Los datos del CGPJ concluyen que tres de cada cuatro revisiones del ‘sí es sí’ rechazan reducir la condena

Los cinco primeros meses de vigencia de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual han provocado una enorme y comprensible alarma social por la larga ristra de reducciones de condenas a agresores sexuales. Pero lejos de lo que pueda parecer, la nueva norma no ha provocado una rebaja generalizada de las penas. Sólo hay que echar un vistazo a Madrid. En esta comunidad autónoma, la Audiencia Provincial ha dictado disminución de condena en menos de dos de cada diez casos revisados. La misma proporción que en València o en Huelva. En otras regiones, como Baleares, esa cifra escala a cuatro de cada diez. Es la primera fotografía, aunque todavía incompleta, del Consejo General del Poder Judicial sobre los efectos de la conocida como ley del sólo sí es sí. Y pone un dato importante sobre la mesa: tres de cada cuatro casos revisados han mantenido el castigo.

El órgano de gobierno de los jueces acordó a comienzos de febrero pedir a los diferentes órganos judiciales –Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias Provinciales o Tribunal Supremo– información sobre el proceso de revisión de sentencias que se había iniciado tras la entrada en vigor de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. El objetivo era "hacer un análisis detallado" y "poder ofrecer datos contrastados de manera transparente", después de meses de información circulando a cuentagotas desde los diferentes Tribunales Superiores de Justicia. Y la publicación de los mismos se había convertido en los últimos días en motivo de enfrentamiento entre conservadores y progresistas en el seno del Poder Judicial. De hecho, en los últimos días nadie daba datos de forma oficial, pero sí que circulaban entre algunos medios.

Al final, y después de muchos tiras y aflojas, la información se ha hecho pública finalmente este jueves. Según las cifras recopiladas, en las Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia y Supremo se han producido un total de 721 reducciones de condena y al menos 74 excarcelaciones. Pero esos dos números no muestran por sí solos la fotografía completa. Una imagen que tampoco refleja en su totalidad la información recopilada por el Consejo General del Poder Judicial. Del medio centenar de Audiencias Provinciales, 19 no han entregado todos los datos que se les requería desde el órgano de gobierno de los jueces: tanto la cifra de casos revisados como las rebajas decretadas por sus magistrados.

No obstante, los datos de las que sí han aportado todos los elementos permiten hacer una primera aproximación sobre las consecuencias reales de la entrada en vigor de la ley del sólo sí es sí, cuya reforma ya se ha planteado desde el PSOE. En estas 31 Audiencias Provinciales se han revisado desde el pasado mes de octubre, según la información facilitada por el CGPJ, 1.572 asuntos. De ellos, se han decretado 402 reducciones de condena. Eso quiere decir que en esa treintena de órganos judiciales que han facilitado la información completa las rebajas de pena a agresores sexuales se han producido en un 25,5% de los casos. En definitiva, que en tres de cada cuatro sentencias revisadas los magistrados han decidido que la condena no se toca.

Un 15,7% de rebajas en Madrid, un 90% en Zamora

La Audiencia Provincial de Madrid es, hasta el momento, la que más casos ha repasado: 451. Y, de ellos, se ha dictado reducción para el agresor sexual en 71, lo que representa el 15,7% del total. Cuando se remitió la información, de hecho, en la capital ya se habían tramitado el 84% de las resoluciones susceptibles de revisión de las que tenían constancia. Tras Madrid, es València la que acumula una mayor cifra de casos ya despachados: 193, de las cuales se dictaron 23 rebajas de penas, lo que equivale al 11,9%. El podio lo completa la Audiencia Provincial de las Illes Balears, que hasta el pasado martes había repasado ya 111 casos, dictando 46 rebajas de penas, lo que se corresponde con el 41,1% de los casos revisados.

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Las diferencias son enormes dependiendo del territorio. La Rioja, a la que tanto ha mirado desde el principio el Ministerio de Igualdad, es un caso a resaltar. El pasado mes de noviembre, su Audiencia Provincial decidió que seguiría el criterio de la Fiscalía y mantendría condenas si las penas impuestas pudiesen aplicarse también con la nueva ley en la mano. De ahí que, hasta la fecha, solo en uno de los 55 casos revisados se haya decretado una reducción de condena. Fue a comienzos de enero, cuando se dictó un auto por el que se rebajaba de 10 a 8 años la pena de cárcel a un hombre por una agresión sexual cometida hace dos décadas. En ese caso, no tuvo más remedio porque entonces se le impuso la pena máxima por los hechos, que ahora es menor.

Teruel es otro ejemplo de mantenimiento de penas. De 16 casos revisados hasta la fecha por la Audiencia, solo se ha dictado una rebaja. Fue a mediados de febrero, cuando se redujo de seis a cuatro años el castigo contra un hombre que obligó a tener relaciones sexuales a su pareja, si bien aquella decisión contó con el voto en contra de una de las magistradas. Del mismo modo, apenas se han registrado cambios en Huesca. Su Audiencia Provincial sólo ha tocado a la baja dos sentencias de entre 18 revisadas, lo que representa que en un 89% de los asuntos se ha mantenido el castigo que había sido impuesto. Y lo mismo sucede en Huelva, donde se han rebajado siete de los 60 casos repasados por sus magistrados, lo que representa un 11,1% del total.

En el extremo contrario, según los datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial, se encuentran Zamora, Ourense, Lugo, Lleida y Cuenca. En la primera, se han dictado rebajas en un 90% de los casos despachados por sus magistrados, frente a un 10% de penas que se ha decidido no tocar. En la segunda y tercera se han reducido en un 75% y 71%, respectivamente. Y en las dos últimas, en un 66,6% de los casos revisados. De hecho, la Audiencia Provincial de Lleida fue la que, a finales de enero, decretó una rebaja de condena y la posterior excarcelación de un depredador sexual con más de una quincena de ataques violentos contra mujeres a sus espaldas.