CCOO toma la palabra a CEOE y plantea subir sueldos con los datos de beneficios declarados a Hacienda

Los salarios comienzan 2023 seis puntos por debajo de la inflación: los pactados en convenio subieron el año pasado una media del 2,78%, mientras que el IPC terminó diciembre en el 8,4%. Esa brecha es la que están llamados a cerrar, o al menos reducir, los sindicatos y la patronal cuando se sienten a negociar, de nuevo, el acuerdo salarial para los próximos dos años, el mismo que quedó en suspenso al comienzo del verano, justo cuando la inflación se disparaba hasta el 10,2%. Entonces, el rechazo de la CEOE a incluir cláusulas de revisión salarial que garantizaran que los sueldos suban tanto como lo haga el IPC fue inamovible. En julio, su presidente, Antonio Garamendi, esgrimía los 100.000 millones de euros que las empresas españolas habían perdido entre 2020 y 2021 y los 6.000 millones en el primer trimestre de 2022, según los datos del INE, para oponerse a subir los salarios en esa medida. Por el contrario, recomendaba vincular los sueldos no al IPC, sino a “indicadores económicos cuantificables y medibles”, como la productividad, el empleo, el comportamiento del PIB, la competitividad y los resultados de las empresas.

Así que CCOO ha recogido el guante y, como ha anunciado este jueves su secretario general, Unai Sordo –“Asumimos el reto”–, propone una cláusula que ligue una parte de la subida salarial a la inflación y otra a los beneficios reales de las empresas y los sectores, medidos con un índice que el Gobierno debería elaborar a partir de los datos recopilados por la Agencia Tributaria y la Tesorería de la Seguridad Social. Con las cifras trimestrales de ventas obtenidas de las declaraciones de IVA se puede calcular el beneficio bruto de explotación y los márgenes empresariales sobre ventas, explican. “Son datos objetivables e incontrovertibles”, subrayó Sordo. Y, una vez cruzados con los de salarios que proporcionan los TC2 –alta de afiliación– de la Seguridad Social, esa información referida a todas las empresas con el mismo código de convenio colectivo, permitirían “elaborar indicadores a medida” de cada sector, agrupados por tamaño de empresas y cifra de negocio: productividad, márgenes brutos y netos, solvencia empresarial o ratio de endeudamiento, enumera el sindicato.

Además, asegura CCOO, ese índice sería “relativamente sencillo” y rápido de elaborar teniendo en cuenta las posibilidades que ofrece ya tanto el Big Data como la Inteligencia Artificial. En la tarea tendrían que implicarse tanto los ministerios de Hacienda como los de Seguridad Social y Trabajo. Pese a que Unai Sordo prevé “resistencia a la transparencia económica” por parte de la CEOE, también se mostró seguro de la reanudación de las negociaciones salariales. Aún no hay fechas para nuevas reuniones, pero sí conversaciones. El punto de partida sindical son aumentos salariales del 4% para 2022 y entre el 3,5% y el 2,5% para este año y el próximo, además de cláusulas de revisión que mitiguen la pérdida de poder adquisitivo causada por la inflación.

Los beneficios empresariales crecieron un 42%

Porque, según un informe elaborado por el Gabinete Económico del sindicato, los márgenes empresariales sobre ventas se situaron en el 10,4% en el tercer trimestre de 2022, el punto más alto desde 2014. El estudio utiliza datos de la Agencia Tributaria, recogidos de las declaraciones del IVA de 1,1 millón de empresas. Según los cálculos de CCOO, los beneficios crecieron un 52% en los nueve primeros meses del año pasado respecto de los registrados en el mismo periodo de 2019, un 42% si se descuenta el aumento de los precios. Es decir, destaca el sindicato, las empresas ganaron casi 21.000 millones de euros más que en el año anterior a la pandemia.

Y lo han hecho en todos los sectores de actividad e incluidas las pymes: un 32,7% el comercio minorista, un 29% los hoteles y restaurantes, un 121,7% la construcción, un 14% el transporte. De ahí CCOO deduce que los temidos efectos de segunda ronda, que se reflejan en la elevada inflación subyacente –6,9%, por encima del IPC general, el 5,8%–, son producto del aumento de los márgenes empresariales, no de los salarios.

Por ello, Unai Sordo ha tachado de “irresponsable” a la CEOE por su rechazo al frustrado pacto de rentas, en la intención de que “sean los salarios y los recursos públicos los que pague el pato de la inflación”. En 2022 se han registrado 2.500 convenios menos que en 2019, explicó por su parte la secretaria de Acción Sindical, Mari Cruz Vicente. Mientras en 2007, el 47,37% de los convenios incluían una cláusula de revisión salarial, en 2021 eran sólo el 15,8%. En 2022, con el 60% de los convenios analizados, un total de 172, el 52% contaban con esa garantía; es decir, se producido una cierta recuperación. Y, pese a que la media de mejora salarial no llega al 2,8%, un 26% de los trabajadores consiguieron el año pasado subidas salariales de hasta el 5%. Para este año, hay pendientes de negociación 1.223 convenios.

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Sordo no dudó en considerar “imposible” la firma del pacto de rentas que el Gobierno promovió cuando la inflación empezó a desbocarse, pero que “no ha sido capaz de liderar”, destacó. Al tiempo, apremió al Ejecutivo a fijar la nueva cuantía del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) cuanto antes, al tiempo que advirtió ante la “tentación” de vincular esa subida con la negociación del acuerdo salarial con la CEOE. “Son dos mesas distintas y dos tiempos distintos”, zanjó.

Tampoco es optimista Unai Sordo respecto a la reforma de las pensiones. CEOE se niega a firmar cualquier medida que suponga un aumento de las cotizaciones sociales. Y los sindicatos no quieren ni siquiera negociar la propuesta del Ministerio de Seguridad Social para ampliar a 30 años el periodo de cálculo de la pensión. “No la damos por recibida siquiera”, abundó. Ni está entre las recomendaciones del Pacto Toledo ni reúne consenso político para su aprobación en el Congreso, recordó el responsable sindical: “Sin acuerdo político, no habrá acuerdo social”.

En cambio, sí mostró su apoyo a la propuesta que anunció este lunes el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, de rebajar de 15 a 12 años el periodo cotizado necesario para tener derecho a una pensión contributiva. No está en la mesa de negociación, pero CCOO apoyaría incluso que bastaran 10 años para acceder a la pensión, el plazo fijado en 1985.