La izquierda ve a Tejero entrando de nuevo en el Congreso: "Los golpes de Estado ya no se dan con pistolas"

El 23 de febrero de 1981 el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero entró a punta de pistola en el Congreso al grito de "¡Quieto todo el mundo!". ¿Su objetivo? Paralizar la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo (UCD) e instaurar una dictadura militar. Cuarenta años después de ese intento de golpe de Estado, el portavoz socialista Felipe Sicilia lo ha recordado desde la tribuna del Congreso para compararlo con lo ocurrido este jueves ante la inédita posibilidad de que el Tribunal Constitucional paralizara la tramitación de una ley antes de su aprobación.

"Hace 41 años la derecha quiso parar un Pleno del Congreso y parar también la democracia, y lo hizo con tricornios. Hoy, señorías, la derecha ha vuelto a querer parar…", ha afirmado Sicilia, que no ha podido continuar con su alegato ante la protesta de la bancada del Partido Popular. "Debe de ser que Tejero era de izquierdas", ha ironizado Sicilia. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha acusado al diputado del PSOE de "querer reescribir" la historia de España y ha recordado que en el 23F gobernaba el "centro derecha".

El Pleno del Congreso se ha convertido en un auténtico choque de poderes y con la duda, todavía no despejada, de si el judicial se entrometerá en el legislativo y dará el visto bueno al recurso de amparo presentado por el Partido Popular para paralizar su tramitación en el Senado. Una ley que, además, afecta al propio Constitucional ya que rebaja la mayoría necesaria en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para elegir a los miembros que le corresponden al alto tribunal y que también conlleva cambios como las reformas de la malversación y la sedición.

A juicio de Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, lo ocurrido este jueves en el Congreso es "la amenaza más grave a la democracia" desde el 23F. Asens ha calificado de "injerencia" el intento del Constitucional de "arrogarse la función de decidir sobre lo que puede o no puede hacer el poder legislativo": "Es una amenaza grave a la democracia, seguramente la más grave desde el 23F", ha asegurado. El portavoz de los comunes ha intervenido horas más tarde en la tribuna de la Cámara Baja y se ha reafirmado en esta idea, acusando al PP de intentar "perforar la democracia con un golpe silencioso".

"Hoy ha sobrevolado por el Congreso el espíritu de Tejero, pero vestido de negro en lugar de verde", coincidía el diputado de Compromís, Joan Baldoví. Desde los pasillos de la Cámara Baja ha asegurado que este 15 de diciembre ha sido “uno de los días más complicados" que ha vivido la democracia española desde el 23F. El valenciano ha reconocido que en las últimas horas ha estado "inquieto" ante la posibilidad de que el TC impidiera la votación. "El Constitucional puede decir a los legisladores lo que pueden discutir o votar".

Un argumento compartido por el diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu: "Hoy se ha producido el hecho más grave en términos democráticos después del 23F. Sean conscientes que hoy en día los golpes de Estado de nueva generación no se dan con armas, sino en base al lawfare y a tribunales controlados políticamente. Ya el 23F quedó un poco friki", ha afirmado desde el hemiciclo. En esta línea el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, también ha asegurado que los golpes de Estado "ya no se dan con pistolas": "Hablo con miedo de que entre Tejero con toga".

Paralelismos con el 1 de octubre en Cataluña

El portavoz republicano, sin embargo, no comparte el punto de vista de Iñarritu, Asens o Baldoví y no considera que lo ocurrido este jueves sea la amenaza más grave a la democracia desde el 23F: "Aquellos que dicen eso son progresistas españoles que se pusieron de perfil cuando eso sucedió en Cataluña. La diferencia es que Carme Forcadell entró en la cárcel y Meritxell Batet no entrará", ha argumentado desde los pasillos de la Cámara Baja.

Los paralelismos con el 1 de octubre de 2017 han sido frecuentes por parte de los diputados catalanes. "Esto es lo que nos pasó en el Parlament. Es muy grave. Va a ser un día muy largo", confesó Mireia Vehí, parlamentaria de la CUP, a primera hora de la mañana. Para Ferran Bel (PDeCAT), "sería un escándalo que el Tribunal Constitucional nos pueda decir qué votar o no". "Eso ya en Cataluña pasó, los parlamentos son soberanos y que después el TC decida si es Constitucional es razonable. Pero que nos digan con carácter previo qué podemos votar en esta Cámara, donde está la soberanía popular, me parecería una situación sin precedentes, gravísima".

Para el portavoz del PNV, Aitor Esteban, el intento del Constitucional de parar la votación es "grave", pero no es un golpe de Estado. "La palabrita golpe de Estado empieza a hartarme por la facilidad con la que se usa", ha afirmado ante las preguntas de los periodistas. "El 23F fue el 23F y eso no tiene comparación alguna. Desde luego que el PP le ha hecho flaco servicio al funcionamiento de las instituciones presentando ese recurso, porque es un recurso extremadamente inhabitual. Esto funciona en base a mandatos políticos dentro de los órganos constitucionales".

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Es más, Esteban ha sacado a colación el caso de Alberto Rodríguez, el parlamentario de Unidas Podemos que perdió su acta de diputado después de que TC lo condenara por un delito de atentado contra un agente de la autoridad. El canario acató la sentencia, pero en enero de 2022 presentó un recurso de amparo ante el citado tribunal contra la privación de su escaño. "Hay cuestiones que influyen en esta Cámara que son muy importantes, como el derecho de un parlamentario a tener representación, eso podría alterar la representación de la Cámara. Hay un parlamentario de Podemos que ha presentado recurso y todavía no han resuelto. ¿Y esto qué? A toda velocidad", ha argumentado el diputado vasco.

El Constitucional aplaza su decisión al próximo lunes

El Constitucional aplazó, finalmente, su decisión ante la complejidad del caso, el volumen de documentación aportada, los escritos de última hora presentados por otras formaciones y la "relevancia de la decisión", los magistrados del sector progresista solicitaron al presidente, Pedro González Trevijano, un aplazamiento del crucial Pleno para poder estudiar bien el asunto.

Tras varias horas de tensión, el cónclave quedó finalmente aplazado hasta primera hora el próximo lunes, lo que implica que esta decisión se producirá antes de que la norma sea aprobada de manera definitiva en el Senado. Entre los diputados, existe el temor a que el alto tribunal paralice la norma o, al menos, las dos enmiendas que afectan al Poder Judicial antes de que termine su tramitación.