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El Constitucional avala la ley del aborto de Zapatero y rechaza el recurso que interpuso el PP hace doce años

Vista de la fachada del Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional da su respaldo a la Ley del Aborto alumbrada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El Pleno de la corte de garantías, con siete votos a favor y cuatro en contra, ha acordado este jueves rechazar en su totalidad el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP hace ya casi trece años contra la norma de plazos, lo que implica al mismo tiempo tumbar el borrador de sentencia puesto sobre la mesa por el conservador Enrique Arnaldo.

Tras rechazar la abstención de la magistrada Concepción Espejel y las recusaciones planteadas contra otros tres miembros del Tribunal Constitucional –Cándido Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo e Inmaculada Montalbán–, el Pleno del tribunal ha continuado esta mañana con el debate sobre la norma. Un intercambio de opiniones que ha finalizado a última hora de la mañana con una decisión: dar el visto bueno de forma íntegra a la ley de interrupción voluntaria del embarazo de 2010.

La decisión adoptada implica tumbar la ponencia planteada por el conservador Enrique Arnaldo. Un borrador de sentencia que, si bien avalaba la práctica totalidad de la norma, decretaba la inconstitucionalidad de parte del artículo que regulaba la información que debía recibir la mujer con carácter previo al consentimiento del aborto. Se trataba, en concreto, del último inciso del 17.5: "Se comunicará, en la documentación entregada, que dicha información podrá ser ofrecida, además, verbalmente, si la mujer lo solicita".

Arnaldo consideraba que esa redacción, en la parte relativa a la comunicación verbal, permitía "que no se ofrezca esa información a la mujer si no la solicita de forma expresa". Y eso, a su entender, impide que la gestante sea informada "en términos claros, objetivos y comprensibles" sobre la finalidad y naturaleza de la intervención, sus riesgos y las consecuencias médicas, psicológicas y sociales "de la prosecución del embarazo o de su interrupción". "La información previa al consentimiento de la mujer para la interrupción voluntaria del embarazo debe facilitarse verbalmente, como regla general", resaltaba el magistrado.

El Tribunal Constitucional rechaza la abstención de Espejel en el recurso sobre el aborto

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Pero el bloque mayoritario, progresista, ha defendido en todo momento que la norma debía recibir luz verde sin un solo pero. De ahí, que hayan rechazado este jueves la propuesta de Arnaldo. Al no obtener el apoyo mayoritario de sus compañeros, el magistrado ha renunciado a redactar la nueva sentencia con los argumentos de la mayoría. Algo de lo que se encargará ahora la vicepresidenta de la corte de garantías, Inmaculada Montalbán.

El aborto era uno de los asuntos más viejos que tenía entre manos el Constitucional. En concreto, llevaba sobre su mesa desde junio de 2010. Lo puso el PP en plena estrategia de oposición feroz al Gobierno. El recurso, que contaba con el asesoramiento del entonces presidente del Foro de la Familia y que se encargó de coordinar el exministro de Defensa Federico Trillo, planteaba tumbar cuestiones vinculadas a la educación sexual con perspectiva de género, a la formación de profesionales sanitarios en este sentido y a la interrupción voluntaria del embarazo. No se aceptaba el aborto a petición de la mujer ni tampoco por motivos médicos. Y ni hablar de que las menores dieran ese paso sin consentimiento de sus progenitores.

La resolución del recurso, desde entonces, no ha parado de retrasarse. La primera en encargarse del caso fue la magistrada progresista Elisa Pérez Vera. Pero su borrador de fallo, favorable a la constitucionalidad de la norma, nunca se llevó a un Pleno entonces de mayoría conservadora. "Nadie tuvo interés en adelantarla", explicaría años después a El País. Tras su salida, el asunto cayó en manos del magistrado Andrés Ollero, exdiputado del PP y antiabortista declarado, que empezó a trabajar en una ponencia contraria a la ley de plazos. Pero, de nuevo, su propuesta nunca llegó a Pleno. "Estamos viendo si es posible alcanzar un consenso", se justificaba antes de la pandemia.

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