Anticorrupción mantiene la malversación en 'Kitchen' y pide 15 años de cárcel para Fernández Díaz
La Fiscalía Anticorrupción mantiene viva la malversación en el caso Kitchen a pesar de la reforma del Código Penal. En su escrito de acusación en el caso de la operación de espionaje parapolicial organizada contra el extesorero del PP Luis Bárcenas, remitido hace algunas horas a la Audiencia Nacional, el Ministerio Público solicita 15 años de prisión y 33 de inhabilitación contra el exministro del Interio Jorge Ferández Díaz, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y el ex director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino por encubrimiento, malversación y delitos contra la intimidad.
Además, pide entre dos años y medio y 19 años de cárcel para otros cuatro altos mandos policiales –Marcelino Martín Blas, José Manuel Villarejo, Enrique García Castaño y Andrés Gómez Gordo– y para el exchófer de Bárcenas, Segio Ríos. La petición de pena más alta corresponde al comisario jubilado, a quien también se imputa cohecho pasivo impropio. La más baja corresponde a Martín Blas, quien fuera jefe de Asuntos Internos, a quien se acusa solo por encubrimiento. Para el resto, se pone sobre la mesa el mismo trío de delitos que a los máximos responsables políticos.
El escrito de acusación describe el funcionamiento de la trama desde la primera mitad de 2013. Fue entonces cuando "desde la cúpula" de un Ministerio del Interior encabezado por Fernández Díaz, Martínez y Pino se "ideó" una "ilícita operación policial de inteligencia" dirigida a obtener "tanto información como pruebas materiales" que pudieran resultar "incriminatorias" para el PP y sus máximos dirigentes en Gürtel y que pudieran estar en poder de Bárcenas. "Todo ello con la finalidad de evitar que todo ese material eventualmente incriminatorio para el Partido Popular y sus dirigentes fuera formalmente aportado al procedimiento judicial que se seguía en la Audiencia Nacional", resalta el Ministerio Público.
Para llevar a cabo dicha operación parapolicial, se contactó con el exchófer de Bárcenas, quien no solo tenía un "gran conocimiento" de los "movimientos y actividades" de la familia sino que también, por la confianza que tenían depositada en él, "hacía gestiones privadas propias" del extesorero del PP y su mujer. A través del inspector jefe Gómez Gordo se logró captar al exconductor. "De esta forma, entre julio de 2013 y septiembre de 2015, procedió a informar de forma exhaustiva e individualizada a Gómez Gordo, Villarejo y García Castaño sobre las citas o reuniones que celebraba Bárcenas y su esposa, sobre el contenido e interlocutores de las conversaciones que aquellos mantenían e, incluso, sobre la situación anímica en la que se encontraba, facilitándoles, además, copia de toda la documentación y efectos que trasladaba por encargo de la familia", relata Anticorrupción.
Al mismo tiempo, desde el ámbito de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional, que lideraba Pino, se acordó "llevar a cabo estrictas vigilancias" sobre el extesorero y su esposa. Primero, Martín Blas, comisario de la Unidad de Asuntos Internos, dio orden a sus subordinados de practicar dichas labores encomendadas, que se prolongaron hasta finales de julio de 2013. Luego, se encargaron agentes de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), liderada por García Castaño. En dichas vigilancias, recoge Anticorrupción, llegaron a participar ocho inspectores jefes de grupo, dos subinspectores, ocho oficiales de Policía y 52 agentes del cuerpo.
Los acusados, recoge el Ministerio Público, "llegaron a hacerse de manera ilegítima" con mensajes de texto, correos electrónicos y contactos que el propio Bárcenas tenía almacenados en diferentes dispositivos móviles. Incluso lograron sustraer documentos y comunicaciones durante la estancia del extesorero en prisión "a través de personas desconocidas que intervenían en el interior" de la cárcel de Soto del Real. "El control exhaustivo ejercido por los encausados –a excepción de Martín Blas– sobre Luis Bárcenas mientras se encontraba ingresado en la prisión se extendió también a personas que se relacionaban con el mismo", recoge el escrito de acusación.
Ni la operación policial de inteligencia ni tampoco la documentación e información recabada a través de la misma se compartió con los investigadores de la Gürtel –ni con la UDEF, ni con el Ministerio Fiscal, ni con el Juzgado de Instrucción–. Unas labores que, además, se financiaron con cargo a los fondos reservados de Interior. Así, Anticorrupción calcula que se sacaron de la caja al menos 57.939,43 euros para recompensar a Esgueva: 54.000 euros se le entregaron en efectivo y los restantes se corresponden con gastos varios generados por el exchófer y con el pago de una pistola que se le regaló. Además, el Ministerio Público pone el foco en el acceso de Esgueva a la Policía Nacional en 2015, algo propuesto por Villarejo "como mecanismo de protección que garantizase la impunidad de todos los encausados".
La Fiscalía, sin embargo, solicita el sobreseimiento de la causa respecto de los policías José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano, así como de José Luis Olivera, quien fue jefe de la UDEF y director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco). Sobre los dos primeros, señala que no existen "indicios bastantes" como para continuar el procedimiento contra ellos. Y en cuanto a Olivera, señala que "no existen indicios" de su intervención en los hechos.
