Madrid subvencionó con más de 400 millones en diez años la educación segregada a la que el TC ha cerrado el grifo

"La diferencia de trato que se establece (...) está inspirada en valores constitucionales". Con estas palabras, el Tribunal Constitucional dio esta semana su visto bueno a la decisión del Ejecutivo central de prohibir a golpe de reforma educativa que los centros que separan a su alumnado por sexo puedan seguir recibiendo respaldo económico de las administraciones públicas. Un fallo que resulta de gran relevancia, sobre todo, en el centro del país. La Comunidad de Madrid es, con gran diferencia, la región donde más se apuesta por este modelo de segregación sexual. Tanto, que en los últimos diez cursos escolares ha destinado más de 400 millones de euros a colegios vinculados a instituciones religiosas alejados de la coeducación.

El respaldo a este tipo de escuelas siempre ha sido una de las señas de identidad de la comunidad. Desde hace mucho, mucho tiempo. El punto de inflexión se produjo con el desembarco de Esperanza Aguirre en la región. A partir de entonces, el apoyo se potenció notablemente. Se les cedió suelo público, se les subvencionó. Todo ello, bajo el manto de la tan cacareada "libertad de elección" de los padres. "¿También le molesta que los padres puedan elegir, si así lo quieren, que a las niñas las eduquen en una clase y a los chicos en otras? ¿Pero qué tiene de malo? ¿Por qué no se puede elegir?", repetía la baronesa cada vez que se ponía en cuestión ese modelo en su presencia.

Desde entonces, el apoyo económico de los diferentes Ejecutivos madrileños de corte conservador a los colegios que separan al alumnado por sexos no ha parado de crecer. En el curso 2011/2012, aún con Esperanza Aguirre en la Puerta del Sol, se destinaron a estos centros 27,89 millones de euros en forma de conciertos. Para este, según una respuesta parlamentaria del propio Gobierno, se cifraba el respaldo en en 51,68 millones de euros, casi el doble. Sin embargo, desde el Ejecutivo regional avisan de que dicha cifra ha quedado desactualizada porque media docena de centros avisaron empezado el curso de que se habían desvinculado de dicha práctica, por lo que el respaldo real descendería hasta los 36,2 millones, según informa El País*. Sería, por tanto, el primer ejercicio en el que dicho gasto se reduce.

Si atendemos a este cambio, el coste de los conciertos con este tipo de centros habría ascendido sólo en la última década a 403,9 millones de euros, algo por debajo de los 419,4 millones de euros que se calculaban oficialmente en noviembre, cuando el Ejecutivo aportó los primeros datos del presente curso.

En los últimos años, estos fondos han ido a parar a más de una quincena de escuelas. La gran mayoría están vinculadas al Opus Dei, ya sea perteneciendo a Fomento de Centros de Enseñanza –empresa próxima a La Obra– o bajo la fórmula por la que el centro se presenta como una "obra corporativa" del Opus. El resto, a otros grupos de corte religioso: Educatio Servanda, Movimiento Apostólico de Schoenstatt –organización católica nacida a principios del siglo XX en Alemania–, Grupo Chesterton o los Discípulos de los Corazones de Jesús y María.

Modelo que constituye "un retroceso"

Esta completa radiografía es fruto de las diferentes peticiones de información realizadas al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante esta legislatura por Agustín Moreno, diputado de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid. Siempre que tiene oportunidad, el histórico sindicalista carga con firmeza contra un modelo que constituye "un retroceso" tanto en términos "pedagógicos y educativos" como en "derechos humanos". Al otro lado del teléfono, Moreno rechaza con firmeza que se financie con fondos públicos un tipo de educación asentada sobre un modelo "patriarcal". De hecho, una investigación publicada en 2011 por la revista Science ya alertó de que la segregación podía fomentar el sexismo. Y refutó la idea de que este modelo mejorase los resultados académicos.

La reforma educativa impulsada a través de la Lomloe, conocida popularmente como ley Celáa, pone coto a este tipo de educación. Lo hace a través de su disposición adicional vigésima quinta: "Los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas". Un apartado de la norma recurrido por la ultraderecha que acaba de avalar el Constitucional. Para la corte de garantías, de la Ley Fundamental deriva "un modelo educativo pluralista". Ahora bien, eso no quiere decir que todos los modelos educativos "hayan de recibir ayudas". En definitiva, no pone pegas a que el legislativo pueda cerrar el grifo de fondos públicos para este tipo de centros.

Está por ver ahora cuáles pueden ser, en este sentido, los efectos de la Lomloe sobre Madrid tras el aval del Constitucional. Poco antes de la entrada en vigor de la norma, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso tiró de decreto y blindó los conciertos educativos elevando su duración hasta los diez años –en concreto, hasta 2027–. Y un año después aprobó la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa, un texto en el que se recalca que "no constituye discriminación la admisión de alumnos o la organización de la enseñanza diferenciada por sexos" y que no excluye a los centros que segregan por sexo a la hora de acogerse "al régimen de conciertos". "Nosotros pedimos al Gobierno central que recurriera la norma ante el Tribunal Constitucional, pero no lo hicieron", lamenta Moreno.

El número de centros cae al calor de la Lomloe

A pesar del impulso en suelo madrileño, lo cierto es que el número de escuelas a nivel nacional que separan a niños y niñas se ha reducido al calor de la Lomloe. Según los datos recopilados hace justo un mes por la agencia de noticias EFE a través de las distintas comunidades autónomas, en el presente curso se contabilizan alrededor de medio centenar de colegios de este tipo. En el 2018/2019, esa cifra se situaba en 87. Y un par de años más tarde, según publicó infoLibre, en 69.

Un fortín del Opus con cargo al Estado: La Obra domina la concertada que separa por sexos con 62 de 69 centros en su órbita

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Algunos territorios ya han acordado dejar de financiar con fondos públicos la educación segregada a partir del próximo curso escolar. Así lo han anunciado Baleares y Euskadi. También lo ha hecho Asturias, donde se otorgará un año de plazo a los centros para que cambien a un modelo mixto en las etapas superiores a primero de infantil y primero de primaria –en estos dos casos, la coeducación será obligatoria para recibir apoyo público a partir del próximo curso–. En Navarra, el Ejecutivo regional ya ha comunicado a los dos centros del Opus Dei que segregan por sexo que dejará de financiar el ciclo de Bachillerato a partir del próximo curso. Sin embargo, ha acordado prorrogarlo en los niveles de Primaria para garantizar la continuidad del alumnado.

Eso sí, en el caso navarro estos colegios deberán empezar a partir del próximo curso a tener un modelo mixto en los dos primeros niveles de Primaria, de forma que la entrada de la coeducación sea progresiva. Un cambio de sistema por el que han apostado también nueve escuelas en Cataluña para seguir manteniendo el respaldo público.

*En una primera edición, se cifró el total de subvenciones en 419 millones de euros atendiendo a los datos oficiales aportados vía transparencia por el Gobierno regional a la Asamblea de Madrid. Sin embargo, seis centros han avisado en mitad del curso de que se han desvinculado de este modelo, por lo que la cifra real se reduce a 403,9 millones.