El nuevo modelo de cálculo costará 1.330 millones y la mejora de las pensiones mínimas, 26.000 millones

El Consejo de Ministros aprobó este jueves la segunda parte de la reforma de las pensiones, diseñada para sostener el sistema público durante las dos décadas en que la jubilación de los baby-boomers lo someterá a una fuerte tensión financiera, sin recortar la cuantía de las prestaciones. La salida del mercado de trabajo de los nacidos en los años 60 y 70, en plena explosión demográfica, supondrá que entre 2030 y 2040 habrá un 50% más de pensionistas que ahora, unos 15 millones, que además cobrarán prestaciones más elevadas, porque sus salarios serán más altos y porque aquellas subirán cada año tanto como lo haga la inflación. El aumento de gasto resultante se acompañará de las mejoras en las pensiones que incluye la reforma, como la subida de las mínimas y no contributivas y una mayor cobertura de las lagunas de cotización y de la brecha de género.

Además, la ampliación del periodo de cálculo de la pensión, que en el primer diseño de la reforma iba a ser neutro en términos de gasto, se ha convertido finalmente en un sistema dual, en el que se permite al trabajador elegir el número de años cotizados para determinar la cuantía de su prestación. Y ya no es inocuo: implicará un aumento de gasto que fuentes del Ministerio de Seguridad Social cifran en una o dos décimas de PIB; es decir, entre 1.300 y 2.600 millones de euros en 2044.

También la subida de las pensiones mínimas y no contributivas tendrá su coste, unos dos puntos de PIB, calcula el ministerio, unos 26.000 millones de euros al final del periodo.

Para sufragar estas medidas y hacer frente a la jubilación de los baby-boomers, la reforma prevé aumentar los ingresos del sistema elevando las cotizaciones que empresas y trabajadores pagan a la Seguridad Social. De tres maneras: destopando las bases máximas de cotización, aplicando una cuota de solidaridad a los salarios más altos y duplicando el recargo del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). La primera, por la que las retribuciones por encima de 53.946 euros anuales, hasta ahora exentas, tendrán que cotizar a la Seguridad Social, se traducirá en unos ingresos adicionales de entre cuatro y cinco décimas del PIB, entre 5.300 y 6.600 millones de euros cuando la reforma se haya aplicado íntegramente –el destope será progresivo a lo largo de 25 años, sumando a la subida anual del IPC una cuantía fija de 1,2 puntos porcentuales–. Como la pensión máxima para esos salarios aumentará menos –lo que crezca el IPC más un alza de 0,115 puntos porcentuales–, ese decalaje entre base máxima y pensión máxima permitirá conseguir recursos adicionales para mejorar las pensiones.

La cuota de solidaridad, que se aplicará sobre la parte del salario que exceda de los 53.946, permitirá recaudar algo más de una décima de PIB, por encima de 1.300 millones de euros. Finalmente, esa cuota sólo la pagarán los asalariados del Régimen General, pero no los autónomos. Pese a que era una de las peticiones en la que más habían insistido los sindicatos, el ministerio ha excluido a los trabajadores por cuenta propia por una cuestión de “prudencia”, explican fuentes del departamento de José Luis Escrivá. El nuevo régimen de cotización por ingresos reales, argumentan, acaba de ponerse en marcha y no estará maduro hasta 2032, por lo que han preferido no introducir un elemento adicional en el esquema antes de saber cómo evoluciona.

La tercera fuente de nuevos ingresos del sistema, el MEI, permitirá que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la conocida como hucha de las pensiones, acumule más de 120.000 millones de euros en 2040, según aseguró el propio José Luis Escrivá tras el Consejo de Ministros. La cifra casi duplicaría el máximo histórico de la hucha, 67.000 millones en 2011. Desde entonces, los sucesivos desembolsos a los que obligó el déficit en que ha incurrido la Seguridad Social la dejaron casi vacía. Este año, el primero en que se va a aplicar el MEI, está previsto que se le ingresen unos 2.900 millones de euros. Será gracias al 0,6% en que está fijado el recargo. La reforma prevé que se duplique, hasta el 1,2% y de forma gradual, en 2029.

Con estos ingresos adicionales de la segunda fase de la reforma y los que el ministerio calcula que obtendrá gracias a las medidas de la primera para acercar la edad efectiva de jubilación a la legal, incentivando el alargamiento de la vida laboral –1,4 puntos de PIB, unos 19.000 millones de euros–, el ministerio considera que sumará al final del periodo 3,5 puntos de PIB, unos 46.000 millones de euros, para financiar el sistema sin recortar las pensiones.

Concesiones a PDeCAT y EH-Bildu

Tras conseguir el respaldo de los sindicatos, el ministerio se ha ganado también el de dos de los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno. A petición del PDeCAT, la reforma ha incorporado a la cuota de solidaridad tres tramos para hacerla más progresiva. Los que superen en un 10% la base máxima pagarán un 0,92% en 2025 por la parte que exceda de ese tope. Si superan entre un 10% y un 50% la base máxima, se les aplicará un recargo del 1%. Y si superan el 50%, el recargo será del 1,17%. En 2045, la cuota se elevará al 5,5% para el primer tramo, el 6% para el segundo y el 7% para el tercero.

Con EH-Bildu, el Ejecutivo ha pactado mejorar las pensiones mínimas de viudedad, de forma que se equiparen a las contributivas de jubilación. Así, pasarán de los 6.785 euros al año actuales a subir de forma gradual hasta alcanzar los 8.250 euros en 2027.

También será progresiva la aplicación del sistema dual para calcular la cuantía de la pensión. Desde 2027 y hasta 2040, se ampliará el periodo de cómputo a razón de cuatro meses por año, desde los 25 años actuales hasta llegar a 29 años, de forma que en 2027 el trabajador que se jubile podrá elegir entre hacer el cálculo con 25 años de cotización o con 25 años y cuatro meses descartando los dos peores meses. No será hasta 2038 cuando se puedan desechar los dos peores años de entre los últimos 29 cotizados. De 2038 a 2040 seguirán conviviendo ambos periodos de cálculo. Y desde ese año los trabajadores podrán aún elegir como periodo de cómputo 25 años y seis meses en 2041, 26 años en 2042 y 26 años y seis meses en 2043. En 2044 sólo podrán calcular la cuantía de la pensión basándose en lo que hayan cotizado durante 29 años. El motivo de esta gradación no es otro que impedir que los trabajadores a quienes les resulte más beneficioso utilizar el periodo de 25 años se jubilen de golpe anticipadamente para evitar la obligatoriedad de los 29 años, explican fuentes del ministerio.

Un diseño “muy suave” para que lo apliquen futuros gobiernos

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“Es una reforma para quedarse”, resumen las mismas fuentes, en referencia al mecanismo automático que permitirá la “supervisión” del gasto público en pensiones y obligará a tomar medidas adicionales si se produce alguna desviación del gasto previsto. En un primero momento, será la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) la encargada de evaluar el impacto de las medidas sobre el sistema. Si el gasto medio bruto supera el 15% del PIB –el actual se sitúa en el 12%–, el Gobierno deberá adoptar medidas para eliminar el exceso: aumentando aún más las cotizaciones, por ejemplo, o bien utilizando otra fórmula para elevar los ingresos, pero también “reduciendo el gasto en pensiones en porcentaje del PIB” o combinando ambas opciones, tal y como reza el borrador del real decreto-ley recién aprobado.

El Ejecutivo deberá negociar esas nuevas medidas con los sindicatos, la patronal y los grupos parlamentarios y, si no consigue sacarlas adelante antes del 1 de enero del año siguiente, el MEI se aumentará automáticamente para compensar en dos décimas el exceso de gasto hasta que se aprueben las iniciativas destinadas a controlarlo. El Ministerio de Seguridad Social cree que el sistema funcionará aunque cambien los gobiernos. Las citadas fuentes resaltan que han tratado de “darle atractivo” a esta “cláusula de cierre” precisamente para que futuros Ejecutivos no se desvíen de ella. Su intención, dicen, era “hacer un diseño muy suave”. “Si impones condiciones políticas insostenibles para otros gobiernos, no las aplicarán”, explican, “es algo que hemos aprendido del fracaso de modelos pasados”, en referencia a la reforma de pensiones aprobada en solitario por el PP en 2013 y derogada ahora.

El ministerio, además, fía buena parte del éxito de la reforma al mercado de trabajo, cuyo comportamiento no dudan en calificar de “sorprendente”. Según sus previsiones, la tasa de desempleo española terminará en niveles parecidos a los del resto de la Unión Europea; es decir, por debajo del 10%. Ahora se encuentra en el 12,9% y el mínimo histórico fue del 8,6% en 2007. “El paro a doble dígito está abocado a desaparecer”, auguran. Por tanto, será posible, por ejemplo, rebajar la actual cotización para la prestación por desempleo que, como indicó el ministro este miércoles en la Comisión del Pacto de Toledo, es mayor que en el resto de Europa. Seguridad Social contesta así a las críticas de la CEOE al aumento de cotizaciones sociales, que han descalificado como ejemplo de “voracidad recaudatoria” y como una amenaza para la creación de empleo y el aumento de los salarios.