Feijóo presume de programa regenerador con propuestas que jamás cumplió cuando pudo en Galicia

El 12 de febrero de 2009, a pocos días del inicio de la campaña electoral que le llevó a su primera mayoría absoluta, Alberto Núñez Feijóo convocó a la prensa para firmar un documento con 14 compromisos que él mismo presentó como su “contrato con Galicia”. Fue un acto deliberadamente solemne en el que se fotografió enmarcado por dos banderas de Galicia y utilizó como telón de fondo la residencia oficial del presidente de la Xunta, entonces ocupada por el socialista Emilio Pérez Touriño.

Algunos de aquellos compromisos se parecen mucho a los que Feijóo acaba de firmar este lunes. También en un acto diseñado a la medida de sus aspiraciones presidenciales —banderas de España y de la UE y la pompa propia de los grandes eventos—, en el Oratorio de San Felipe Neri de Cádiz, el histórico edificio que albergó la firma de la Constitución de 1812. 

El líder del PP prometía en 2009 llevar a cabo una “regeneración democrática” en Galicia y acabar con las “prácticas clientelares”. Anunciaba “austeridad” y reducción de “gastos superfluos” en publicidad, altos cargos, gabinete, asesores, automóviles, obras y dependencias del gobierno. Exactamente igual que ahora. 

Entonces los de Feijóo ya llevaban tiempo avanzando en las encuestas a lomos de la inventada afición al lujo de Touriño, con denuncias públicas que describían reformas opulentas de su despacho y gastos desproporcionados en coches oficiales. Ahora el equipo del presidente del PP busca agitar la misma ola apoyándose en un supuesto gasto excesivo en el Gobierno, en el presunto uso de medios como el Falcon para asuntos de partido y, por supuesto, en lo que el PP llama “el asalto de las instituciones”.

Para dar más empaque a sus propuestas, muchas de las cuales tienen su origen en ideas de Pablo Casado, el líder del PP las ha reunido todas en un documento de 30 páginas en el que hay pocas novedades. Muchas de ellas no pasan de un enunciado voluntarista (“Se homologará verdaderamente la protección de la Constitución y la integridad territorial del Estado a los países de nuestro entorno”, proclama la primera propuesta sin explicar cómo planea el PP hacerla realidad), otras son bien conocidas, como la que plantea reformar el modelo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para privar al Congreso y al Senado de su participación en el proceso y dejar la selección exclusivamente en manos de los jueces o la que propone deshacer la reciente reforma del Código Penal en relación con la sedición y la malversación.

Der todas ellas hay un buen puñado que podría haber implementado y aplicado en Galicia durante los años que gobernó su comunidad natal, pero no lo hizo. Ni limitó por ley el tamaño de los gobiernos, ni la capacidad del Parlamento de enmendar leyes, ni reforzó los informes de organismos consultivos para las propuestas de los partidos, ni fijó la periodicidad de los debates sobre el estado de la autonomía, ni reguló las relaciones con el jefe de la oposición. Tampoco, por supuesto, liberó del control político a la radio y la televisión públicas.

Recortar al legislativo y al ejecutivo

En realidad, buena parte de las ideas que Feijóo se compromete a impulsar, bien mediante un improbable acuerdo con el Gobierno, bien cuando llegue él mismo a la Presidencia si lo consigue en las elecciones de finales de año, tratan de recortar la capacidad de decisión del ejecutivo y de legislativo.

El PP quiere limitar el uso que el Gobierno puede hacer del real decreto ley, una fórmula que Pedro Sánchez ha utilizado con frecuencia durante toda la legislatura y que permite al Ejecutivo, en nombre de la urgencia, que sus medidas entren en vigor sin esperar a un largo trámite en el Congreso. Los reales decretos ley, sin embargo, no escapan al control legislativo: tienen que ser aprobados por la Cámara en las semanas siguientes a su entrada en vigor y, de no conseguir el apoyo de la mayoría, son anulados.

También propone que el presidente esté obligado anualmente a comparecer en un debate sobre el estado de la nación (desde que se utilizó por primera vez, en 1983, esta fórmula es potestativa, depende de la voluntad del Gobierno) y que su Ejecutivo esté también obligado a dar cuenta del grado de cumplimiento de las mociones y proposiciones no de ley (las iniciativas de impulso que aprueba el Congreso y que los ministerios no están obligados a hacer realidad).

Feijóo quiere dar más poder sobre lo que hace el legislativo a los organismos de control como el Consejo de Estado o a los que representan a otros poderes, como el CGPJ. Y quiere crear otros nuevos, como una Oficina de Calidad Legislativa con capacidad no sólo de asesorar a los diputados sino de hacer propuestas. El líder del PP quiere además “informes técnicos” también sobre las leyes que propone la oposición y limitar las enmiendas que se pueden presentar a las leyes.

El documento firmado por Feijóo en Cádiz propone también (y se compromete a hacerlo si llega al Gobierno) reformar la ley electoral para reducir las competencias de los plenos municipales y proclamar automáticamente alcalde al cabeza de la lista más votada, con independencia de que tenga o no mayoría para gobernar. Para facilitarle las cosas en un pleno municipal que no controlará, el PP quiere que ese alcalde no esté obligado a someter al pleno “asuntos de naturaleza gestora”, sin precisar a qué se refiere. 

Contradicción

La propuesta, que contradice la forma en la que el PP ha actuado durante décadas, incluida la que Feijóo impulsaba cuando era presidente en Galicia, recibió este lunes el rechazo unánime de todos los partidos. Incluido el reproche inesperado de la presidenta de Madrid. Isabel Díaz Ayuso, que desdeñó la idea de Feijóo y se mostró más partidaria de un modelo a dos vueltas, consciente de que conseguir una alcaldía no garantiza la gobernabilidad. “Es hablar sobre futuribles que no lo sé”, declaró en una entrevista en Antena 3 en la que recordó que ella misma alcanzó la Presidencia en 2019 sin encabezar la lista más votada, igual que Alfonso Fernández Mañueco o Fernando López Miras ese año y Juanma Moreno en 2018.

“Yo creo que si hay más escaños hacia un lado que hacia el otro que quieren un gobierno u otro... bueno... no lo veo mal”, aseguró respaldando el modelo actual, que exige formar mayorías. “Lo que sí creo que es un sinsentido es lo que está pasando, de manera que minorías son quienes deciden por todos, y, sin embargo, los partidos que han obtenido más votos, que han quedado segundos o terceros o primeros y no han podido hacer gobierno se quedan fuera”, explicó. 

Entre las medidas con las que quiere recortar o limitar las competencias que tiene el Gobierno en la actualidad, el líder del PP citó también una reforma para obligar al presidente a informar al jefe de la oposición tras la celebración de cumbres internacionales en materia de política exterior y defensa o en relación con asuntos como el pacto antiterrorista o el pacto de estado contra la violencia de género.

Feijóo quiere limitar “por ley” el número de ministerios, altos cargos, asesores y miembros de los gabinetes del Gobierno —otra medida que no adoptó cuando gobernaba en Galicia y tuvo oportunidad de hacerla realidad— y recortar el uso de los medios aéreos y terrestres que desde hace décadas utilizan el presidente y los ministros para sus desplazamientos, incluyendo el número de miembros de las comitivas oficiales.

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En vísperas de que España asuma la presidencia de turno de la UE, que coincidirá con la campaña electoral, el PP quiere que el presidente vea limitada su capacidad de viajar al extranjero. Feijóo está pensando en los contactos con la comunidad española en otros países y quiere que no puedan utilizarse medios oficiales para viajar si durante el desplazamiento están previstos eventos de esta naturaleza. Viajar a costa del presupuesto público para reunirse con la colectividad gallega en el exterior es precisamente algo que él mismo hizo de manera habitual como presidente de Galicia durante sus trece años de mandato, aunque sí reguló su prohibición desde el día de convocatoria de los comicios.

Las propuestas del PP pretenden además limitar la capacidad del Gobierno y de las Cámaras a la hora de designar a los responsables de entidades y organismos muy diversos, desde el CNI al INE, pasando por el CIS, el Tribunal Constitucional, el CGPJ, la Fiscalía General o el Consejo de Estado, y homogeneizar “los rangos de retribuciones” de los cargos públicos “con el fin de adaptarlos a su nivel de responsabilidad”.

En relación con RTVE propone,“ en aras de asegurar la independencia y la libertad de expresión”, “respetar el trabajo de sus profesionales” algo que tampoco hizo en los medios públicos de Galicia durante sus cuatro mandatos.