Concejales del PP de un ayuntamiento gallego cobraron dietas ilegales durante 30 años

Los diferentes Gobiernos locales del PP en Valga cobraron dietas ilegales durante treinta años. Este ayuntamiento del norte de la provincia de Pontevedra impulsó en 1991—año en el que el actual alcalde, José María Bello Maneiro, llegó a la alcaldía que aún ocupa— las denominadas comisiones de coordinación. Estas reuniones periódicas —casi siempre semanales— fueron creadas al margen de los órganos legales, sin control alguno y en exclusiva para los ediles del Gobierno, por las que recibían elevadas dietas de asistencia. El PSOE local denunció este hecho hace ya tiempo e incluso llegó ante la justicia unos pagos que considera en realidad un "sobresueldo" para los concejales del ejecutivo local y que, estima, supusieron un desembolso de más de 500.000 euros en total. 

Ahora, el Consello de Contas —el ente fiscalizador de las cuentas del sector público gallego— ha ratificado la irregularidad en un contundente informe en el que indica que desde 1991 hasta 2017, "tanto las reuniones como las percepciones de asistencia al comité de coordinación no se ajustan a la legalidad al no estar previsto como órgano complementario en la ordenación orgánica municipal", tal y como exige la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) y la Ley de Administración Local de Galicia (LALGA). El órgano de control gallego insiste en que tanto las reuniones como las dietas vinculadas a la comisión de coordinación se efectuaron "sin respaldo normativo". 

Además, el Consello de Contas aclara que no fue hasta el 15 de junio de 2017 —26 años después de su constitución y en plena investigación judicial por estas reuniones— cuando se constituyó formalmente la comisión de coordinación en Valga, pero advierte que también se hizo de forma irregular.

El reglamento municipal creó mediante el acuerdo del pleno este "órgano complementario de naturaleza consultiva y deliberativa" y estableció que estaría compuesto por el alcalde y los delegados de área, pero también que sería uno de los concejales quien levantaría el acta de cada sesión, "desafiando el requisito legal de que sea un funcionario/a público quien actúe como secretario/a de dicha comisión de coordinación”, explica el Consello de Contas.

Justo en aquel mes de junio de 2017, un informe del Colegio de Secretarios y Auditores de Cuentas de Pontevedra (Cosital) ya advirtió que "no se adecúa a la legalidad la ausencia de un funcionario público que actúe como secretario de la comisión".

Ahora, es el Consello de Contas quien aclara que debe ser ese funcionario, y no un edil, quien "vele por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano colegiado, certifique sus actuaciones y garantice que los procedimientos y reglas de constitución y adopción de acuerdos se respetan".

"Máximo —insiste la institución— en el supuesto de que los asistentes a las sesiones de la comisión de coordinación perciben asistencias para la efectiva competencia, lo que configura como imprescindible levantar actas de las sesiones que certifiquen tanto su celebración como el número de asistentes". Además, el informe también denuncia que dicha comisión "carece de algunos de los elementos esenciales" de los que dispone LALGA como son la "delimitación de competencias o de los créditos necesarios para su puesta en funcionamiento" o la "justificación de la inexistencia de duplicidades con otros organismos municipales". 

Con respecto a los pagos en concepto de dietas de asistencia, el Consello de Contas señala que se efectuaron mediante un decreto de la Alcaldía, que "autorizó los gastos a la tesorería del Ayuntamiento" sin que "consten reparos de intervención" a pesar de las obligaciones, tanto del régimen jurídico de control al propio ente fiscalizador.

Según indica el Consello de Contas, a raíz de la información facilitada por el propio Ayuntamiento de Valga, entre el 17 de junio de 2017 y el 31 de diciembre de 2021, la administración local desembolsó un total de 87.440 euros en dietas de asistencia a los miembros del Gobierno local, unos 1.620 euros mensuales, casi 20.000 al año. El alcalde fue el que recibió la mayor cantidad en esos cuatro años y medio por su presencia en 223 de las reuniones: 18.190 euros, a unos 82 euros por cada una. 

Pero la celebración de las comisiones de coordinación y el pago de las dietas se lleva practicando desde 1991. Durante la investigación realizada, según fuentes conocedoras del proceso judicial, el auditor del Ayuntamiento facilitó información durante las diligencias previas en las que advertía de un gasto para las arcas locales de 215.000 euros en el periodo entre 2003 y 2016, lo que supone una media de más de 15.000 euros en cada ejercicio y un total que superaría el medio millón de euros, según denuncia también el PSOE. 

Ahora, el Consello de Contas exige al Ayuntamiento de Valga que "adecue al marco legal vigente" la comisión de coordinación en lo que tiene que ver con la delimitación de sus funciones y la no existencia de duplicidades, así como que se "establezca un régimen de indemnizaciones por asistencia atendiendo a las funciones y competencias encomendadas". Además, indica al Gobierno local la necesidad de la presencia de un funcionario público "que vele por la legalidad" de sus actuaciones, el "control interno" y la remisión de la información relativa al propio órgano fiscalizador.

"La asistencia a las reuniones de un grupo político forma parte de su autoorganización, pero que carguen al presupuesto municipal 75 euros por cada concejal del PP cada lunes no sólo es éticamente reprochable, sino que ahora el Consello de Contas nos da la razón al decir que esos pagos no son legales", asegura el PSOE de Valga, que afirma que en su formación siempre "han estado convencidos de la ilegalidad de los cobros". 

"Por eso desde 2015 trabajamos en la aclaración de este asunto", añade, tras recordar que el grupo socialista pidió "en reiteradas ocasiones" a los ediles conservadores que dejasen de cobrar las dietas, que cumpliesen la ley y que rindiesen cuentas al pleno de los acuerdos adoptados en esas reuniones".  

Ahora, el PSOE medita presentar una denuncia ante el Tribunal de Cuentas y reclamar que "todo el dinero público cobrado de forma irregular por los concejales conservadores sea devuelto a las arcas municipales". 

El contundente dictamen del Consello de Contas llega más de cuatro años después de que el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Caldas de Reis decidiera archivar la investigación abierta contra la mayoría del Gobierno local del Ayuntamiento de Valga por un presunto delito de malversación de fondos y prevaricación. La jueza, a pesar de expresar dudas sobre la legalidad de estos pagos, decidió sobreseer la causa en la que investigó al alcalde y a siete de los nueve ediles del PP de esta localidad pontevedresa por el cobro de importantes dietas por asistir a estas comisiones de coordinación.

El exinterventor del municipio ya había situado al margen de la ley estos pagos, que también fueron puestos en duda por Cosital durante la investigación. Incluso la propia jueza y la Fiscalía reconocieron el oscurantismo, los escasos datos y la falta de justificación de estas polémicas comisiones de coordinación en Valga. Pero la magistrada decidió sobreseer el caso tras la petición de archivo por parte de Ministerio Fiscal.

Más comisiones de coordinación en Galicia

Desde que se hizo pública la investigación, en otros municipios de Galicia también se ha descubierto la existencia de estas controvertidas comisiones de coordinación, cada uno de ellos sin regulación y todos bajo la sombra de la opacidad y la escasa transparencia. Tras el archivo de la causa, el PSOE local de Valga puso en conocimiento del Consello de Contas la situación de estas dietas irregulares el pasado mes de marzo. 

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El grupo socialista de Valga insistió varias veces en que las polémicas comisiones "no están amparadas por la ley" y que sólo existían como "sobresueldos" de los concejales del Gobierno. Desde este Ayuntamiento, pero también desde otros, se han denunciado los pagos por la asistencia a unas reunión de organización cuyos contenidos no suelen hacerse públicos y que, cuando se hacen, delatan su brevedad, la falta de concreción y su considerable coste. 

Una de estas comisiones en Valga, tomada como ejemplo, duró 40 minutos según el acta firmada por el secretario. Se trataron cuatro temas y asistieron ocho concejales a 60 euros cada uno. En total, 480 euros.

Aquí puedes leer el texto original en gallego.