Cinco ejemplos de cómo la guerra de Vox contra los derechos de las mujeres cala en las políticas de la derecha
"Un plan de prevención que permita dar a conocer el drama del aborto". Así es como definió el vicepresidente de Castilla y León, Juan García Gallardo, la iniciativa con la que quiere obligar a sanitarios a ofrecer tres opciones a las embarazadas que pretendan interrumpir su embarazo: la posibilidad de escuchar el latido del feto, que los progenitores puedan tener una ecografía en 4D y un apoyo a la atención psicológica. Un anuncio que, horas más tarde, la Consejería de Sanidad —en manos del Partido Popular— matizó al asegurar que el protocolo seguirá igual.
El discurso de la extrema derecha española no se aleja del labrado por sus homólogos europeos. Vox busca, así, emular las "leyes de latido fetal" de la Hungría de Viktor Orban o en EEUU. No es la primera vez que los de Abascal muestran su oposición ferviente a los derechos reproductivos, un discurso que asocian con una defensa a ultranza de la familia desde su concepción más tradicional. De hecho, en octubre de 2021, la formación ya presentó en Región de Murcia una iniciativa similar para cambiar los protocolos de aborto y varios de sus diputados en el Congreso —como Francisco Contreras o Lourdes Monasterio— son partidarios de prohibir directamente el aborto.
Lo que propone el partido ultra va más allá de la defensa de la derogación de la actual ley y quiere "suprimir" el aborto de la sanidad pública junto a las operaciones de "cambio de género". La formación liderada por Santiago Abascal utiliza este tema para diferenciarse del PP y atraer voto ultraconservador, ya que la ley impulsada por Alberto Ruiz-Gallardón y frenada por Mariano Rajoy afloró las dos almas del partido en 2014.
Sin embargo, este no es el único ejemplo de cómo Vox ha conseguido llevar a la política institucional algunas de sus propuestas más reaccionarias contra los derechos de las mujeres. Vox ha tenido entre ceja y ceja las políticas de igualdad y contra la violencia de género desde el minuto uno que llegó a las instituciones. He aquí las otras cuatro victorias de los ultras en comunidades autónomas donde gobierna o condiciona la estabilidad de Ejecutivos del PP:
La ley de violencia intrafamiliar (Castilla y León)
La formación ultra, que equipara la violencia contra las mujeres, estructural y abrumadora, con aquella que sufren los hombres en el entorno familiar, sin una base que revele razones estructurales, exigió una ley de violencia intrafamiliar a cambio de dar sus votos a Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León. Esta ley se encuentra en fase de tramitación y la coalición de PP y Vox confía en aprobarla a lo largo de este 2023.
El teléfono de violencia intrafamiliar (Andalucía)
En este mismo campo también se ha anotado logros en Andalucía. El acuerdo de junio de 2019 con el Ejecutivo de Juanma Moreno Bonilla recogía la supresión de la expresión "transversalidad de género” de los presupuestos y la creación del "teléfono de atención a las víctimas de la violencia intrafamiliar", término que Vox opone a la "violencia de género". Igualdad, entonces en manos de Ciudadanos, habilitó el teléfono "intrafamiliar", pero manteniendo la línea "de género".
Una “auditoría” de los informes de impacto de género (Andalucía)
El feminismo se da la mano (esta vez sí) para celebrar la nueva ley del aborto
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Vox logró un cuestionamiento de las políticas feministas en noviembre de 2020, con un acuerdo con PP y Cs que incluía una “auditoría” de los informes de impacto de género para valorar su coste y si lograban o no sus objetivos. Los dos partidos entonces en el gobierno lo justificaron en que no había nada malo en comprobarlo. Pero la carga profunda del acuerdo, que se alinea con el desprecio de Vox a las políticas con perspectiva de género, quedó al descubierto con la forma del partido de Abascal de venderlo: “Auditar los inútiles informes de impacto de género”.
La autodeterminación de género (Madrid)
Vox también consiguió que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se comprometiera a eliminar el concepto de autodeterminación de género de la Ley de Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid. La baronesa del Partido Popular selló el trato con Rocío Monasterio pero lo hizo sin apuntar plazos, sin propuestas concretas y sin una justificación muy clara que explicara el porqué de la decisión.
Pacto de Estado y declaraciones institucionales contra la violencia machista
Además el partido ultra se ha negado a renovar el pacto de Estado contra la violencia machista, el gran acuerdo parlamentario que se cerró en 2017 y cuya vigencia expiró en 2022. Desde que llegó a las instituciones, Vox se ha negado a participar en las declaraciones y actos institucionales en condena de la violencia machista que se producen después de se produzca un asesinato. Tampoco ha apoyado ninguno de los actos que se realizan el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres que se celebra cada 25 de noviembre.
