Ayuso involuciona y eliminará la autodeterminación de género aprobada bajo el gobierno del PP

La batalla campal que ha desencadenado la ley trans comienza a dejar las primeras secuelas entre sus homólogas autonómicas. "Si la pregunta es si voy a eliminar el concepto de autodeterminación de género de la legislación vigente en la Comunidad de Madrid", decía Isabel Díaz Ayuso en el Pleno de este jueves, "la respuesta es sí, desde este grupo parlamentario". El compromiso lo selló la presidenta de la Comunidad de Madrid con la diputada de ultraderecha Rocío Monasterio. 

Sin plazos, sin propuestas concretas y sin una justificación muy clara que explique el porqué de la decisión. Con esta afirmación, Díaz Ayuso vuelve a poner en el punto de mira a dos leyes clave para el colectivo: la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid y la Ley de Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid. 

Ambas fueron sacadas adelante en el año 2016, bajo el mandato de Cristina Cifuentes. La Ley LGTBI fue aprobada tras la introducción de 138 enmiendas y con la ausencia de dos parlamentarios del Partido Popular, que decidieron no asistir a la votación para evitar posicionarse. Uno de ellos fue David Pérez, el actual consejero de Transportes e Infraestructuras y exalcalde de Alcorcón. El mismo año, la Comunidad de Madrid aprobó su ley trans, esta vez con la abstención de los conservadores.

¿Qué dicen exactamente las dos normas sobre la autodeterminación? La ley trans solo menciona dos veces el concepto de libre determinación o autodeterminación. La primera, en el preámbulo, donde consagra que "la libre determinación del género de cada persona ha de ser afirmada como un derecho humano fundamental, parte indispensable de su derecho al libre desarrollo de la personalidad". En el artículo 13, relativo a la atención sanitaria a las personas trans, indica que "el sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid atenderá a las personas trans conforme a los principios de consentimiento informado, libre autodeterminación de género, de no discriminación, de asistencia integral, de calidad, especializada, de proximidad y de no segregación".

En cuanto a la Ley LGTBI, la autodeterminación de género tiene encaje en el artículo 4. "Toda persona tiene derecho a construir para sí una autodefinición con respecto a su cuerpo, sexo, género y su orientación sexual. La orientación, sexualidad e identidad de género que cada persona defina para sí es esencial para su personalidad y constituye uno de los aspectos fundamentales de autodeterminación, dignidad y libertad. Ninguna persona podrá ser presionada para ocultar, suprimir, negar o modificar su orientación sexual, expresión o identidad de género", señala en uno de sus apartados. 

A continuación, recoge la "garantía de un tratamiento adecuado en materia de salud" y determina que ninguna persona podrá ser obligada a "someterse a tratamiento, procedimiento médico o examen psicológico que coarte su libertad de autodeterminación de género".

No es la primera vez que la presidenta regional pone en cuestión las leyes LGTBI de la Comunidad. La amenaza ha sido siempre sutil, pero constante desde la entrada de la extrema derecha en las instituciones. Lo recuerda Jimena González, activista trans y portavoz de Más Madrid en el distrito de Chamberí. Ayuso "enseña la patita para ver hasta dónde puede intentar rascar en el electorado de la extrema derecha", reflexiona al otro lado del teléfono. Lo ha hecho, rememora, en diferentes ocasiones y "no tuvo mayor recorrido porque el colectivo salió en masa a las calles". Ahora "está haciendo la misma jugada: intentar tomar el pulso para ver cuánto de movilizada está la gente con estas cuestiones", agrega.

Coincide Santiago Rivero, secretario LGTBI del PSOE de Madrid y diputado socialista en la Asamblea. Una de las grandes promesas con las que Ayuso trató de persuadir a la ultraderecha fue precisamente la de retocar las leyes LGTBI, pero "a seis meses de que acabe la legislatura, no hay ninguna propuesta registrada", enfatiza y encaja las declaraciones de la presidenta regional en "afirmaciones puntuales" cuya única pretensión es "ocupar titulares". Sí existe, matiza, una proposición registrada por Vox para "derogar la ley trans", así que a través del debate parlamentario "habrá que ver la posición del PP". El PSOE, afirma el diputado, va a estar "diametralmente en contra" de eliminar la ley. "Nuestra posición es clara y contundente: no tocar ni una coma de ninguna de las dos leyes", insiste, alejándose de los debates que a nivel estatal sí ha protagonizado su partido. 

Riesgo para las leyes autonómicas

La tibieza de la amenaza, sin embargo, no determina su gravedad. "La simple insinuación es muy grave", completa González, porque pone en jaque la calidad de vida de las personas. "Aunque finalmente tengamos ley trans estatal, las autonómicas no las podemos dejar caer porque están regulando aspectos de una importancia vital para la vida cotidiana de las personas trans en las que la estatal no tiene competencias", abunda. Se refiere, entre otras cuestiones, al acceso a la sanidad pública. "Las personas trans que vivimos en la Comunidad de Madrid tenemos más calidad de vida que las personas trans que viven en comunidades sin ley", zanja. Y ello a pesar de que "la inmensa mayoría" de la norma "no se cumple porque no tiene dotación presupuestaria".

Todas las comunidades autónomas, salvo Castilla y León y Asturias, cuentan con legislación propia en materia de derechos y protección a las personas trans, algunas con leyes específicas y otras bajo el paraguas de una sola ley LGTBI. El Principado cuenta, actualmente, con una ley en tramitación. Euskadi fue la pionera en legislar específicamente para las personas trans, aprobando su ley en 2012. Dos años después cogieron el testigo Andalucía, Galicia y Cataluña. Castilla-León y La Rioja son las últimas en seguir la estela de las leyes autonómicas pensadas para las personas trans.

González recuerda que la legislación madrileña se aprobó en su día "con un consenso político que hoy sería absolutamente impensable", una dinámica que se repite en el grueso de las normativas autonómicas. Las leyes que se han ido aprobando en las comunidades, además, "regulan aspectos más controvertidos, a nivel sanitario o educativo, sin prácticamente oposición política", destaca. Asuntos que curiosamente son ahora cuestionados por las voces críticas con la ley estatal, a pesar de llevar años consolidados en sueño autonómico. 

Respecto a la supervivencia de estas leyes, González cree que "a ningún gobierno regional mínimamente serio se le podría pasar por la cabeza modificar una legislación emanada de su propio parlamento que lo único que hace es reconocer derechos para personas que no los tienen". Aunque, admite, "lo que haga Ayuso es otro cantar". Rivero sí cree que hay motivos para la inquietud y pone el foco en los conservadores: "Si la dinámica del PP en aquellas comunidades donde tiene poder va a ser formar gobierno con Vox, desde luego tenemos que estar alerta, porque avanzar en derechos cuesta trabajo, tiempo y esfuerzo, pero retroceder es cuestión de cinco minutos".