Los datos del centro que lleva ante el juez al firmante del Protocolo: el 96% murió sin traslado al hospital

Mil cien días después de que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobase el conocido como Protocolo de la Vergüenza, que impidió el traslado a los hospitales de las personas que vivían en residencias, por primera vez declarará ante un juez el firmante de aquel documento. Carlos Mur, entonces director de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad, está llamado a comparecer como testigo ante el magistrado titular del Juzgado de Instrucción 9 de Madrid, que investiga el fallecimiento de tres mujeres que residían en el centro DomusVi Albufera. La cita es este jueves, 23 de marzo.

Tres hijas de las respectivas residentes fallecidas presentaron querella por los presuntos delitos de homicidio imprudente, denegación de auxilio y prevaricación. Al igual que otras cientos de víctimas, articularon la iniciativa judicial a través de los abogados de Marea de Residencias.

Las mujeres fallecieron los días 31 de marzo, 2 de abril y 8 de abril de 2020, respectivamente, en la propia residencia. En esas fechas, tras la aprobación del Protocolo el 18 de marzo, los traslados a los hospitales se habían desplomado. Ese frenazo también afectó de lleno a DomusVi Albufera, como prueban los datos obtenidos por infoLibre a través del Portal de Transparencia del Gobierno madrileño.

Entre el 18 de marzo, fecha de aprobación del Protocolo, y el 8 de abril, día en que murió la última de las tres residentes cuyo fallecimiento se investiga en la causa judicial, sólo se produjeron tres derivaciones desde DomusVi Albufera al Hospital Infanta Leonor. Tres traslado en 22 días, es decir, una media de una derivación hospitalaria a la semana.

Para poner esta cifra en contexto, es interesante analizar qué ocurría antes de la pandemia. Pues bien, en los primeros 22 días de enero de 2020 fueron derivadas al Hospital Infanta Leonor diez personas desde DomusVi Albufera.

En otras palabras: los traslados al hospital se hundieron un 70%, cuando lógicamente se tendrían que haber multiplicado por dos o por tres respecto a una situación de normalidad, puesto que eran muchas más las personas que estaban enfermas en plena pandemia que a principios de año cuando no existía crisis sanitaria.

El desplome en las derivaciones tuvo como consecuencia que se disparara el número de personas fallecidas en el propio centro. En marzo y abril de 2020, murieron 30 personas que vivían en DomusVi Albufera, y 29 de ellas lo hicieron en la residencia sin recibir atención hospitalaria. ¡El 96%! En términos porcentuales es una de las cifras más altas de toda la Comunidad de Madrid, donde la media de muertes sin derivación se situó en el 77% del total de fallecimientos.

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Los datos de la residencia donde vivían las tres mujeres son fiel reflejo de lo que ocurrió en toda la Comunidad de Madrid. En marzo y abril de 2020, murieron en los geriátricos madrileños 7.291 mayores sin ser trasladados a un hospital. Los centros tampoco fueron medicalizados, como anunció entonces el Gobierno regional que se haría de inmediato. En aquellos dos meses perdieron la vida 9.470 residentes, lo que significa que el 77% del total lo hicieron en la propia residencia.

El magistrado Arturo Zamarriego, que investiga la querella por los fallecimientos en DomusVi Albufera, es el primer juez que decide citar a declarar a un alto cargo del Gobierno de Ayuso, aunque sea como testigo. Carlos Mur, cuando compareció ante la comisión de investigación creada en su día en la Asamblea de Madrid, admitió que había firmado el Protocolo, pero defendió que su aplicación se produjo siempre atendiendo a criterios clínicos y que no existió discriminación pese a afectar sólo a las personas que vivían en residencias.

Este jueves 23 de marzo también está citado a declarar como testigo Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales durante la primera ola de la pandemia, que mostró su rechazo al Protocolo desde el primer momento. Reyero escribió un relato demoledor de lo ocurrido en el libro Morirán de forma indigna, donde entre otras cuestiones desvela cómo el Gobierno presidido por Ayuso se negó a facilitarle los medios que solicitaba para ayudar a las residencias, donde entonces fallecían cada día cientos de personas mayores.