La mayoría conservadora del TC mantiene paralizada la reforma e impide que se vote en el Senado
El Tribunal Constitucional mantiene la paralización de la reforma impulsada por el Ejecutivo para propiciar el desbloqueo de la corte de garantías de nuevo con el voto de los seis magistrados conservadores frente a los cinco progresistas, según confirman a infoLibre fuentes jurídicas. El máximo intérprete de la Ley Fundamental mantiene así las cautelarísimas dictadas el lunes a pesar de la petición tanto del Senado de levantarlas y del escrito registrado por la propia Fiscalía, que consideraba que la decisión adoptada a comienzos de semana era prematura y podía sentar un precedente peligroso.
El Pleno del Constitucional tenía este martes sobre la mesa un escrito de la Cámara Alta en el que se pedía levantar la suspensión cautelarísima dictada respecto de las enmiendas introducidas por los socios de Gobierno en la reforma del Código Penal para desbloquear la renovación del propio TC. En sus alegaciones, el Senado sostenía que la suspensión ocasionaba "una perturbación de la máxima gravedad a un interés constitucionalmente protegido", como es el consistente en que el poder legislativo "pueda ejercer con plenitud las funciones que tiene constitucionalmente atribuidas, sin interferencias indebidas". Y, además, una "perturbación particularmente grave" en los derechos fundamentales de senadores y diputados.
La Cámara Alta, además, resaltaba la falta de precedentes en un asunto de estas características. "En este sentido, la suspensión decidida por el Tribunal Constitucional debe entenderse como una actuación desproporcionada en relación con el fin perseguido", recogía el escrito. Además, apuntaba que la decisión de aceptar las cautelarísimas implicaba "anticipar la decisión" sobre el fondo del recurso de amparo del PP, lo que entraría en "abierta contradicción" con la doctrina aplicada por la corte de garantías "al resolver sobre incidentes de suspensión". Esto es algo que también avisó el letrado mayor del propio Constitucional en un informe elaborado antes de la celebración del histórico Pleno: "Es reiterada doctrina constitucional que no procede conceder la suspensión cautelar de la ejecución del acto o resolución impugnados, si con ello se puede prejuzgar o anticipar el amparo que se solicita".
Por último, la Cámara Alta advertía sobre las consecuencias a futuro de la decisión adoptada por la mayoría conservadora del tribunal de garantías: "Constituye un precedente de impredecibles consecuencias. La posibilidad de que se pueda utilizar el recurso de amparo como medio para perturbar el ejercicio de la función legislativa de las Cortes Generales –como en su día ocurrió con el recurso previo de inconstitucionalidad de las leyes– debería valorarse como un motivo más para levantar de forma inmediata la suspensión acordada". Por todo ello, solicitaba a los magistrados que levantasen las cautelarísimas dictadas hace apenas cuarenta y ocho horas. Y que esa decisión se tomase antes del jueves, que es cuando la Cámara Alta tiene previsto dar luz verde a la reforma del Código Penal que contenía todas aquellas enmiendas paralizadas.
Además de este escrito, los magistrados también tuvieron sobre la mesa un informe de la Fiscalía. En él, el Ministerio Público resaltaba que la queja del Senado estaba "bien fundada" y que la decisión de la corte de garantías se había adoptado "con premura". Además, alertaba, según fuentes fiscales, del "peligro" de que esta actuación establezca un precedente. Y lamentaba no disponer aún del auto completo con los argumentos jurídicos –lo único que proporcionó el lunes fue la parte dispositiva, las decisiones adoptadas–, lo que limita "las posibilidades de alegación y argumentación" del Ministerio Público.
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"Dichas circunstancias impiden, en consecuencia, que esta Fiscalía pueda desplegar, con ocasión del traslado urgente que ahora se le confiere, una argumentación propia y suficientemente razonada respecto de su propia posición relativa a la medida cautelarísima de referencia y, en su caso, respecto del mantenimiento de dicha medida en los términos que se mencionan en la parte dispositiva del citado auto", recoge el escrito del Ministerio Público.
La Fiscalía del Constitucional, además, interesaba en su escrito que se abriese incidente de recusación contra el presidente del tribunal de garantías, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez, cuya continuidad en el órgano depende justamente de que salga o no adelante la reforma impulsada –arrastran seis meses con el mandato caducado–. Y que se hiciera "con carácter previo" a la resolución sobre la pretensión de la Cámara Alta y cualquier otro trámite subsiguiente del procedimiento. Algo en lo que también ha pedido Unidas Podemos antes del comienzo del Pleno. Ninguno de los dos magistrados decidieron el pasado lunes abstenerse, por lo que avalaron con sus propios votos tanto la admisión a trámite del recurso del PP como la adopción de medidas cautelarísimas.
En este sentido, el Ministerio Público resalta que la vinculación directa de Trevijano y Narváez "con el objeto de tramitación parlamentaria sobre la que se proyecta el recurso de amparo" es "incuestionable". "Resulta objetivamente incuestionable la incidencia automática de dicha norma en la situación personal/profesional de ambos, en caso de que llegara a aprobarse, lo que resultaría obviamente impedido de mantenerse la medida cautelar adoptada", resalta la Fiscalía.
