La pesadilla del alquiler en el área metropolitana de Barcelona: "Se ha creado una falsa burbuja inmobiliaria"
Si ya era un trabajo encontrar piso en Barcelona, ahora lo es en toda la Área Metropolitana de Barcelona (AMB), que agrupa 36 municipios catalanes y representa el 43% de la población de Cataluña. En esta zona, que apenas ocupa el 2% del territorio catalán, el 64,3% de los vecinos asegura que es difícil acceder a un hogar, según un estudio del Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB). Respecto a 2017 es un 14% más. El resultado de todo ello es que poder cobijarse bajo un techo se ha convertido casi en una broma de mal gusto. Un drama, en lenguaje milenial (y no tan milenial).
Algunos tienen un culpable claro: “Se ha creado una falsa burbuja inmobiliaria”, denuncia Esther Torralbo, portavoz del Sindicat de Llogateres de Badalona, la cuarta ciudad más poblada de Cataluña. “Se habla del problema de los precios, que es un tema de oferta y demanda, pero no es eso”, insiste. Pone cifras encima de la mesa: “En 2011 en Badalona había 8.900 pisos censados vacíos” y apunta que en la actualidad son muchos más. “Hay 1.000 pisos de grandes tenedores cerrados y 365 de la Sareb que nadie gestiona”.
Este fenómeno ni es casual ni es inocente, afirma esta activista por la vivienda, que a su vez es una afectada por la escasez de oferta: “Nosotros mismos somos casos, llegamos al sindicato porque nos encontramos con problemas con el alquiler”. “Tenemos compañeros a quienes fondos buitre no les han renovado [el alquiler] y después los pisos se quedan ocho años vacíos”, añade.
En España hay 3,4 millones de inmuebles vacíos, según el INE. Y la mayoría están en buen estado, así que podrían estar listas para que alguien entrara a vivir en ellas. “No necesitamos hacer más pisos”, asegura la portavoz del Sindicat de Llogateres de Badalona, sino que hay que abrir las puertas de las casas que están en desuso, dice.
La historia se repite a lo largo de los municipios que conforman el AMB, una zona que aporta la mitad del PIB catalán, así como de población, según los datos oficiales. “Te piden una serie de condiciones que la gente de a pie no las puede reunir”, explica Agustín Montserrat, miembro de coordinación de la Plataforma de Afectados por la Vivienda (PAH) de Santa Coloma de Gramenet, la novena ciudad con más habitantes de Cataluña. Montserrat señala otro factor: “Si tienes acento o un color de piel distinto al asociado al español encima tienes más problemas, porque al principio te dicen que sí y cuando llegas allí te cuentan que ya le han dado el piso a otra persona”.
En la mayoría de zonas de la AMB más del 60% de la ciudadanía asegura tenerlo crudo para encontrar una nueva casa en la que vivir. En 2017 esos porcentajes se situaban en una horquilla entre el 40 y el 50%, a excepción de Barcelona, donde ya se superaba ese 60%, que se mantiene, tras un lustro. En zonas como Terrassa, Sabadell, el Maresme o el Vallès Oriental esa percepción ha aumentado 20 puntos en cinco años.
“Hay dos dinámicas complementarias, que son las dos caras de la moneda de esta problemática: por un lado se están bloqueando necesidades de movilidad residencial, porque no se genera vivienda asequible; y por otro se triplica el porcentaje de gente que cambia de hogar en cinco años, pasando del 9 al 28% de los encuestados”, detalla a infoLibre el director del IERMB, Ricard Gomà.
Los desahucios silenciosos, cada vez más a la orden del día
Una cuarta parte de las personas que han tenido que cambiar de casa lo han hecho en contra de su voluntad. “Son desahucios invisibles”, cuenta Gomà, porque no hay un proceso de expulsión como tal, pero se busca la manera de forzar al inquilino a irse, ya sea subiendo de forma desorbitada el precio del alquiler, una vez termina el contrato, o alegando que el piso lo necesita un familiar y que, por tanto, no hay solución posible que hacer cajas e irse.
Renunciar al barrio escogido, a la cafetería de la esquina en que te ponen el café como tu quieres, supone mucho más que decir adiós, aseguran los investigadores. “El 85% de la gente está satisfecha con su lugar de residencia, el barrio sigue funcionando muy bien como espacio de cotidianidad, para los consumos de proximidad, los servicios sociales de la zona, como escuelas, centros de atención primaria, el apoyo mutuo, material y emocional…”, argumenta Gomà. “La gente cuando no puede pagar la vivienda intenta encontrar un piso asequible lo más cerca posible”, dice.
Efecto contagio
Escapar de los precios de Barcelona hace que el resto de municipios de la zona se vean afectados por un efecto contagio, en que se registran subidas generalizadas en los alquileres, afirma Montserrat. Eso hace que los propietarios pidan más, como si el acceso a la vivienda fuera un juego de pujas de una casa de apuestas. “Al estar Santa Coloma muy cerca de Barcelona han venido muchas personas de allí, donde el alquiler está imposible y aquí pagan 800 o 900 euros, que es demasiado para los colomenses”, añade.
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“El precio de la vivienda es un factor explicativo central cuando hablamos del incremento de la movilidad residencial”, argumenta Gomà, que suma otro elemento: la pandemia. “No tenemos datos generalizados, pero todo hace pensar que ha hecho aumentar” los cambios de hogar. “Estamos en un momento alto de ciclo migratorio, siguen llegando muchas personas a Barcelona, sobretodo de procesos de asentamiento y de acogida de personas, y cada vez hay más gente, especialmente jóvenes, que vive de alquiler, que es más volátil que la propiedad, que fija más al territorio”, sigue el director del IERMB.
La solución a este fenómeno son varias, que a su vez son complementarias, apuntan todas las fuentes consultadas. “Hay que subir el impuesto sobre bienes inmuebles a los pisos vacíos, hay que acabar con las viviendas turísticas ilegales y la Sareb tiene que ceder su parque inmobiliario a los ayuntamientos”, enumera Torralbo. “Es una necesidad encontrar un instrumento de política pública que frene o revierta los precios de la vivienda”, opina por su parte Gomà. “Cuando se aprobó la ley de regulación de precios del alquiler en el Parlament de Cataluña, hicimos un estudio donde vimos que los precios se mantuvieron y la oferta no disminuyó”, añade. “El impacto de la medida fue positivo”, remata.
Todas las miradas apuntan a la futura Ley de Vivienda, que sigue encallada. El PSOE asegura que la negociación con Unidas Podemos y los socios de gobierno se ha acelerado recientemente, mientras que los de Yolanda Díaz piden más ambición a los socialistas. Los movimientos por la vivienda, por su parte, presionan al Ejecutivo y piden celeridad. Aseguran que hay mucho por hacer y que los dramas familiares se acentúan, en un contexto de elevada inflación y de pérdida de poder adquisitivo.
