ERC enmienda la malversación para proteger el independentismo y volver al modelo anterior a 2015

Que la malversación no se use "con finalidad política y arbitraria contra el independentismo", que los cambios no supongan una ventaja a los ya —o futuros— condenados por corrupción y que se regrese al modelo previo a la reforma ejecutada por el Partido Popular de 2015. Esos son los objetivos que busca Esquerra Republicana con las enmiendas presentadas este viernes a la reforma del Código Penal para modificar el delito por el que, además del de sedición, se condenó a los principales líderes del procés. En este sentido, el objetivo es "avanzar en la desjudicialización de la vida social y política y limitar las potencionales arbitrariedades del Estado para perseguir y reprimir el movimiento independentista", detallan fuentes de la formación.

De forma concreta, pretenden que el Código Penal deje de hablar de "conductas poco definidas y subjetivas como la apropiación indebida y la administración desleal, que son propias del ámbito privado", volviendo así al modelo previo a la reforma ejecutada por el Partido Popular en 2015. Ese cambio normativo,  El cambio normativo del Ejecutivo de Rajoy acabó con la diferenciación existente entre una malversación apropiatoria y otra centrada en el uso de los fondos para otros fines ajenos a los concebidos, como es el caso de los líderes del procès.

Así, ERC aboga por crear un nuevo artículo 432 bis según el cual "la autoridad o funcionario público que, sin ánimo de apropiárselo, destinare a usos particulares y ajenos a la función pública, el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a tres años, y suspensión de empleo o cargo público de uno a cuatro años". Actualmente, el artículo 432 del Código Penal impone penas de entre 2 y 6 años de cárcel para "la autoridad o funcionario público que cometiere el delito del artículo 252 sobre el patrimonio público". Ese artículo 252 señala que "serán punibles (...) los que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado".

De este modo, dicen desde el partido, esperan que el cambio no "suponga una ventaja a los condenados o futuros condenados por corrupción". "Con la propuesta republicana, las penas que afectan a los delitos propios de corrupción política y enriquecimiento personal se mantienen, como no podría ser de otra forma, sin posibilidad de rebajar su penalización. La tolerancia cero con la corrupción es irrenunciable", añaden.

Por otro lado, la reforma propuesta por ERC dejaría igual las gradaciones de pena contempladas, con castigos de 4 a 8 años de prisión e inhabilitación de 10 a 20 años, si "se hubiera causado un daño o entorpecimiento graves al servicio público" o si "el valor del perjuicio causado o del patrimonio público apropiado excediere de 50.000 euros". En este punto, la única novedad es que ERC también plantea castigar con esos entre 4 y 8 años de cárcel y 10 a 20 de inhabilitación cuando "las cosas malversadas fueran de valor artístico, histórico, cultural o científico, o "si se tratare de efectos destinados a aliviar alguna calamidad pública".

ERC apunta también a un nuevo artículo 433 para definir como patrimonio público "todo el conjunto de bienes y derechos, de contenido económico-patrimonial, pertenecientes a las administraciones públicas".

Deja "menos margen interpretativo"

Poco después de conocerse las enmiendas, la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha defendido en una entrevista en Catalunya Ràdio que la enmienda deja "menos margen interpretativo" para penar actos con finalidades políticas y garantiza castigar la corrupción. "Estamos reduciendo el margen a la justicia para aquellos que quieran perseguirnos con finalidades políticas o arbitrarias", ha valorado.

Además, ha insistido en que su propuesta de texto no beneficiará a las personas que se hayan apropiado de fondos públicos para su lucro personal o para el de terceros, o bien los hayan utilizado con finalidades privadas. En esta línea, ha convenido que su planteamiento repercutiría positivamente en la situación judicial de los condenados por el 1-O, "puesto que ninguna de las personas ha malversado".

El PSOE estudiará las propuestas

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha asegurado este viernes en rueda de prensa que su formación estudiará las propuestas relativas al delito de malversación planteadas por el ERC, pero ha dejado claro que el PSOE no aceptará "ningún retroceso" en la lucha contra la corrupción y que "cualquier uso irregular o arbitrario de los fondos públicos tiene que ser sancionado". "No hemos negociado con ERC, no conocemos sus enmiendas, las analizaremos. Nosotros, como el Código Penal, distinguimos entre corrupción y malversación. Ya hablaremos", ha zanjado.

En la misma línea se pronunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en los corrillos políticos en el Congreso de los Diputados con motivo de la recepción del Día de la Constitución del pasado martes. "No va a haber un retroceso en la lucha contra la corrupción", aseguró, añadiendo que Cataluña es un "activo" para este Gobierno y no una rémora como quiere hacer creer la derecha, entendiendo que los ciudadanos valoran la actual situación en esta comunidad frente a lo que pasó en 2017, cuando gobernaba el Partido Popular.

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Este viernes los republicanos también han presentado enmiendas referentes al delito de desórdenes públicos del Código Penal. ERC propone en este sentido rebajar la pena mínima del tipo agravado a un año con un doble objetivo. "En primer lugar, para que la pena propuesta sea coherente con la gradación de penas previstas en el capítulo, pues es un criterio habitual que los tipos agravados no empiezan a partir de la pena máxima del tipo básico. En segundo lugar, para dejar un margen más amplio a los jueces para adaptar la pena a la gravedad y las circunstancias concretas de cada caso", explican.

Asimismo, la formación propone reformar el tipo básico de desórdenes públicos y que se castigue "con la pena de prisión de seis meses a tres años los que, actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia causando lesiones a las personas o produciendo daños en las propiedades".

Por otro lado, ERC también propone la supresión del actual artículo 557 ter, relativo a las ocupaciones de locales, establecimientos, despachos, oficinas o domicilios. "No reúnen el suficiente nivel de lesividad como para reclamar la intervención del Derecho Penal pues las ocupaciones pacíficas de locales, establecimientos, oficinas o domicilios no producen una afectación de la paz pública", asegura la formación.