El TC aplaza hasta el lunes el Pleno para decidir sobre el recurso del PP contra la reforma del Gobierno
El Tribunal Constitucional no decidirá finalmente este jueves sobre el recurso con el que el PP busca paralizar la tramitación de los cambios normativos que permitirían desbloquear la renovación del órgano de garantías. Ante la complejidad del caso, el volumen de documentación aportada, los escritos de última hora presentados por otras formaciones y la "relevancia de la decisión", los magistrados del sector progresista solicitaron al presidente, Pedro González Trevijano, un aplazamiento del crucial Pleno para poder estudiar bien el asunto. Algo que, al final, se ha acordado. Tras varias horas de tensión, el cónclave ha quedado finalmente aplazado hasta primera hora el próximo lunes, lo que implica que el Congreso de los Diputados podrá finalmente dar luz verde a la reforma, si bien todavía deberá pasar por el Senado antes de su aprobación definitiva.
En el epicentro del debate jurídico se encontraban los cambios normativos que los dos socios del Gobierno han impulsado en forma de enmiendas a la reforma del Código Penal para desbloquear la renovación del propio Tribunal Constitucional, que el bloque conservador lleva meses dilatando. En concreto, PSOE y Unidas Podemos incorporaron a las proposición de Ley dos modificaciones. La primera, para retocar la Ley Orgánica del Poder Judicial de forma que se rebaje de tres quintos a mayoría simple la barrera necesaria para que el órgano de gobierno de los jueces pueda nombrar a los dos magistrados del tribunal de garantías que le corresponden. La segunda, para modificar la Ley del Constitucional para permitir que Gobierno o CGPJ puedan renovar en solitario cuando alguna de las dos partes no realice su propuesta.
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El PP decidió el miércoles interponer un recurso de amparo ante el TC dirigido, en concreto, contra el acuerdo de la Mesa de la Comisión de Justicia por el que se admitieron las enmiendas y contra el acuerdo del presidente de ese mismo órgano de no convocar a la Mesa de esa comisión para resolver la reconsideración que pidieron los conservadores sobre la admisión a trámite de esas enmiendas. En base a esto, la formación que dirige Alberto Núñez Feijóo solicitó como medida cautelarísima la suspensión de la admisión de esas modificaciones a reforma del Código Penal, a pesar de que la iniciativa legislativa se encuentra en estos momentos tramitándose todavía en las Cortes Generales.
El asunto, según señalan fuentes jurídicas consultadas, debería haber caído en la Sala Segunda del Constitucional, compuesta por tres magistrados del denominado sector conservador y tres del progresista, si bien el presidente de la misma, que cuenta con voto de calidad en caso de empate, pertenece a este segundo grupo. Pero el presidente, Pedro González-Trevijano, tras consultarlo con el vicepresidente, terminó proponiendo la avocación por el Pleno "en una convocatoria extraordinaria y urgente". El inicio del cónclave, que se fijó para primera hora de la mañana, terminó retrasándose tres horas. Al fin y al cabo, los magistrados se enfrentaban a un asunto sin precedentes. Y los informes emitidos por los letrados del Constitucional no eran coincidentes en relación a las cautelarísimas solicitadas.
En las últimas horas, además, habían llegado al TC más escritos vinculados al caso. Por un lado, un recurso de Vox uniéndose al PP para la suspensión cautelar de la reforma. Por otro, dos escritos de PSOE y Unidas Podemos solicitando que no se admitan las cautelarísimas puesto que eso impediría "que el conjunto de diputados y diputadas ejerzan legítimamente sus funciones parlamentarias" y, por tanto, se "vulneraría" indirectamente "el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes". El grupo confederal, además, pidió la abstención o recusación en el asunto de Trevijano y del magistrado Antonio Narváez al considerar que tenían "interés directo o indirecto en el pleito o causa". Al fin y al cabo, ambos corresponden al cupo de togados con mandato caducado cuya renovación corresponde al Gobierno.
