La Rioja multiplicará por cinco los psicólogos y psiquiatras con la primera ley de salud mental del país

En España la salud mental se ha situado en el centro de los discursos políticos, pero continúa en los márgenes respecto a la dotación de recursos. Según recoge un informe del Defensor del Pueblo, en el sistema público de salud hay seis psicólogos por cada 100.000 habitantes frente a los dieciocho de la Unión Europea. Los números no mejoran en lo que se refiere a la psiquiatría, donde, de media, en España hay ocho profesionales por cada 100.000 habitantes, lo que sitúa a nuestro país solo por delante de Grecia, Italia y Rumanía en la Unión Europea y a mucha distancia de países como Francia (20,91), Bélgica (20,06) o Suecia (19,12).

Las consultas públicas no dan abasto, lastradas por los recortes y la privatización, lo que convierte a la salud mental en un privilegio reservado únicamente para los bolsillos de quienes se lo puedan permitir —desde 40 a 120 euros por sesión en el caso de los psicólogos privados— y en un lastre para los que no pueden hacerlo. En este contexto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que, en 2030, la salud mental será el primer problema de salud pública en el mundo.

Desde la OMS recomiendan un ratio mínimo de 18 psicólogos y 18 psiquiatras por cada 100.000 habitantes y ese es, precisamente, el número que fija la primera ley de salud mental del país, aprobada este jueves en el Parlamento de La Rioja con 21 votos a favor —los del PSOE, Ciudadanos e Izquierda Unida— y 12 abstenciones del PP, que también añade 23 puestos de enfermería especializada. La nueva norma, impulsada por Henar Moreno, diputada de Izquierda Unida (IU), multiplica por cinco la actual plantilla de profesionales de la salud mental.

"Nos ha costado sangre, sudor y lágrimas", explica Moreno en declaraciones a infoLibre, al tiempo que recuerda que, en un principio, el PSOE decía que esta ley "no era necesaria". La parlamentaria de IU presentó la proposición de ley en febrero de 2022 y ha tenido que batallar para conseguir que salga adelante. "Es la ley que más veces he puesto como ultimátum", asegura. El hecho de que su voto sea decisivo para el Gobierno presidido por la socialista Concha Andreu ha jugado en su favor. "Después de 24 años de gobierno del PP, es maravilloso ser pioneros en algo. Nos toca servir de ejemplo para el resto".

Las principales novedades de una norma pionera

La Ley de las Personas con Problemas de Salud Mental y sus Familias aborda varios ámbitos de actuación, no solo en el sanitario. Sucede que los usuarios con problemas de salud mental graves a menudo padecen problemas económicos, dificultades para el acceso a empleo y por ende a vivienda. Sin embargo, no todas las comunidades optan por modelos con alternativas residenciales más humanizadas frente a las tradicionales residencias y centros de larga estancia.

La norma aboga aprobada este jueves aboga por dar facilidades a los pacientes con menos recursos para que consigan independizarse. Esto implica garantizar a las personas en esta situación el acceso a una vivienda o una residencia, una actividad laboral digna, recursos rehabilitadores y de ocio, educación y formación laboral o recursos de tutela y curatela.

La diputada de IU asegura que esto es fundamental para todos aquellos pacientes que tienen enfermedades relacionadas con la salud mental, especialmente en los supuestos más graves. "A veces cuando hablamos de este tema parece que solo nos centramos en las depresiones, pero también hablamos de esquizofrenias u otras enfermedades. Creemos que es muy importante aplicar un enfoque integral, también en sitios como las residencias de mayores", apunta.

Otro de los aspectos en el que se detiene es el de la educación. "Hay que aprender a gestionar a la tristeza, nos dicen que todo el rato tenemos que ser felices, pero tenemos que aprender a llorar y hace falta una educación emocional que hay que meter en los centros de estudios", señala Moreno. Además, también se abordan otras cuestiones como la prevención contra el suicidio, los cuidados o la revisión de diagnósticos para personas que, por ejemplo, están en prisión. "¿Cuántos casos de personas con enfermedades mentales están en las cárceles sin que les corresponda estar ahí? Todo esto se trata en la ley".

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Será un órgano coordinador de políticas en materia de salud mental y adicciones dependiente de la Consejería de Sanidad riojana el que velará por que se realicen todos estos cambios. Este equipo, que deberá estar formado como máximo en nueve meses, será el encargado de coordinar a todos los efectivos, planificar, fijar los objetivos y actuaciones y evaluar los resultados.

A la espera de la ley nacional

A nivel nacional, Unidas Podemos presentó una proposición de ley de salud menta, que contó con el apoyo del PSOE, ERC, Bildu, Más País, Compromís y Ciudadanos en su primer trámite. Esta norma lleva varada desde hace un año y medio en el plazo de ampliación de enmiendas, prorrogado más de cincuenta ocasiones, y recoge explícitamente el derecho a una atención integral y universal a la salud mental y establece unas ratios mínimas de profesionales, al mismo tiempo que demanda acelerar los tiempos de atención a los ciudadanos. 

Desde la formación morada piden a su socio de Gobierno que reactive esta norma, pero desde el ala socialista del Ejecutivo ven suficiente la estrategia de salud mental aprobada el pasado diciembre y el plan de acción aprobado por el Consejo Interterritorial. El plan, que tiene vigencia desde 2022 y hasta 2026 incluye, entre otras cuestiones, 100 millones de euros de presupuesto y un teléfono de atención al suicidio activo 24 horas al día: el 024. Desde el grupo confederal aseguran que un plan "nunca" sustituirá a una ley al no tener carácter obligatorio.