además, la "diligencia" en el contraste de la noticia.
Poco después, en el mes de septiembre, el exjuez Francisco Serrano, también excandidato de Vox a la Presidencia de Andalucía, se querelló contra este periódico y contra el periodista Ángel Munárriz por una supuesta revelación de secretos en las informaciones publicadas sobre las irregularidades cometidas en su actividad empresarial, por las que está siendo investigado en un caso de posible fraude de subvenciones de 2,4 millones de euros.
"Las informaciones publicadas por el periodista sobre este caso llevaron a la apertura de investigaciones policiales y judiciales, que no solo las han ratificado, sino que se han saldado con la imputación por fraude de Francisco Serrano, su dimisión como diputado y presidente del grupo parlamentario en Andalucía, su renuncia a todos los cargos en Vox y el embargo de sus bienes", recuerda Reporteros Sin Fronteras.
“En la mayoría de los ‘procesos mordaza’ contra medios y/o periodistas en España, el fin último no es tanto la cárcel, pues hay una doctrina del Tribunal Constitucional muy protectora para con el derecho a la información, como el amedrentamiento. El objetivo es silenciar, asustar y promover la autocensura no solo del medio y los redactores afectados, sino de otras publicaciones, además de erosionar los recursos humanos, económicos, de tiempo y hasta psicológicos de los demandados. España debe dotarse de instrumentos legales que castiguen el uso de la justicia con fines intimidatorios contra la prensa”, afirma Edith Rodríguez Cachera, vicepresidenta de RSF España.
“El hecho de pasar a formar parte del club de afectados por el ‘lawfare’ crea una sensación de vulnerabilidad en los trabajadores. La angustia ante cargos que pueden comportar la entrada en prisión, el riesgo reputacional de ser condenado, las dudas que inevitablemente surgen sobre si podría haberse hecho mejor o con menos exposición a un proceso judicial… Es evidente que estas denuncias siempre consiguen, en parte, su objetivo. La normalidad a la hora de valorar el interés público comienza a incorporar inevitablemente evaluaciones de riesgos, a veces inconscientes, que pueden ser el germen de la autocensura para evitar problemas, pérdidas de tiempo y energía”, explica Daniel Basteiro, director de infoLibre, en la denuncia pública de Reporteros sin Fronteras. El compromiso de infoLibre sigue intacto, pese a todo, y nunca ha sido condenado en los tribunales en sus casi 10 años de vida pese a los continuos intentos de algunos actores políticos.
Según Munárriz, un procedimiento como el del exdirigente de Vox Francisco Serranos busca "amedrentar al medio y a mí mismo, así como a posibles fuentes del periódico, para lograr una reducción de la cobertura del caso. Luego, persigue disuadir a otros medios de seguir un tema que ha comportado una denuncia por un delito castigado con cárcel. Además, intenta conseguir que el caso ya no parezca lo que es –una investigación penal por un posible fraude de subvenciones a una persona de relevancia pública–, sino un enfrentamiento entre dos partes. Por último, el fin es desacreditar a infoLibre, presentándolo como un medio ideologizado y movido por intereses espurios, negando su condición de medio solvente, especializado en artículos en profundidad e investigación, lo cual constituye la base de su oferta”.
Como destaca RSF, infoLibre es un medio que se sostiene mayoritariamente gracias a sus socias y socios, que contribuyen con una suscripción, y demandas como las que recibe pueden minar la sostenibilidad del periódico y poner en riesgo su viabilidad.
elDiario.es y El Confidencial
El juez archiva la denuncia de García Egea y López Miras contra infoLibre y destaca la "diligencia" en el contraste de la noticia
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Por otro lado, la organización también recuerda la denuncia de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, al director de elDiario.es, Ignacio Escolar, y a su periodista Raquel Ejerique, que destaparon el famoso caso máster, que demostró que la expresidenta madrileña obtuvo un título de postgrado de forma fraudulenta, lo que acabó provocando su dimisión. La causa, que también se inició por una supuesta revelación de secretos, acabó archivada.
Eso tuvo lugar en 2018. Cuatro años más tarde, en 2022, El Confidencial publicó que había sido denunciado que Iberdrola había presentado una demanda millonaria contra Titania, grupo editor del periódico, y contra los tres autores de las noticias que, desde hacía dos años, habían puesto en jaque al presidente del gigante eléctrico español, Ignacio Sánchez Galán, por las supuestas gestiones con el excomisario Jose Manuel Villarejo para que éste realizase presuntos espionajes a políticos y empresarios. La Audiencia Nacional todavía investiga el caso en el que la empresa acusa al medio y a algunos de sus periodistas de atentado contra su honor.
El pasado mes de abril, como recuerda Reporteros sin Fronteras, la Comisión Europea presentó una propuesta de directiva para luchar contra las SLAPP y proteger a los periodistas, proponiendo medidas como prever garantías procesales contra los "litigios mordaza" y sanciones. Sin embargo, la organización lamenta "que esta directiva apunte solo a casos transfronterizos —como las investigaciones de consorcios de medios— y a los que se hallan en el ámbito civil, pues Bruselas carece de competencias para legislar sobre casos nacionales y de ámbito penal. Por ello, Reporteros Sin Fronteras insiste en que los Estados de la UE, incluida España, adopten las recomendaciones de la Comisión y aprueben legislaciones protectoras.
