El Consejo de Estado, en el centro de la batalla del agua: un expediente de 5.000 folios con final el 19 de enero

La guerra del agua tiene ahora un principal campo de batalla: el Consejo de Estado. El órgano consultivo, presidido por Magdalena Valerio, estudia ahora mismo el proyecto de decreto del Gobierno que ha tensionado las relaciones entre comunidades y partidos por el trasvase Tajo-Segura.

Según fuentes del Consejo de Estado, está previsto que el dictamen final se emita el próximo 19 de enero por parte de la Comisión Permanente. El Gobierno le ha dado como fecha tope el día 20, por lo que se prevé que sea en la reunión del día anterior cuando acabe su trabajo. 

El informe no es vinculante, pero se ha convertido en un objeto de deseo para partidarios y contrarios a ese plan del Tajo, por el que se crea un caudal ecológico y, por tanto, mermaría en el futuro la cantidad que se pueda trasvasar a la cuenca del Segura. La Generalitat valenciana, la Junta de Andalucía y la Región de Murcia han anunciado alegaciones para intentar que las consideraciones sean desfavorables, en tanto que Castilla-La Mancha ha enviado al Consejo su escrito apoyando el proyecto enviado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, pilotado por la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera.

El expediente, según las fuentes del Consejo de Estado, sobre el proyecto tiene unos 5.000 folios. Y es que no se trata de un texto legislativo sólo sobre el Tajo-Segura, sino que incluye todos los planes hidrológicos de tercer grado. Por lo que está toda la información recabada sobre ellos, además de las alegaciones registradas en el órgano consultivo.

En manos de la Sección Octava

En estos momentos, el expediente se encuentra en manos de la Sección Octava, presidida por el consejero permanente Enrique Alonso García, ya que es el departamento encargado de los asuntos procedentes de los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Forman parte de ella el letrado mayor José María Jover Gómez-Ferrer y los letrados Noemí Adelaida Gámez Moll y Francisco Fernando Jiménez Colorado.

Lo que tiene que hacer ahora esta Sección Octava es elaborar el dictamen, con sus observaciones y consideraciones sobre el proyecto de ley. Este texto tiene que pasar luego a la Comisión Permanente, donde se tiene que discutir y aprobar. La idea que maneja el Consejo es ver el proyecto de decreto ese día 19 (el 12 no daba tiempo) y también puede a su vez modificar el texto remitido por la sección.

Una vez se decida sobre el texto y se emita un dictamen final, se enviarán las conclusiones al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que puede utilizarlo para cambiar o no el proyecto que se enviará posteriormente para su aprobación por parte del Consejo de Ministros (el Gobierno quiere hacerlo durante este mes de enero).

El informe, no vinculante, será el primer gran foco mediático del Consejo de Estado desde que llegara a su Presidencia Magdalena Valerio. La exministra de Trabajo ocupa ese puesto desde el pasado 10 de noviembre, tras dejar el principal sillón la exvicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega.

Durante su toma de posesión, Valerio puso en valor que se trata de una institución “que goza de autonomía orgánica y funcional, con independencia y objetividad”. “Una de las fortalezas del Consejo de Estado es que está conformado por consejeros y consejeras de distinta procedencia y trayectoria profesional. Su capacidad para aunar criterios teniendo en cuenta los proyectos de dictámenes elaborados por el Cuerpo de Letrados son garantía de ecuanimidad y consiguen con su labor el prestigio de la institución y la auctoritas de su doctrina”, subrayó.

Y ahora ese Consejo tendrá que tomar posición sobre un proyecto de decreto que, según el Gobierno, viene a cumplir con las cinco sentencias del Tribunal Supremo que exigen un caudal ecológico para el Tajo y la planificación atendiendo a la crisis climática. En cambio, la Generalitat Valenciana, en sus alegaciones trabajadas por la Abogacía autonómica, presiona para que el informe sea desfavorable al entender que la actuación del Ministerio de Transición Ecológica “ha vulnerado los principios de seguridad jurídica, lealtad institucional, transparencia y buen gobierno”.