Un año de Feijóo: ambigüedad, desconfianza y falta de transparencia

Hace ahora un año, Alberto Núñez Feijóo medía el respaldo de los barones del partido para forzar la caída de Pablo Casado y hacerse con las riendas del PP en un congreso extraordinario sin oposición. Sus pares se lo concedieron, hartos de la manera de gobernar el partido de Casado y de su equipo y convencidos de que la caída del sucesor de Mariano Rajoy era la única manera de atajar los enfrentamientos internos.

Doce meses después de la revuelta de los barones, pocos son los que pueden citar diferencias de relieve entre el PP de Casado y el de Feijóo. Nada ha cambiado sustancialmente, a no ser el establecimiento de un nuevo orden interno, un pacto no escrito por el cual Génova no se mete en las decisiones de los territorios y estos dejan manos libres al nuevo equipo para intentar ganar las elecciones. Gracias al cual, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso ya controla el PP de Madrid, tal y como se había propuesto conseguir durante el mandato de Casado.

Feijóo no ha revisado las propuestas de su antecesor ni, aparentemente, tiene intención de hacerlo. Al menos no mediante el método acostumbrado en el PP, una convención política como la que Casado desarrolló durante un año y culminó con un mitin en la plaza de toros de Sevilla en octubre de 2021, apenas unos meses antes de su defenestración. La estructura del partido es básicamente la misma: Feijóo apenas ha introducido cambios en los territorios (las únicas excepciones son Asturias, La Rioja, Navarra y Cantabria). 

Su agenda durante este tiempo ha estado dominada por actos organizados por medios de comunicación afines y encuentros con empresarios, aunque nadie conoce la identidad concreta de las compañías eléctricas y de energía que según él mismo confesó le hacen llegar propuestas.

Si algo define el discurso del nuevo líder del PP durante su primer año de mandato es la ambigüedad, algo a lo que ayuda el hecho de que, a la hora de tomar decisiones, su círculo es íntimo muy limitado. Apenas va más allá del núcleo de colaboradores que se trajo de Galicia y que le acompañaron durante años en la Presidencia de la Xunta. Por sus manos pasa casi todo, y la autonomía de los dirigentes más expuestos —Cuca Gamarra, Elías Bendodo o Juan Bravo— es, según fuentes de Génova, todavía muy pequeña.

Desconfianza

Eso revela otro rasgo característico de Feijóo: la desconfianza. En Galicia no compartía información en el partido o en la Xunta con casi nadie y su vocación es seguir la misma senda. Sabe que tiene una sola bala en la recámara y que a menos que consiga ser presidente después de las elecciones generales de finales de año no podrá hacerse de verdad con las riendas del partido y tendrá que abandonar. Si eso ocurre, la mayoría apuesta porque Ayuso dé el paso y opte a convertirse en la primera presidenta nacional del PP, sobre todo si obtiene un buen resultado era las elecciones autonómicas de mayo, como predicen la mayoría de las encuestas.

A la ambigüedad calculada y a la desconfianza hay que sumar otra peculiaridad: la falta de transparencia. Feijóo y su equipo llevan meses negándose a revelar cuánto le paga el PP en concepto de salario, además de lo que percibe como senador en representación de Galicia (70.762,16 euros). Tampoco aclaran si, además, como ocurría en la época de Aznar, le están pagando también el alquiler de la casa en la que vive en una de las zonas más caras de Madrid.

Lo que sí ha dejado claro a lo largo de estos meses es que, en su hoja de ruta hacia la Moncloa, va a seguir el mismo camino que transitó en 2009 para ganar sus primeras elecciones autonómicas, también frente a un gobierno de coalición presidido por un socialista. Una estrategia que tiene como eje la desinformación.

Un año después de su llegada a la calle Génova, el PP encabeza la mayoría de las encuestas —no todas—, como le pasaba a Casado, pero el llamado efecto Feijóo parece haberse desinflado definitivamente. Si alguien ha impulsado las expectativas del partido durante su mandato ha sido Juanma Moreno, que en el mes de junio y contra todo pronóstico anotó para su partido una contundente mayoría absoluta en Andalucía. Su éxito alimenta, según los expertos en procesos electorales, el viento de cola que favoreció al PP en los sondeos el pasado año. Lo mismo que sucedió en 2021 con la victoria de Ayuso en las elecciones autonómicas madrileñas.

En las políticas concretas abundan las contradicciones y los silencios. Recién aterrizado en Madrid metió en un cajón las políticas sobre memoria histórica que había defendido en Galicia y asumió como propias las que Casado le dejó en el despacho de Génova. 

El Feijóo que hace un año no dudaba en calificar de golpe de Estado lo ocurrido en 1936, ahora lo reduce a una pelea de "abuelos y bisabuelos”. Suya es ahora la misma resistencia de sus antecesores a distanciar definitivamente el PP del franquismo. Y eso que durante su etapa en la Xunta el PP gallego aprobó iniciativas condenado la dictadura, pidiendo la exhumación de víctimas y exigiendo la resignificación de lugares públicos que marca la Ley de Memoria. Ahora, en cambio, quiere derogar la ley de Memoria Democrática.

Incumplir la Constitución

De Casado ha tomado también el empeño en seguir incumpliendo la Constitución y mantener vivo el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que supera ampliamente cuatro años en funciones. El PP prefiere mantener la composición actual, decidida cuando tenía mayoría absoluta, para conservar el control del órgano del gobierno de los jueces. Como también intentó, en ese caso sin éxito, prolongar en contra de la ley la mayoría conservadora del Tribunal Constitucional.

La única vez que negoció con el Gobierno la renovación del CGPJ rompió el diálogo de forma abrupta, presionado por Ayuso y por la extrema derecha. Desde entonces no se ha movido. Exige una cambio en la ley para el que no tiene mayoría en el Congreso —de lo contrario no habrá desbloqueo— y entretanto maniobra en Bruselas para tratar de desacreditar la independencia de la justicia en España en busca de una sanción que penalice la entrega de fondos europeos o que, como mínimo, enturbie la presidencia española de la Unión que comienza el próximo 1 de junio.

Los pasos que ha ido dando revelan hasta qué punto comparte las posiciones de su antecesor y su voluntad de traspasar líneas rojas que antes parecían infranqueables. Desmiente los datos del paro, dando a entender que están manipulados por el Gobierno, niega las cifras de crecimiento económico de 2022, las mayores de nuestro entorno, o reprocha el volumen de la deuda pública, cuando la mayor parte tiene su origen en el mandato de Rajoy. 

En esa línea de confirmar las políticas de su antecesor, lejos de rectificar la ruptura del pacto antitransfuguismo que ordenó Casado para sortear la moción de censura en Murcia, comprando la voluntad de diputados de Ciudadanos en 2021, Feijóo la ha hecho suya fichando a los parlamentarios tránsfugas de UPN en el Congreso. 

Lo que más ha detallado, hasta ahora, ha sido su receta para resolver todos los problemas del país: bajar impuestos. Es el método que propone para luchar contra la inflación, para reducir la factura de la luz, para favorecer el turismo o para luchar contra la despoblación. Da igual la política de que se trate: Feijóo siempre apuesta por una rebaja fiscal aunque la reducción generalizada que promovía en el pasado verano tuvo que acabar enterrándola cuando le costó el puesto a Liz Truss, la primera ministra británica que sucedió fugazmente a Boris Johnson.

Recortes sin concretar

Lo que no concreta es qué pasará con la deuda con tantas rebajas de impuestos ni de dónde piensa recortar gasto. Se escuda en que prefiere esperar a llegar al Gobierno para conocer el detalle de las cuentas, aunque la composición de su equipo económico sí da pistas y anticipa recortes, apoyo a la patronal y desregulación laboral.

Igualmente complicado es saber lo que Feijóo piensa sobre otras cosas. Para conocer su opinión en torno al aborto ha habido que esperar a que el Tribunal Constitucional decidiera, confirmando así una de las marcas que mejor definen al líder del PP: la apuesta por la tecnocracia liberal, por condicionar sus políticas a los que le digan otros organismos, desde el Banco de España al CGPJ. Muchos en el partido creen que si el fallo del TC sobre el aborto hubiese sido contrario a la ley de plazos, Feijóo se hubiese adaptado y habría celebrado su derogación.

Es en esta línea que hace un mes propuso cambios en las normas que durante décadas han regido el TC, el Consejo del Poder Judicial, el INE o el CIS, con el único objetivo de separarlos definitivamente del Ejecutivo y de Congreso de los Diputados. Todo en nombre de la independencia de unos organismos que en Galicia brilló por su ausencia durante sus trece años de mandato.

De ahí la ambigüedad con la que habla de asuntos como la ley de Eutanasia o la ley trans, fiando el futuro de ambas leyes a lo que le diga el Constitucional y evitando precisar si las va a derogar total o parcialmente. Desviar la responsabilidad en esos temas, que forman parte de la batalla cultural de la derecha radical, como hizo Rajoy con el aborto cuando tenía mayoría absoluta, es precisamente lo que le reprochan en privado los dirigentes del PP más derechizados y, por supuesto, los ultras de Vox. 

Imposible saber tampoco qué piensa Feijóo sobre el Sáhara, más allá de que no le gusta que Sánchez cambiase la posición de España sin consultarle. O sobre la financiación autonómica, porque ya no defiende lo que proponía cuando era presidente de la Xunta y ahora parece abrazar las demandas de las comunidades mas pobladas.

Su nítida apuesta inicial por el Estado Autonómico ha empezado a poblarse de matices, pero también de imprecisiones. Hace pocos días propuso “ajustes” en el modelo de transferencias vigente en las comunidades, y leyes básicas para limitar su capacidad de actuación en materias como Educación o asuntos sociales. Se están registrando “contradicciones e ineficiencias”, apuntó sin aclarar nada más.

De su modelo de pensiones poco o nada ha dicho, más allá de defender con la boca pequeña el de Rajoy y criticar en voz baja la revalorización automática según el IPC puesta en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez. Lo más que ha llegado a decir es que le gusta el modelo portugués, que recorta el crecimiento de las pensiones, especialmente de las más altas, aunque reconoce no lo conoce “con exactitud”. Las pensiones no es lo único que le gusta de Portugal: también ha elogiado sus salarios bajos, fiscalidad reducida y normas ambientales más laxas.

Cambio en Cataluña

En relación con Cataluña, Feijóo aterrizó en Madrid decidido a dar un giro a la política del PP en nombre de lo que definió como “catalanismo constitucional” y “bilingüismo cordial”, dos términos que enseguida desataron las iras de la derecha radical, poco dispuesta a aceptar ninguna concesión identitaria. Rápidamente dio marcha atrás para reemprender el rumbo de sus predecesores con el objetivo de activar el voto conservador fuera de Cataluña denunciando un supuesto entreguismo del Gobierno a los independentistas y combatiendo que la escuela catalana dé a la lengua propia de la comunidad.

Oscura es también la forma en la que Feijóo aborda sus relaciones con Vox. Llegó de Galicia con la etiqueta de poco dispuesto a pactar con los ultras, pero lo primero que hizo, antes incluso de tomar posesión de la presidencia del partido, fue justificar la primera coalición del PP con los de Santiago Abascal en la Junta de Castilla y León. Reconstruyó después las relaciones con el líder de Vox, rotas por Casado, aunque oficialmente rechaza reconocer su disposición a pactar con Abascal el Gobierno de España si necesita de sus diputados para llegar a la Moncloa. Ese “sí, pero no” se resume en la diferente manera en la que está abordando qué debe hacer el PP ante la moción de censura que prepara Vox: donde Casado votó no, Feijóo duda entre la abstención y el sí.

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Como líder de la oposición, Feijóo no ha dado tregua. No ha apoyado ninguna de las medidas económicas puestas en marcha por el Gobierno para paliar las consecuencias económicas de la guerra, incluso aquellas que coincidían con sus propias propuestas. En su afán por desacreditar al Gobierno llegó a criticar las medidas de ahorro energético anunciadas por Sánchez el pasado verano apenas unos días después de haberlas defendido.

Un buen ejemplo de la deriva del discurso de Feijóo a medida que se acercan las elecciones son los rasgos del trumpismo y el bolosnarismo que el PP ha acabado por asumir. Incluida la teoría de la conspiración según la cual el presidente Sánchez planea un golpe autoritario para cambiar de régimen.

Esta misma semana, en un acto organizado por la revista Forbes, le preguntaron qué proyecto sueña para España, ahora que algunos le sitúan a las puertas de la Moncloa. La respuesta es muy reveladora de su forma de entender la política: “Me gustaría un país coherente con su historia, que no pierda el tiempo en debates estériles y que se fije en gestionar la realidad”. Es ese discurso de gestor, no de alguien que tiene en la cabeza un proyecto para el país, lo que más dudas provoca, incluso entre los suyos.