Quién mueve los hilos en el motín del TC: un presidente de mandato agotado y un magistrado de pasado oscuro

Pedro González Trevijano, cuya permanencia como presidente del Constitucional (TC) depende de que se mantenga el bloqueo a la renovación del tribunal de garantías, dio el miércoles uno de los pasos más relevantes de su mandato, caducado desde junio: la convocatoria urgente de un pleno que este jueves amenazaba con asestar un demoledor golpe al Congreso impidiendo la votación de la reforma legal sobre la elección de los miembros del TC.

Al final el motín ha quedado, como mínimo, aplazado al lunes tras suspenderse sobre la marcha el pleno a petición de la minoría progresista. Pero tanto si los conservadores persisten ese día en su plan y vetan que la reforma prosiga tramitándose en el Senado como si dan marcha atrás, lo sucedido ha destapado algo hasta ahora muy en segundo plano: que quienes en esta revuelta jurídica han movido los hilos de un TC cuyo bloqueo opera como seguro a todo riesgo para que los conservadores mantengan la mayoría son dos viejos aliados, Pedro González Trevijano y Enrique Arnaldo. Arnaldo ascendió hace un año al tribunal a propuesta también del PP pese a que su trayectoria aparece cargada de episodios oscuros y llena de baches.

La coartada de Trevijano sobre la comida con Arnaldo y Jaume Matas

Por ejemplo, estuvo imputado en el caso Matas cuando se descubrió que el Gobierno balear contrató a la empresa privada de Arnaldo –Estudios Jurídicos y Procesales– y que esa misma firma pagó luego a Matas 60.000 euros en tres plazos una vez abandonó la presidencia del archipiélago. En el momento de la imputación judicial de Arnaldo -2010- González Trevijano era rector de la universidad pública Juan Carlos I. El 8 de abril de aquel año escribió y firmó una carta en la que indirectamente justificaba los pagos a Matas e insuflaba así aire a Arnaldo, cuya imputación terminó levantando el juez del caso Palma Arena, José Castro. Los tres –Trevijano, Arnaldo y Matas– habían participado en un almuerzo, decía la misiva que terminó incorporada a aquel sumario. "Recuerdo asimismo –escribió el ahora presidente del TC con Arnaldo como destinatario del texto– que comentasteis que él [Matas] se iba a vincular a tu despacho profesionalmente y que, en particular, iba a servir de puente para informar y valorar los proyectos de consultoría legislativa para la modernización de los Estados iberoamericanos que se ponen en marcha or el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial".

Doce años más tarde, ha sido bajo el mandato de Trevijano cuando por turno de reparto ha correspondido a Arnaldo el papel de ponente en relación al recurso del PP contra la reforma de los mecanismos de elección de magistrados del TC. Pero en cualquier caso son hechos tangibles los que conforman el nexo entre González Trevijano y el magistrado que actuará como ponente. Y esos hechos atestiguan una larguísima relación entre dos juristas de acentuado sesgo derechista favorable al PP y que ya proyectaron la imagen de dúo nada más desembarcar Arnaldo en el TC en noviembre de 2021.

Férreo opositor de la ley de plazos sobre el aborto –llegó a comparar en un artículo aquella “ocurrencia del momento” con los decretos autoritarios de los antiguos zares rusos-, nada más desembarcar en el TC en noviembre de 2021 Arnaldo fue ya ponente de un recurso: justamente el formulado por el PP contra la norma legal de interrupción voluntaria del embarazo.

La "ciencia conservadora" y los favores a Ignacio González

Colaborador habitual de FAES durante años como acreditan distintas memorias anuales de la fundación y magistrado del TC desde 2013 a propuesta del Gobierno de Mariano Rajoy, la deriva hacia el estribor político del ahora presidente del TC quedó reafirmada en la entrevista que concedió a El País en septiembre: “Los juristas -dijo en una inesperada respuesta- somos casi todos gente conservadora, porque el Derecho es una ciencia conservadora”.

Pero sin duda es Enrique Arnaldo, vocal del CGPJ a propuesta del PP durante el primer Gobierno de Aznar, quien ofrece más signos visibles de una trayectoria estrechamente vinculada al partido de Feijóo y en la que se alzan como hitos dos figuras marcadas por la corrupción: el ya mencionado Jaume Matas y el expresidente madrileño Ignacio González.

Que el historial de Arnaldo está trufado de situaciones sorprendentes en un juez del tribunal de garantías constituye una realidad a prueba de desmentidos. El jurista, que compaginó su cargo como letrado del Congreso -o sea, funcionario- con la administración de Estudios Jurídicos y Procesales, ocultó al Congreso la fecha real de su cese: noviembre de 2020. Entre 2003 y 2008, esa sociedad había facturado un millón de euros a administraciones públicas regidas por el PP. Lo demuestran los documentos remitidos por la Agencia Tributaria (AEAT) al juzgado del caso Palma Arena. La normativa sobre incompatibilidades prohíbe que un funcionario ostente cargos en empresas con contratos públicos. Pero, según Arnaldo, tal veto no le afectaba por cuanto los suyos no eran contratos de servicios sino de asistencia jurídica. Y a tenor de lo que hace un año y a preguntas de infoLibre trasladó por escrito a este periódico, a esos servicios no les afecta la prohibición legal.

Profesor en un centro universitario privado propiedad del Gobierno de Madrid, el Cardenal Cisneros, y de otra universidad pública -la Rey Juan Carlos- durante el rectorado de Pedro González Trevijano, Arnaldo dio servicios jurídicos al Banco Santander mientras trabajaba en la Cámara Baja. Solo entre 2003 y 2008, la empresa del hoy magistrado del TC facturó a la entidad financiera 400.000 euros.

En noviembre de 2016 y como actividad extralaboral, Arnaldo ejerció de consejero oficioso y prestatario de favores para el expresidente madrileño Ignacio González en vísperas de su arresto por supuesta corrupción y cuando ya se sabía que un juzgado le investigaba por su ático de lujo en Estepona. Arnaldo anunció al expresidente de Madrid que se estaba "moviendo" para que el nuevo jefe de la Fiscalía fuera "bueno". Y le contó algo más: que el cambio en la Audiencia Nacional y Anticorrupción sería "más sencillo". A los tres meses, fue ascendido Manuel Moix al cargo de fiscal jefe de Anticorrupción aunque su estancia fue efímera: en junio de 2017 tuvo que renunciar una vez desveló infoLibre su participación oculta en una empresa panameña.

El caso Palma Arena no fue el único tropiezo judicial para Arnaldo. Años después, presidió durante una etapa el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). Allí, y así lo dictaminó la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional en diciembre de 2020, Arnaldo burló –ese es el verbo que utiliza la sentencia– un principio básico: que quien instruye un expediente disciplinario no puede ser quien resuelva si debe o no imponerse castigo al expedientado.