Unidas Podemos salva la reforma de la malversación pese a sus dudas sobre que pueda favorecer a corruptos

Unidas Podemos ha resuelto sus "dudas" sobre la reforma del delito de malversación en cuestión de horas. Al menos, sobre el papel. Los votos del grupo confederal han sido clave para sacar adelante este lunes una enmienda transaccional sobre malversación, que conlleva una rebaja de uno a cuatro años de cárcel si una "autoridad" o "funcionario público" destina fondos colectivos "a un fin distinto al previsto". Este es el principal delito, junto con el de sedición, que arrastran los principales líderes del procés, que se verían beneficiados por este cambio en el Código Penal. 

Este mismo lunes el coportavoz de Podemos Pablo Fernández ha asegurado que su formación tenía "muchas dudas" sobre "la posible aplicación que de este nuevo delito hagan los jueces", por ese motivo no incluían su firma en el acuerdo. "Es un acuerdo del PSOE y ERC, eso lo tiene que tener todo el mundo muy claro", ha especificado. Fernández ha dejado la puerta abierta a no apoyar la enmienda, lo que hubiera implicado que decayera del texto, pero finalmente Unidas Podemos ha votado a favor en la reunión de la ponencia en el Congreso.

Minutos antes de la intervención de Fernández, el presidente del grupo parlamentario y líder de los comunes, Jaume Asens, comparecía en el Congreso. A diferencia del portavoz de Podemos, Asens aseguraba que el acuerdo, en términos generales, le "sonaba bien". "Pensamos que hay que distinguir la malversación cuando hay ánimo de lucro a cuando no lo hay. Son dos fenómenos diferentes: una cosa es apropiarse para beneficio propio y otra desviarse de los presupuestos, despilfarrar o tener gastos injustificados", defendía. 

Sin embargo, la opinión de Asens es minoritaria dentro del grupo confederal. La vicepresidenta segunda y líder de Unidas Podemos en el Ejecutivo, Yolanda Díaz, rechaza esta reforma, tal y como apuntan fuentes de su entorno a infoLibre. La gallega aseguró la pasada semana desde Bruselas que el grupo parlamentario no iba a presentar enmiendas a la malversación y que, en cambio, analizaría en detalle la propuesta de Esquerra Republicana. Voces del grupo confederal trasladan que en los últimos días se han producido contactos entre la dirección del grupo y el jefe de gabinete de Díaz, Josep Vendrell, para tratar de dirimir este asunto. 

La principal preocupación de los morados es que la reforma beneficie a imputados y condenados por corrupción. Un temor que ya han manifestado algunas asociaciones judiciales progresistas —y referentes para el espacio— como Jueces y Juezas para la democracia. Su portavoz, Edmundo Rodríguez, ha asegurado en declaraciones a la Cadena Ser que la reforma "es una idea que debería abandonarse" porque España tiene sobrados ejemplos de lo que ha supuesto la corrupción y no se puede "modificar deprisa y corriendo una regulación que pretende garantizar que no exista tolerancia sea quien sea el beneficiado por este delito".

Con todo, desde el grupo confederal asumen que la reforma de la malversación es "el precio a pagar" para aprobar la eliminación del delito de sedición o la reforma exprés para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional.  Lo que, de entrada, iba a ser más que una reforma centrada en la eliminación del delito de sedición del ordenamiento jurídico ha terminado por convertirse en un retoque más amplio del Código Penal.

Los socios habituales marcan la corrupción como línea roja

La reforma de malversación no convence a propios y tampoco a ajenos. Uno de los aliados habituales del Ejecutivo, EH Bildu, expresó sus dudas. Su portavoz adjunto en la Cámara Baja, Oskar Matute, aseguró que la posición de EH Bildu es “nítida” en torno a la lucha contra la corrupción y subrayó que “eso no va a variar”. “Queremos ver la ley, conocer el articulado, qué implica y en función de eso y desde la coherencia” antes de opinar a este respecto, insistió, remarcando que “nadie va a encontrar un hilo de incoherencia” en la posición de su partido contra la corrupción.

La portavoz de Más Madrid, Mónica García, aseguró el pasado viernes que "no hay corrupción buena ni mala, ni malversación buena ni mala": "La malversación es dinero que debería ir a nuestros profesores, médicos, investigación y ciencia y va a lugares no deseables", señaló. Más cauto ha sido el líder de Más País, Íñigo Errejón, que hasta la fecha ha evitado pronunciarse públicamente.

Otros como el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ya adelantaron hace semanas que no les parecía una "gran idea" abordar esta reforma. El valenciano señaló que sí veía bien suprimir el delito de sedición, pero no tenía “claro” que se pueda “diferenciar” una malversación de otra. “Al fin y al cabo todo son caudales públicos. Esperaremos al texto definitivo para poder opinar”, expresó.

¿Por qué es tan importante para ERC la reforma de malversación?

Malversación, una línea roja

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La malversación es clave en todo lo que tiene que ver con el otoño caliente catalán. Y, sobre todo, en el caso del exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull o Dolors Bassa. Todos ellos fueron condenados por el Supremo por sedición en concurso medial –cuando un delito es necesario para la comisión de otro– con malversación.

Por ese motivo, cuando a mediados de noviembre se planteó la eliminación del primer tipo, algunos juristas advirtieron de que los condenados podrían tener que cumplir igualmente el castigo impuesto –tras los indultos solo sigue vigente la parte relativa a la inhabilitación– al estar encadenados al segundo delito. De ahí que Esquerra dejase caer una posible reforma: "No tiene sentido que sin haber enriquecimiento personal o una estructura de corrupción, a Junqueras se le juzgue por malversación", aseguró su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián.

Según el comunicado que ha hecho público este lunes ERC, con la enmienda transaccional sobre malversación "finalmente se establecen tres tipos de conductas castigadas por este delito. En primer lugar, la apropiación o intento de apropiación de patrimonio público, con ánimo de lucro, para el enriquecimiento personal o de terceros, que integra la conducta más grave y contiene varios agravantes, explican. En segundo lugar, "el uso temporal de patrimonio público para uso privado, y, por último, dar al patrimonio público una aplicación distinta a aquella a la que estaba destinado".