La CEOE no renovó su convenio con Transparencia Internacional tras la llegada de Garamendi

La CEOE firmó un convenio con Transparencia Internacional, pero duró poco. Fue antes de la llegada de Antonio Garamendi como presidente. En julio de 2018, Juan Rosell como presidente del organismo, pactó con la ONG la voluntad de dar publicidad activa sobre siete puntos. Entre estos puntos, figuraba la información individualizada de los contratos o la retribución de la presidencia. No obstante, tras la llegada del vizcaíno a la presidencia de la CEOE, el convenio no se renovó.

“El convenio que firmó la CEOE contenía cuestiones que iban más allá de la Ley de Transparencia”, explica David Martínez, director ejecutivo de la ONG Transparencia Internacional. “Por ejemplo, en cuanto al modelo de cumplimiento normativo, código ético, actividades vinculadas con la integridad, política anticorrupción, transparencia en los órganos de gobierno, etc…”, añade el experto en transparencia. Fuentes de la patronal han trasladado a infoLibre que el convenio no tuvo gran desarrollo y la organización prefirió crear su propio departamento de compliance (un área de las empresas destinada al cumplimiento normativo).

Este compromiso voluntario que adquirió la CEOE y al que luego renunció redundaba en la necesidad de publicar las remuneraciones de sus directivos, que ya era una obligación legal para la CEOE. El artículo 3 de la Ley de Transparencia, en vigor desde 2013, obliga a las entidades privadas que reciban más de 100.000 euros anuales de ayudas públicas a publicar cierta información, entre ella, la remuneración individualizada de sus dirigentes. “Por ley deberían publicar esta información”, explica David Martínez. Como ha detallado infoLibre, la CEOE ha ingresado casi 34 millones de euros en subvenciones en los últimos 10 años.

Un convenio breve

El 25 de julio de 2018, Juan Rosell firmó el convenio, que sigue publicado en la web de Transparencia Internacional. Entre las obligaciones a las que se comprometía voluntariamente, la página cinco del documento incluye un punto en el que la CEOE debía publicar la remuneración de su presidencia. Esto no era motivo de conflicto por esas fechas. Rosell no percibía remuneración por su cargo y así se hacía constar en los informes de retribuciones.

Con la llegada de Garamendi, que se produjo en noviembre de ese año, el convenio, que tenía vigencia durante un año, no se renovó. Fuentes de la organización han detallado a infoLibre que la nueva presidencia prefirió ser autónoma y no necesitar asesoramiento externo en cuanto a transparencia, al crear su propio departamento de cumplimiento normativo.

Garamendi sí percibiría salario por su condición de presidente, al dedicarse a esta actividad en exclusiva, a diferencia de su antecesor. No obstante, los informes de retribuciones no publican su salario. Los anteriores, que sí hacían referencia a que Rosell no percibía remuneración, ya no están publicados en la web. Sin embargo, es posible consultarlos a través de Wayback Machine, una "máquina del tiempo" que permite ver la información que figuraba años atrás en una página web, aunque haya sido eliminada.

¿Incumple la CEOE la ley de Transparencia?

La Ley de Transparencia se aprobó en 2013, pero nunca se dio luz verde al reglamento que la desarrollaba. En 2017 se abrió el proceso de consulta pública y la CEOE, todavía presidida por Rosell, presentó un documento con sus apreciaciones. En este criticó que la patronal tuviera que someterse a principios de transparencia similares a los que se acogen las administraciones públicas. El organismo rechazó que las retribuciones de los dirigentes no tienen “relevancia en la gestión de fondos públicos” y que supone una “exigencia que va más allá de sus obligaciones registrales”. 

El PSOE se comprometió en su programa electoral a reformar la Ley de Transparencia, por lo que, al entrar al Gobierno, pese a que la redacción del reglamento siguió su curso, su aprobación acabó congelándose, a la espera de reformar la propia ley. No obstante, en una entrevista publicada por El Periódico de España en enero de 2023, el presidente del Consejo de Transparencia lamentó que probablemente la reforma de la ley vaya a estar lista este año: “Que se pueda hacer en esta legislatura va a ser muy difícil, hay que ser realistas”, expresó. Por lo tanto, finalmente es posible que este año termine sin el reglamento que desarrolla la ley de 2013, y sin la reforma de la misma ley.

Pese a la anomalía de tener una Ley de Transparencia sin un reglamento que la desarrolle, el Consejo de la Transparencia, un organismo público que vela por el derecho de acceso a la información de los ciudadanos, revisa periódicamente si las entidades están cumpliendo la ley vigente.

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En el último análisis, de octubre de 2022, el organismo detecta algunos incumplimientos por parte de la CEOE: no publica los contratos adjudicados por las administraciones públicas, ni las retribuciones de sus dirigentes ni la trayectoria profesional de los mismos. En este último punto, fuentes de la patronal expresan que están en proceso de añadir esa información. Respecto a las retribuciones, se acogen a las “lagunas” en la ley para justificar su no publicación. El Consejo de Transparencia les otorga un 64,8% de cumplimiento, lo que supone que tiene carencias.

“El cumplimiento de la ley es bastante exiguo”, lamenta David Martínez, director ejecutivo en España de la ONG Transparencia Internacional. "Hemos detectado que las recomendaciones del Consejo de Transparencia no se están respetando mucho en general, no solo en este caso. El ente no tiene capacidad fiscalizadora o sancionadora. Las carencias que detecta en la información publicada por la CEOE son importantes. No es que te falte un currículum...”, lamenta Martínez.

El experto en transparencia y buena gobernanza de los organismos considera que la falta de información proporcionada por la CEOE “refleja que no respeta los principios del buen gobierno": "Debe rendir cuentas, por la cantidad de recursos públicos que percibe y por las funciones que desempeña. Debe demostrar que tiene un sistema regido por la buena gobernanza, sometido al escrutinio público”, remacha Martínez.