Mil días sin responsabilidades penales ni políticas por el 'Protocolo de la vergüenza' de Ayuso
El 18 de marzo de 2020, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso daba luz verde al texto sobre el que cimentaría uno de los mayores escándalos de la gestión de la pandemia sanitaria. El Protocolo de la vergüenza encerraba un propósito demoledor: bloquear el traslado hospitalario de miles de mayores enfermos que vivían en residencias. Este martes, un mensaje en redes sociales alcanzaba decenas de miles de interacciones: "Hoy hace 1.000 días que el Gobierno Ayuso aprobó el Protocolo que impedía trasladar al hospital a los residentes más vulnerables. 7.291 murieron sin recibir atención médica (5.795 con covid). La Fiscalía no investiga. Ellos pasan, nosotros #NoOlvidamos. ¿Se lo recordamos a diario?". Quien firma el tuit es responsable de un meticuloso recuento diario que deja en evidencia el silencio de los responsables políticos y la ausencia de reparación para las víctimas. Manuel Rico es, además, director de investigación de infoLibre y autor del libro ¡Vergüenza! El escándalo de las residencias (Planeta, 2021).
Los días han apuntalado la impunidad de los responsables, no solo en la Comunidad de Madrid. También se cumplen 1.010 días desde que falleció el primer residente en Cataluña y 1.005 en Castilla-La Mancha y Castilla y León. "Jamás pude imaginar que los tuits diarios iban a tener un seguimiento tan grande", señala Rico. El impacto, afirma, significa que "mucha gente se niega a que se pase página sin investigar lo ocurrido. Y lo que ocurrió es que más de 13.000 personas murieron en las residencias españolas en marzo y abril de 2020 sin recibir atención médica adecuada". De ellas, recuerda el periodista, 7.291 perdieron la vida en Madrid, "pero las cifras también fueron tremendas en Cataluña y en las dos Castillas. O en residencias concretas de otras comunidades, como los centros de DomusVi en la localidad alicantina de Alcoi y en la pontevedresa de Cangas do Morrazo".
Sin embargo, agrega, la herida que todavía supura con mayor intensidad es la que sigue abierta en la Comunidad de Madrid. "Es donde más fallecidos hubo, es donde se aprobó el Protocolo de no derivación hospitalaria más bárbaro, es donde los responsables políticos decidieron no utilizar medios como el hospital de Ifema o los hospitales privados que podían haber ayudado a miles de residentes", cita. Pero además, "cada cierto tiempo, el Gobierno de Ayuso se dedica a ofender públicamente a las víctimas y sus familiares. Esa saña de los gobernantes con los familiares y las víctimas es algo inaudito".
El Protocolo, tal como reveló infoLibre, prohibía el traslado a los hospitales de los ancianos enfermos que vivían en residencias si tenían un alto nivel de dependencia o de deterioro cognitivo. La consecuencia fue que miles de ancianos murieron en las semanas siguientes en los propios geriátricos, sin recibir asistencia médica adecuada. La Consejería de Sanidad se encargó de enviar el Protocolo a los gerentes y directores médicos de los hospitales de la red pública y pidió a la Consejería de Políticas Sociales que lo remitiese a las residencias.
Rico sostiene que la tarea de conocer con exactitud qué pasó es una "obligación" para el conjunto de la sociedad. "Primero, porque se lo debemos a las víctimas. Pero también porque la única forma de mejorar, es analizar qué sucedió y cambiar todo aquello que contribuyó a la hecatombe sufrida en las residencias", abunda. En infoLibre, remacha el director de investigación, "creemos que esa búsqueda de la verdad debe ser también una prioridad informativa. Y para nuestra redacción lo ha sido desde el primer momento de la pandemia".
Mil días batallando
Mil días no han sido suficientes para depurar responsabilidades, pero tampoco para aplacar el coraje de los familiares. "El objetivo es que se investigue y se haga justicia. Se lo merecen las personas que murieron de esta manera tan indigna y es la única manera de lograr la humanización de las residencias". Habla Javier Cordón, miembro de la Plataforma Verdad y Justicia. Asegura que el objetivo que persiguen es "simple", pero al tiempo se ha demostrado "muy difícil" de conseguir. Las resistencias no son pocas: "Ni las instituciones, ni el Gobierno, ni la Asamblea de Madrid, ni los juzgados, ni la Fiscalía investigan".
Carmen López, miembro de Marea de Residencias, comparte las mismas premisas: "Que se abra una comisión de investigación, que se sepa quién hizo y firmó esos protocolos, que se depuren responsabilidades políticas y penales si las hay". Mil días son suficientes, asegura al otro lado del teléfono, para concluir que nada ha cambiado. "Estamos peor. Se siguen restringiendo derechos a los residentes, sigue la precarización de las trabajadoras y se mantienen las visitas limitadas", argumenta. No solo no se ha abierto una investigación garantista, sino que "no hay rastro de aprendizaje alguno". Las administraciones, asegura López, no han tomado nota.
Al contrario. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, llegó a afirmar el pasado mes de octubre que las familias de los mayores fallecidos en las residencias durante la primera ola de la pandemia "ya lo han superado". Y entretanto, la propia presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, insiste en negar la evidencia y rechazar la existencia de los protocolos que marcaron su gestión de la pandemia. "Es un gobierno desalmado, no le preocupa la vida de la gente", lamenta Cordón. "Se sigue negando por parte de Ayuso y del PP, pero además se atreven a hablar en nombre de las víctimas".
Cordón no titubea al afirmar que tolerar lo sucedido, sin exigir explicación alguna, es señal de una "degradación que ya está teniendo consecuencias en el día a día: el Gobierno que hizo aquello se siente impune". Y las secuelas son globales, no solo en la red de residencias, sino en aspectos clave como la gestión de la sanidad. "Toda la política sanitaria de la Comunidad de Madrid se ha radicalizado tras la pandemia", afirma Cordón, a través de "privatizaciones y recortes". Con ello, exclama, "se abre la veda para negar a todo el mundo el derecho a una sanidad de calidad".
Miguel Vázquez preside la organización Pladigmare y recuerda que todavía son muchas las preguntas que siguen abiertas. "Por qué no se investigan los motivos por los que no agotaron todas las posibilidades de atender a los residentes", plantea, o por qué se dictaron "protocolos de no derivación". Por qué el personal sociosanitario "no atendió a los residentes en los centros y al mismo tiempo no derivó a los hospitales" a los ancianos enfermos. O por qué el Tribunal Constitucional considera que "la pandemia no ha sido suficiente motivo para justificar el estado de alarma, pero para juzgados ordinarios sí lo es para haber trazado protocolos que ocasionaron miles de muertes". "Queremos explicaciones", resume, a través de una investigación exhaustiva que cuente con el testimonio de los familiares.
Vázquez sí concede la existencia de tibios avances en este tiempo, pero siempre con matices. Se refiere al nuevo modelo residencial trazado por el Gobierno, con tímidas mejoras que son, a juicio de los familiares, insuficientes.
¿Han flaqueado las fuerzas en estos mil días? Cordón lamenta que no haya "una reacción de la mayoría de la sociedad madrileña", si bien el motor de cambio que se fraguó entre los familiares, trabajadores y asociaciones sigue intacto. "La voz de los mayores somos los hijos, los nietos y las mismas trabajadoras", subraya López. Para Vázquez, los familiares directamente afectados "están dispuestos a llegar a donde haga falta". Y al resto, remata, le corresponde insistir "en que se investigue y se haga justicia".
