El juez de 'Neurona' sigue alargando el caso a la espera de un informe clave que nadie quiere hacer

El caso Neurona sigue persiguiendo a Podemos. Pero ya no es lo que era. Tras dos años y medio, la macrocausa ha quedado reducida a su mínima expresión. Alrededor de media docena de líneas de investigación se han venido abajo. Y la instrucción de la única que queda en pie, la relativa a los trabajos que realizó la firma Neurona Consulting para el partido durante la campaña electoral de abril de 2019, se cerró en julio. Sin embargo, seis meses después de la conclusión de las pesquisas, la justicia aún no ha decidido si archiva la causa o procesa a los investigados. El juez ha dejado todo en el aire a la espera de una pericial de la que nadie quiere hacerse cargo. Mientras, la etiqueta de "imputado" sigue pesando sobre el partido y algunos de sus dirigentes.

La piedra angular del procedimiento es la denuncia interpuesta hace ya tres años ante la Guardia Civil por quien fuera coordinador del equipo jurídico del partido, José Manuel Calvente, que había sido despedido. El escrito terminó recayendo meses después en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid. En julio de 2020, su titular, Juan José Escalonilla, decidió abrir diligencias previas y escuchar al denunciante, quien basó buena parte de su comparecencia en "indicios" que le habían llegado por parte de terceras personas "confidencialmente". Y unas semanas después citó como investigados al partido y a varios miembros de su cúpula. Sobre la mesa, posibles delitos de malversación o administración desleal.

A raíz de aquella denuncia, el juez ha tirado de varios hilos. Así, investigó los distintos contratos con una consultora portuguesa –ABD Europa– de cara a las generales del 28A, las obras efectuadas en la sede de la formación morada, el uso dado a la llamada caja de solidaridad –una especie de fondo dedicado a fines sociales–, las donaciones al Proyecto Impulsa, el supuesto "acceso no autorizado" al ordenador de una abogada del partido o los supuestos sobresueldos cobrados por dos empleados en forma de complementos. Todas esas líneas se fueron cerrando poco a poco. Sin embargo, quedó con vida la que gira alrededor del contrato de 363.000 euros suscrito con la firma Neurona para los trabajos de la campaña electoral del 28A de la formación política.

Pero esta última investigación también ha ido variando con el paso de los meses. En un primer momento, Escalonilla consideró que existían "indicios racionales" que llevaban a pensar que se trataba de un "contrato simulado", es decir, que la consultora nunca había realizado los servicios para los que había sido contratada. Sin embargo, diferentes trabajadores de la formación morada rechazaron esa consideración en sus testificales, al igual que hicieron algunos de los empleados de Neurona y el propio partido, que puso sobre la mesa del instructor billetes de avión, chats internos o documentación de todo tipo. Al final, tanto la Fiscalía como el instructor consideraron "indiciariamente acreditada" la prestación de buena parte de los servicios contratados.

Al mismo tiempo que se descartó dicha simulación, Escalonilla abrió otro hueco en la investigación encargando un informe pericial sobre el coste de dichos trabajos, una diligencia hacia la que ya había apuntado cuando decretó la primera prórroga de la instrucción. El juez activó la realización de ese informe en noviembre de 2021, alegando que no solo hay delito electoral cuando existe un contrato simulado, sino también cuando se utilizan fondos electorales para pagar un gasto electoral por un precio mayor a su coste. La Fiscalía no lo vio con malos ojos, si bien resaltó que era "posible" que no se pudieran determinar "con fiabilidad" dichos precios. También la Audiencia de Madrid consideró la pericial "necesaria" y ajustada al "objeto de la investigación".

Una diligencia aún sin practicar

El problema es que ya ha pasado más de un año desde que se ordenó la práctica de dicha diligencia. Y esos trabajos todavía no han sido realizados. El juez dio por concluida la investigación el pasado verano. Sin embargo, no ha decidido si da carpetazo al asunto o procesa a los investigados –entre ellos, el propio partido, su fundador Juan Carlos Monedero o el exdirigente morado Juanma del Olmo–. Para el magistrado, dicho informe resulta clave a la hora de tomar la decisión. Para las defensas, sin embargo, se ha convertido en una losa que les impide poner fin al viacrucis. En resumen: si no hay forma de que se haga la pericial, el caso se mantiene en una suerte de limbo y la etiqueta de "investigado" sigue pesando sobre ellos.

Durante estos más de doce meses, todos los intentos del juez por dar con alguien que se haga cargo de la pericial han sido infructuosos. Antes del verano, tocó la puerta de la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM), que agrupa a más de cuatro decenas de colegios profesionales de la región. Pero no hubo suerte. "No hay especialidad y/o subespecialidad dentro de los colegios profesionales que integran esta asociación con conocimientos para emitir el dictamen pericial solicitado", resaltó en una carta remitida al juzgado, en la que explicaba que se habían puesto en contacto tanto con el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación como con el de Ciencia Política, Sociología, Relaciones Internacionales y Administración Pública.

Desde la UICM, no obstante, se le recomendó que contactase con otras organizaciones más relacionadas con el diseño, la organización de eventos o la producción de material audiovisual. Y así lo hizo. Pero, de nuevo, fracasó. La Asociación de Profesionales de Producción Audiovisual (APPA) le trasladó que sus asociados no estaban especializados "en la edición de vídeos, diseños gráficos o cobertura de actos electorales", materiales alrededor de los cuales han girado las pesquisas. Y tampoco la Asociación de Comunicación Política (ACOP) se mostró con capacidad para hacer el peritaje: "No realizamos actividades como edición de vídeo, ni participamos como asociación en campañas electorales".

Tras esta primera tanda de rechazos, apareció la empresa IP Peritos Judiciales. De pronto, una firma parecía dispuesta a hacerse cargo de los trabajos. Sin embargo, todo se vino abajo en cuestión de horas. Primero, el diario Público desveló que uno de los peritos relacionados con esa firma estaba vinculado a una asociación a la que había trabajado para Vox en la elaboración de un informe en el marco del caso Neurona. Tras saltar la noticia, Podemos pidió al juez que rechazase a esta compañía. Y Escalonilla, al final, terminó desechando. Lo hizo al comprobar que aunque eran especialistas en "periciales informáticas" no tenían "experiencia en campañas electorales" ni "conocimientos relativos a consultoría electoral".

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Escalonilla, sin embargo, ha seguido insistiendo. El pasado mes de noviembre, tocó otra media docena de puertas, entre ellas las de MKE, Ideograma, Marketing Político-AV Consultora o la del consultor Aleix Sanmartín. Pero ninguna se ha abierto, tal y como consta en una providencia de comienzos de enero. Un nuevo fracaso que, sin embargo, no le ha llevado a desistir de la elaboración de la prueba. En esa misma resolución, Escalonilla da orden de ponerse en contacto con la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional para que le pasen un listado de "consultoras electorales" que "pudieran estar capacitadas para la realización del informe pericial". Mientras tanto, el caso Neurona se mantiene vivo.

Podemos reclama el carpetazo

Podemos, por su parte, intenta que se dé carpetazo al asunto de una vez por todas. En un escrito remitido este mismo jueves a Escalonilla, la formación morada solicita el archivo de las actuaciones al considerar que no existen indicios de distracción de fondos abonados por la coalición electoral ni tampoco indicio de uso distinto del pago de los servicios. En cuanto a los precios, el partido sostiene que "en nuestro país rige una economía de mercado, de modo que la pericial "únicamente pondrá de manifiesto si el precio abonado es caro, medio o barato", lo que resultaría "completamente intrascendente desde la óptica penal". "Máxime cuando siendo materia tan sensible como la electoral, nada obsta a que se opte pagar un precio que difiera de un teórico o nominal valor medio de mercado", completan.

Junto con el escrito, y a la vista de que no hay manera de que se haga la pericial, el partido ha trasladado al juez un documento en el que hace una comparativa de precios en base a contratos con características similares a los trabajos de Neurona que han licitado las Administraciones Públicas. En concreto, hace la comparativa con media docena de adjudicaciones diferentes, algunas a nivel autonómico y otras a nivel estatal. La conclusión: "El precio medio por minuto de vídeo en los contratos analizados asciende a 9.706 euros por minuto, completamente asimilable al de 8.333 calculado para el contrato de Neurona".