Dudosa eficacia y difícil vigilancia: desde CCOO hasta Bruselas, todos recelan de las bajadas del IVA

A partir del 1 de enero el pan, la leche, los huevos se comprarán sin IVA, lo que supondrá un ahorro de unos 3,85 euros por cada 100 gastados en estos alimentos de primera necesidad. Son los cálculos que ha hecho el sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha). Con la bajada del IVA del 10% al 5% en el aceite y la pasta, los ciudadanos se ahorrarán 1,36 euros por cada 25 gastados en ambos productos. Sin duda, un alivio para muchos bolsillos, cuando la inflación, pese a moderarse en los últimos meses, aún más que triplica el 2% que los economistas consideran como límite virtuoso. Pero también una medida de cuya eficacia dudan casi todos.

El mismo Gestha advierte de que la rebaja temporal del IVA en los alimentos de primera necesidad no sirve para abordar las causas del alza de los precios, precisamente el mal que se quiere combatir. La inflación general se ha reducido en cuatro puntos porcentuales desde que en julio escalara a su máximo del año, el 10,8%. Pero los alimentos han seguido su propio rumbo y en noviembre alcanzaron el 15,3%, el índice más alto desde los años 80.

Ya lo dejó claro el comisario de Economía de la UE, Paolo Gentiloni, en abril, al principio de la crisis energética y de precios: “Las bajadas del IVA tienen un mal historial” en lo que a trasladarse a bajadas de precios a los consumidores se refiere. Entonces Gentiloni aludía a la reducción del IVA de la factura eléctrica que preparaban algunos gobiernos europeos. Pero en septiembre, cuando se le preguntó en el Parlamento Europeo por las rebajas del IVA a los alimentos, el comisario italiano reiteró su desconfianza. “Muchas veces es más útil apoyar a las familias y las empresas que bajar impuestos”, aseguró.

Gentiloni no hacía más que repetir los argumentos que han esgrimido otros expertos e instituciones: para mitigar el impacto de la inflación en los ciudadanos con menores rentas, es más eficaz conceder ayudas directas o rebajas en el IRPF que aplicar reducciones generalizadas de impuestos.

Desde otra óptica, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, recela ante la “muy alta” posibilidad de que, en ausencia de un “control efectivo” de precios, la rebaja del IVA “sirva para mejorar los márgenes empresariales” en lugar de bajar el gasto en el supermercado. El Gobierno se ha apresurado a subrayar que “vigilará” que la reducción del impuesto “se refleje en la factura de la compra” y si, en cambio, las empresas de distribución la utilizan para elevar sus márgenes, “habrá sanciones”. Las ministras de Economía, Hacienda e Industria y el titular de Agricultura lo han repetido este miércoles.

España es el país de la UE donde una mayor parte de la base imponible del IVA tributa a tipo reducido o superreducido, un total de 33 categorías de productos. Sólo Italia la supera, con 35. Además, cuando se le pone en relación con la renta de los hogares, el IVA es un impuesto regresivo. El gasto en alimentación supone el 10% del gasto total de los hogares con más renta, pero se eleva hasta el 27% en los hogares con menos ingresos. Son cifras del Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria que este mismo año elaboró una comisión de expertos reunidos por el Ministerio de Hacienda.

Según explican los autores, el IVA aumenta en más de 3% la desigualdad en la distribución de la renta bruta. Aunque ciertamente los tipos reducidos hacen que el impuesto sea menos regresivo: rebajan en casi un tercio el efecto redistributivo negativo del IVA. Estos –el general es el 21%, el reducido el 10% y el superreducido el 4%– abaratan el precio de determinados productos para los ciudadanos con menos renta, pero también para los demás, que en realidad obtienen un beneficio mayor. De hecho, el 55% del beneficio fiscal proporcionado por los tipos reducidos del IVA se concentra en el 40% de los hogares más ricos, resalta el Libro Blanco. Por ese motivo, la comisión de expertos prefiere las prestaciones directas a las personas con menos recursos o deducciones en el IRPF antes que rebajas de tipos en este impuesto al consumo.

Selectivas, temporales, sólo para vulnerables

Es la tesis defendida por el Banco de España. Las medidas fiscales, dice, deben ser siempre temporales –la bajada del IVA a los alimentos básicos se extiende hasta el 30 de junio de 2023– y “muy focalizadas” en los hogares, empresas y sectores más afectados por la crisis. El supervisor rechaza las bajadas universales de impuestos, porque reducen la recaudación y, por tanto, pueden aumentar el déficit público. También teme los efectos de segunda ronda, que la bajada de impuestos aliente el consumo y dé al traste con el necesario ahorro energético. Por ejemplo, el Banco de España fue muy crítico con el descuento de 20 céntimos en los carburantes para todos los consumidores. Una medida que consideraba “regresiva” porque favorece más a las rentas más altas, que son quienes más combustible compran.

A su juicio, es preferible una rebaja “selectiva” para no fomentar “un exceso de demanda que agrave los cuellos de botella y realimente el proceso inflacionista”. La prórroga de la bonificación de los 20 céntimos la ha limitado ahora el Gobierno a los profesionales del transporte, así como a los sectores agrícola y pesquero. El ahorro es manifiesto. El coste del descuento universal en la gasolina y el diésel ascendía a 4.000 millones de euros. El de la ayuda para los transportistas será de sólo 107 millones; para los agricultores, de 240 millones, y para los pescadores, de 120 millones.

En la misma línea argumental se sitúa también la Fundación de Estudios de la Economía Aplicada (Fedea), cuyo director, Ángel de la Fuente, rechaza las rebajas fiscales “universales” en la factura energética, por su elevado coste y porque incentivan el consumo “mediante una reducción artificial de los precios que no resuelve el problema subyacente”. Lo mismo sirve para el transporte público gratuito y los descuentos en los carburantes. Según sus cálculos, en 2021eran casi nueve millones los hogares españoles con ingresos netos por debajo de 2.000 euros al mes, que gastaron en comida y energía unos 55.000 millones de euros. Las rebajas de impuestos a la electricidad y los descuentos a los carburantes equivalen a un recorte en la recaudación de 17.000 millones en 2022. Es decir, con ese dinero se podrían haber dado cheques a esas familias por importe de unos 1.889 euros, el 31% de su gasto medio en alimentos y energía, asegura De la Fuente.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha rechazado que el paquete de medidas recién aprobado por el Gobierno sea una “bajada generalizada de impuestos”. El ministro de Agricultura, Luis Planas, precisa que se ha dejado fuera de la cesta sin IVA a la carne y el pescado porque el Ejecutivo se ha centrado en los productos en los que las familias tienen “un mayor volumen e importe de gasto”. El propio decreto del Gobierno recuerda en su preámbulo que la harina, la mantequilla o el azúcar han subido un 40% comparado con 2021. E incluye en los alimentos que no tendrán IVA los próximos seis meses a las frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales que tengan la condición de “productos naturales”. Todos recuperarán el tipo superreducido del 4% si en marzo la inflación subyacente –la que excluye los alimentos y la energía– queda por debajo del 5,5%. Ahora se sitúa en el 6,3%.

La dificultad de vigilar los precios

El decreto también prohíbe a las empresas dedicar “total o parcialmente” la reducción del IVA a aumentar su margen de beneficio. Y para comprobar que lo cumplen establece un “sistema de seguimiento de la evolución de los precios”, además de las actuaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La ministra de Industria y Comercio, Reyes Maroto, ha anunciado que el Gobierno creará un observatorio de precios. “Estamos trabajando con la distribución, que son aliados, y los primeros que quieren que la cesta de la compra se abarate para que todo el mundo pueda dedicar esa parte de la renta a otros bienes”, explicó la ministra en TVE. Ni ERC, socio parlamentario del Gobierno, ni Unidas Podemos, confían tanto en las grandes empresas de la distribución, por lo que reclaman que se las grave con un impuesto específico.

La inflación se modera al 6,8% en noviembre pero los alimentos disparan su precio un 15,3%

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La CNMC también tenía el encargo de vigilar que las grandes petroleras aplicaban el descuento de 20 céntimos a los clientes de las gasolineras. En junio, su presidenta, Cani Fernández, aseguró que sólo había detectado “anomalías” en un centenar de estaciones de servicio, de un total de 12.000 existentes en España. En concreto, habían aumentado sus márgenes en 10 céntimos. Y sólo dos, más de 20 céntimos. También explicó que la CNMC había creado una herramienta digital, “un indicador de alta frecuencia” para analizar los márgenes de las empresas y los precios de compra y venta.

Este mismo mes, además, la CNMC ha hecho públicas las inspecciones que había llevado a cabo en Repsol, Cepsa y BP, las tres mayores petroleras, por supuestas prácticas anticompetitivas aprovechando los descuentos en los combustibles. La investigación se abrió a raíz de una denuncia presentada por las más pequeñas empresas del sector. Estas gasolineras aducen que las grandes están aplicando rebajas muy agresivas que las están expulsando del mercado.

Sin embargo, los precios que a partir de ahora debe vigilar la CNMC pertenecen a un mercado que, a diferencia de la energía, no está regulado: la distribución de alimentos. La comisión sí que sanciona ya por incumplimiento de las medidas de protección al consumidor a las eléctricas y gasistas. Pero en un pequeño análisis sobre el papel de la CNMC en la vigilancia de estos descuentos, otro investigador de Fedea, Diego Rodríguez, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, muestra sus dudas sobre la capacidad del organismo para abrir expedientes sancionadores “por una estrategia de precios en actividades cuyos precios o ingresos no están fijados administrativamente”. Y destaca que la CNMC ha sido “siempre muy cautelosa para preservar el principio de libertad de las empresas en la fijación de precios”.