La vicepresidenta Ribera anuncia que pondrá fin al coladero que usó Ossorio para obtener el bono social
El cobro por parte del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, de un bono térmico pensado para los hogares más castigados ha puesto de relieve una doble realidad. Por un lado, que los subsidios públicos acaban en ocasiones en manos de quienes menos los necesitan. Y, por otro, que la normativa que regula el acceso a las ayudas energéticas presenta un importante agujero alrededor de las familias numerosas. El marco legal que regula el acceso a dichos bonos para la luz, la calefacción o el agua caliente no impone barrera económica alguna a la hora de considerar "consumidores vulnerables" a aquellos que pertenezcan a dicho colectivo. Una laguna que permite que cualquier gran patrimonio que ostente esa condición pueda beneficiarse de esas ayudas.
El Gobierno ya ha abierto la puerta a taponar el agujero. La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado este miércoles, tras la exclusiva de infoLibre, su intención de cambiar la "regulación" para corregir esta situación. Fuentes consultadas por este diario explican que los cambios deberían llevarse a cabo a través de un real decreto que pondría un tope a los ingresos máximos que puede percibir una familia numerosa para poder acceder a este tipo de ayudas. En septiembre de 2022, según los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), percibían el bono social eléctrico como "consumidores vulnerables" por la vía de la familia numerosa 244.141 hogares.
Estas ayudas energéticas no son nuevas. En 2009, en un contexto de creciente déficit tarifario del sistema y de crisis financiera internacional, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero dio luz verde a un real decreto que aprobaba el bono social para ayudar a aquellos consumidores de electricidad acogidos a la tarifa de último recurso que cumpliesen con una serie de "características sociales, de consumo y de poder adquisitivo". Pero hasta que esto último se desarrollase, la Secretaría de Estado de Energía determinó que podían acogerse a este mecanismo de ayuda con carácter general aquellos pertenecientes a tres grandes grupos: pensionistas mayores de 60, unidades familiares con todos sus miembros en situación de desempleo y familias numerosas.
Años con un sistema transitorio
Aquel sistema, pensado en un primer momento para ser transitorio, se mantuvo durante años. Y algunas instituciones advirtieron de la necesidad de vincular de una vez dicho bono social a criterios de renta, algo que entonces no determinaba el acceso a la ayuda. Lo hizo la ya extinta Comisión Nacional de Energía. "La definición de consumidor vulnerable debería estar ligada a criterios de renta del beneficiario, y debería abarcar a la población que realmente necesite medidas de apoyo, lo que constituye un grupo de población más reducido que el que tiene derecho al bono social", sostenía el organismo en un informe en el que se pronunciaba, a petición de la propia Secretaría de Estado de Energía, sobre un proyecto de real decreto vinculado al sector eléctrico.
Tres años después, fue el Defensor del Pueblo el que volvió a poner este asunto sobre la mesa. El Ejecutivo de Mariano Rajoy acababa de aprobar entonces la nueva Ley del Sector Eléctrico, que introducía la figura del consumidor vulnerable. Fue en este contexto cuando el órgano constitucional insistió vía recomendación en la necesidad de definir umbrales económicos: "La desvinculación entre el bono social y el nivel de renta engendra una evidente situación de discriminación. Por una parte, determinados consumidores con bajo nivel de renta no tienen derecho al bono social por no estar incluidos en los colectivos identificados, mientras que otros sí pueden beneficiarse con total independencia de su nivel de renta solo por su mera pertenencia a alguno de los tres grupos".
Un límite económico solo en el caso de "vulnerables severos"
Ya en 2017, el Ejecutivo reguló vía real decreto la figura del consumidor vulnerable, que es quien puede tener acceso al bono social eléctrico y, con este, a la nueva ayuda térmica. Desde entonces, ese texto ha sufrido varias modificaciones. En su redacción actual, se establece que para ser considerado como consumidor vulnerable debe cumplirse con alguno de los cuatro requisitos fijados. Primero, que su renta o la conjunta de la unidad de convivencia no supere ciertos límites. Segundo, que el consumidor o todos los miembros con ingresos de la unidad sean pensionistas del Sistema de la Seguridad Social y perciban la cuantía mínima vigente. Tercero, que alguno sea beneficiario del Ingreso Mínimo Vital. Y, por último, que se esté en posesión del título de familia numerosa.
Este último requisito no se ha ligado a ningún límite máximo de renta, lo que en la práctica permite que grandes fortunas puedan ser consideradas "consumidores vulnerables" solo ostentando ese título reservado a familias con tres o más hijos, calificación que les da acceso a un descuento mínimo del 25% en la factura eléctrica –del 65% hasta finales de 2023– y a la ayuda térmica. Una barrera económica que, sin embargo, sí se estableció para la consideración de "consumidor vulnerable severo", una categoría de protección reforzada con descuento del 40% en la factura eléctrica –80% con carácter excepcional– y mayor apoyo para calefacción. En ese caso, no solo vale el título de familia numerosa, sino que la renta anual de la unidad de convivencia no puede superar los 16.800 euros.
Civio también pidió en 2018 y 2019 que se fijaran criterios de renta para el acceso de las familias vulnerables a los bonos energéticos. "Por desgracia, por el momento, la norma sigue siendo igual: las familias numerosas, aunque cobren millones, pueden recibir si lo piden el bono social del 65% de descuento en la factura (si tienen renta baja el descuento sube al 80%) y el bono térmico", han explicado este miércoles en un hilo de Twitter.
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Ese agujero en la regulación es, justamente, el que permitió que el vicepresidente madrileño, que percibe anualmente 104.928,60 euros por el cargo público y que tiene activos financieros por 1,4 millones de euros, pudiese ser beneficiario de 195,82 euros del bono térmico. Ossorio tiene cuatro hijos. De ellos, dos tienen ahora mismo menos de 26 años y continúan estudiando y a su cargo. Hasta 2015, el título de familia numerosa se perdía en el momento en el que menos de tres hijos cumplían los requisitos fijados. Sin embargo, eso cambió con una modificación normativa del Gobierno de Rajoy. Ahora, se puede mantener mientras al menos uno de los hijos reúna las condiciones previstas en la Ley de Protección a las Familias Numerosas.
El coste de los dos bonos energéticos lo cubre el grueso de los españoles. El bono social eléctrico lo financian las comercializadoras a través de los recargos que pagan los consumidores en la factura de la luz, a medias con las aportaciones que hacen los otros operadores del mercado, como los generadores o los distribuidores. Mientras, el bono social térmico va a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y su partida ascendió en 2022 a los 453 millones de euros, cuantía que repetirá en 2023.
Tanto la líder del Ejecutivo regional, Isabel Díaz Ayuso, como el propio vicepresidente madrileño han defendido este miércoles que haber percibido dicha ayuda es, además de legal, ético y moral. "Pertenezco a una familia numerosa, tengo cuatro hijos y recibo las ayudas que existen para este tipo de familias. Mis hijos, por el bono transporte, pagan tres euros menos", ha señalado Ossorio en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha invitado a todos aquellos que tienen "envidia" de las familias numerosas "por tener estos recursos" a conformar una de ellas. Y ha insistido en que mientras la suya lo siga siendo, recibirá y aceptará "todas las ayudas" que se ofrezcan para este colectivo.
