Pérez de los Cobos se sale con la suya tras hacer su guerra a espaldas del ministro del Interior
La sentencia del Tribunal Supremo que anula el cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos por falta de confianza en un puesto de libre designación acaba de dar un enorme balón de oxígeno a quien como jefe de la Comandancia de Madrid decidió no informar en 2020 a sus superiores del “desarrollo” de investigaciones llevadas a cabo para una jueza sobre la celebración del 8M en los prolegómenos de la pandemia. El caso, que mantuvo imputado al entonces delegado del Gobierno en Madrid y al que cinco días antes del cese de De los Cobos se incorporó un informe de su equipo plagado de errores e inexactitudes, terminó archivado.
La sentencia del Supremo, cuyo contenido no se conoce aún, tumba otra anterior de la Audiencia Nacional que en 2021 había confirmado la legalidad de su destitución: la orden de cese estaba –ese fue el razonamiento central– suficientemente motivada tal como exige la ley. “Existe motivación y es suficiente, sin que se haya privado al cesado del conocimiento de la causa” de su destitución, concluyó por unanimidad en septiembre de 2021 la Sección V de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. El tribunal añadía un argumento de máxima relevancia cuya efectividad queda hoy en entredicho a la espera de que se conozca el texto completo del Supremo: "Habiendo quebrado la confianza –decía la sentencia–, no tiene sentido la declaración de reincorporación al destino". O sea, a la jefatura de la Comandancia de Madrid.
El ponente del Supremo que ahora da la razón a Pérez de los Cobos ha sido el magistrado de la Sala de lo Contencioso José Luis Requero, que saltó a la fama en 2005 cuando, como miembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PP, dirigió un informe contrario a la aprobación del matrimonio homosexual. Miembro del Opus Dei, Requero equiparó las bodas gais y la zoofilia. El informe fue retirado.
Con el volantazo anunciado este martes, y sin que quepa pronosticar todavía los pasos exactos que se verá obligado a dar el Ministerio, el alto tribunal restituye así la validez de otra sentencia, la primera de una lista en la que se han encadenado tres. En aquella primera resolución, un juez también de la Audiencia Nacional, Celestino Salgado, dictaminó el 31 de marzo de 2021 que el cese de Pérez de los Cobos había sido ilegal. La sentencia sostenía que había que reintegrarlo a la jefatura de la Comandancia madrileña y pagarle las cantidades que dejó de cobrar por ese puesto.
Como desveló el periodista Miguel González en su libro Vox SA, 48 horas después de aquella sentencia favorable a sus intereses, el coronel destituido se reunió a almorzar con destacados comensales de la extrema derecha: los dirigentes de Vox Javier Ortega Smith y Manuel Mariscal, el exsecretario general de Fuerza Nueva y la Fundación Franco y el presidente de Vox en Toledo. El primer día hábil tras aquella comida –narra el periodista–, Vox interpuso en el Supremo una querella contra el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por “desviación de poder”.
La querella no fue admitida. Pero una vez que el Supremo ha dado la razón al exjefe de la Comandancia de Madrid y hermano del único presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, cuya afiliación política –al PP– ha salido a la luz, tanto el PP como Ciudadanos y Vox exigen al Gobierno el cese o la dimisión fulminante de Marlaska. En la misma posición se sitúan sindicatos de la Guardia Civil. El titular de Interior, afirmó la número 2 del PP, Cuca Gamarra, no puede seguir ni un minuto en el Consejo de Ministros tras haber ordenado la “destitución política” de Diego Pérez de los Cobos se negó a responder en el Congreso sobre la gestión de los fondos reservados en el caso Kitchen. Es decir, aquel en que la llamada policía patriótica espió al extesorero Luis Bárcenas a partir de que se conociera la contabilidad B del PP.
Tras la entrada en escena del bloque conservador, Marlaska saltó de inmediato para dejar claro que ni piensa dimitir ni ha cambiado su planteamiento respecto al cese de Pérez de los Cobos el 25 de mayo de 2020. En los pasillos del Congreso, el ministro habló así: "Las razones objetivas que determinaron la pérdida de confianza y lo que se considera por parte del Ministerio falta de idoneidad por parte del coronel Pérez de los Cobos se mantienen en la actualidad".
Al igual que ya había hecho la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, tras el Consejo de Ministros, Grande-Marlaska pidió "respeto absoluto como procede en un Estado de Derecho a una resolución del más alto tribunal". Pero subrayó que hay que esperar a conocer el fallo íntegro de la sentencia. Fuentes de Interior aseguran que no cabe la opción de un recurso ante el Tribunal Constitucional.
La orden vigente desde que la aprobó Rajoy en 2012
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La propuesta de cese formulada en mayo de 2020 por la entonces directora de la Guardia Civil, la recién dimitida María Gámez, expresaba así los motivos: “(…) propongo el CESE del destino del Coronel D. Diego Pérez de los Cobos Orihuel como Jefe de la Comandancia de Madrid (Tres Cantos-Madrid) por pérdida de confianza de esta Dirección General y del Equipo de Dirección del Ministerio del Interior, por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Policía Judicial con fines de conocimiento.”
Lo sorprendente en la furibunda reacción del PP en cuanto Pérez de los Cobos fue destituido en 2020 -llegó a denunciar a María Gámez por prevaricación- es que, como desveló infoLibre, fue una orden del Gobierno de Mariano Rajoy la que a partir de marzo de 2012 obligó a la Guardia Civil a informar a Interior sobre sus investigaciones judiciales. La orden, vigente según fuentes de Interior, ordena a todas las unidades de policía judicial informar cada semana a la cúspide del Cuerpo sobre las operaciones en marcha.
Pero según relataron fuentes oficiales a este periódico tras el cese del jefe de la Comandancia madrileña, Pérez de los Cobos ofreció a sus superiores una versión falsa de lo que estaba haciendo su equipo en el caso sobre el 8M en Madrid y su incidencia en la propagación del virus. Sustentadas en la denuncia de un abogado más tarde condenado por estafar a clientes afectados por la cláusula suelo , la unidad policial bajo mando de Pérez de los Cobos aportó a la jueza instructora de las diligencias un informe repleto de bulos, noticias falsas y documentos oficiales cuya amputación alteraba el sentido del texto sobre lo que el Ejecutivo central sabía y dejó pasar respecto a la pandemia. Pero, siempre según fuentes oficiales, lo que le el alto uniformado transmitió a la cúpula de la Guardia Civil es que la magistrada había paralizado las actuaciones por el estado de alarma.
