Los SCRAP o cómo Europa ha privatizado las políticas de gestión de residuos

Ubicada en el mismo edificio parisino que la lujosa tienda Galerie Lafayette y frente a un teatro de ópera, resulta un escenario poco previsible para una empresa sin ánimo de lucro que se ocupa de los residuos cotidianos. Citeo es un poderoso SCRAP, un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor, entidades encargadas de planificar el final de la vida útil de los envases, cuando se convierten en residuos. Definidas por leyes europeas y estatales, los SCRAP suelen ser organizaciones sin ánimo de lucro, pero están controladas por productores que mueven miles de millones de euros. Coca-Cola, Unilever y Nestlé figuran entre los accionistas de Citeo. En España, Ecoembes es el SCRAP para envases ligeros.

Estas entidades se financian mayoritariamente con la cuotas de sus miembros, que se calculan a partir de la cantidad de envases que se ponen en el mercado al vender agua embotellada, refrescos o golosinas. El dinero se supone que sirve para financiar la recogida local de residuos y ayuda a acelerar los procesos de reciclaje. Pero los esfuerzos de la UE por reciclar no avanzan y los SCRAP son cada vez más criticados.

La mayoría de los países está muy por debajo de los objetivos de reciclaje de la Unión Europea, donde se producen ahora más residuos de envases de plástico que hace una década, y el 60% sigue sin reciclarse.

Periodistas de infoLibre y de Investigate Europe, dentro de una amplia investigación sobre la amenaza de los residuos de plástico en Europa, analizaron el funcionamiento de los SCRAP (puedes leer aquí todos los reportajes de nuestra investigación).

Entre las críticas que reciben los SCRAP destacan las de no pagar lo suficiente a los ayuntamientos que gestionan sus residuos y declarar cantidades de puesta en el mercado de envases inferiores a las reales, mientras que miles de toneladas de plástico siguen sin contabilizarse en los sistemas gestionados por estas empresas.

"El problema", destaca Flore Berlingen, ex directora de Residuos Cero Francia, "es que hemos privatizado las políticas de gestión de residuos entregándolas a estas organizaciones. Lo que debería ser una cuestión de opciones y debates de política pública se ha ido delegando poco a poco".

Los SCRAP se encargan de que los contaminadores paguen un precio por producir o vender artículos de plástico. Esta idea de política preventiva se remonta a los años noventa del siglo pasado y se denomina Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP).

La Comisión Europea amplió el concepto en su directiva sobre residuos de 2008, en la que pedía centrarse en el diseño de los productos "para reducir su impacto ambiental". Pero no se fijaron objetivos obligatorios. "Hace 20 años que faltan medidas para prevenir los residuos", afirma Helmut Maurer, antiguo experto de la Dirección de Economía Circular de la Comisión Europea. "En lugar de eso, nos hemos concentrado totalmente en el reciclaje".

Ayuntamientos sin fondos suficientes

En muchos países, los SCRAP también gestionan el negocio del reciclaje de plásticos y envían el material no reciclable a incineradoras o vertederos. Estas organizaciones suelen decidir cuánto pagan los productores y pueden operar como cuasi monopolios, dictando cuánto se paga a las autoridades, a las plantas de clasificación y a las empresas de reciclaje.

En Francia, Citeo recauda tasas de Danone y otras multinacionales antes de distribuir la mayor parte a las autoridades locales que supervisan la recogida y el reciclaje de residuos. Sin embargo, los municipios se quejan de que los fondos no son suficientes, y las ONG acusan a los gobiernos de permitir que los productores "hagan recaer sobre los contribuyentes los costes de recogida de los plásticos".

"Si comparamos los 1.600 millones de euros de costes netos con los aproximadamente 644 millones que las corporaciones locales recibieron de Citeo en 2021, nos encontramos con que aún les quedan 1.000 millones por pagar", afirma un portavoz de Amorce, el principal sindicato de entidades locales de Francia. Citeo indicó que no puede hacer comentarios sobre el caso, pero añadió que en 2021 apoyó a las autoridades locales con 847 millones de euros. Un portavoz añadió: "A través de estas eco-contribuciones de los comercializadores, Citeo financia el 73% de los costes brutos de referencia de la recogida, clasificación y tratamiento de los envases domésticos."

Los municipios noruegos no están mucho más contentos. "Pagamos más de mil millones de coronas noruegas [unos 88,6 millones de euros] al año por gestionar residuos de envases de plástico que deberían haber financiado los productores", denuncia Svein Kamfjord, director de Samfunnsbedriftene, organización que agrupa a las empresas públicas de residuos. Plastretur, la mayor empresa de residuos de Noruega, defiende en cambio que la compensación es correcta por ahora y "fruto de los acuerdos con los municipios". Sin embargo, Plastretur apoya la petición de los ayuntamientos de que las autoridades definan claramente cómo debe interpretarse en Noruega la nueva normativa de la UE sobre quién pagará qué, indica su director general, Karl Johan Ingvaldsen.

En Italia también se critica al principal SCRAP, Conai, y a su filial de plásticos, Corepla. Un responsable de residuos de una gran ciudad italiana afirma que "los costes de recogida de plástico son 2,5 veces superiores a la contribución recibida de Corepla".

Por su parte, un empleado de Anci, la asociación de municipios italianos, critica que Conai rechazó su petición de destinar los fondos locales a campañas de prevención de residuos. En su lugar, todo el dinero recibido debe destinarse a campañas de reciclaje.

Los productores pagan poco por contaminar

Mientras las ayudas económicas a los ayuntamientos parecen deficientes, los asociaciones de productores mantienen bajas las tarifas para sus miembros. Conai dice estar orgullosa de tener los precios más bajos de Europa. Pero su dominio se ha visto amenazado recientemente. Se centraba en el plástico PET, que es el más fácil de reciclar y se encuentra en la mayoría de las casi 14 millones de botellas de agua que se venden en Italia cada año. En 2022, los productores pagaban a Conai 150 euros por tonelada de plástico PET. Un año después bajó a 20 euros. Ahora, un competidor, Coripet, se dirige a los miembros de Conai ofreciendo precios de 16 euros por tonelada.

Es poco probable que unos costes tan bajos animen a los productores a fabricar menos plástico. Aunque el plástico reciclado ha aumentado enormemente en la UE, el 93% de todo producido en el mundo sigue siendo virgen, que es mucho más barato.

Otro asunto polémico tiene que ver con el hecho de que algunos SCRAP, como organismos responsables de los datos sobre el volumen de plástico puesto en el mercado, ayudan a calcular las estadísticas nacionales de reciclaje.

Si la cifra comunicada es inferior a la real, la tasa de reciclaje aumenta automáticamente, ya que mide cuánto material se recupera de la cantidad total puesta en el mercado. En el caso de los plásticos, a partir de 2021, la tasa también determina el importe del impuesto europeo sobre el plástico que los Estados pagan al presupuesto comunitario.

En Portugal, Rui Berkemeir, especialista en residuos de la ONG Zero, encontró discrepancias entre las tasas de reciclaje y las toneladas de plástico puestas en el mercado. Al final, "la tasa de reciclaje de envases de plástico en los residuos municipales era del 15% y no del 44,3%, como anunciaba el Estado", afirma Berkemeir. "Los distintos gobiernos y la APA [la agencia estatal que supervisa los residuos] hacen la vista gorda ante la infradeclaración de envases", añade.

En España la sospecha sobre la veracidad de los datos facilitados por Ecoembes también es una constante de los últimos años [en este reportaje de nuestra serie puedes leer una explicación detallada sobre este tema].

El problema del fraude

Los SCRAP deberían encargarse de garantizar que todos los productores y minoristas de plástico se adhieran a los sistemas. Puede ser un reto difícil cuando algunas empresas de plásticos operan cerca o dentro del mercado negro.

"El frade es un problema enorme", denuncia Joaquim Quoden, director general de Expra, la organización europea que aglutina a los diferentes SCRAP nacionales. "En algunos países es del 5% al 10%, en otros llega al 50%".

Grønt Punkt, con sede en Oslo (Noruega), informó de que casi 80.000 toneladas de envases de plástico domésticos fueron puestas en el mercado por sus miembros en 2022. La empresa calcula que otras 60.000 toneladas no se declararon ni se pagaron. 

La española Ecoembes, por su parte, calcula que el fraude alcanza el 15%.

La Conai italiana, que también es un SCRAP para otros productos, informó recientemente de que recuperó 20 millones de euros en por el cobro de tarifas no declaradas en 2021. El grupo afirmó haber recaudado 1.500 millones de euros en todos los sectores.

La máquina del lobby

Una parte del dinero que reciben los SCRAP se destina a fiscalizar las normativas de la UE destinadas a abordar el creciente problema de los residuos plásticos.

"Desde el punto de vista de la eficiencia, lo lógico sería tener un único lugar donde recopilar datos, cumplir los objetivos de reciclaje y gestionar las incineradoras", explica Janine Röling, de la ONG neerlandesa Recycling Netwerk. "En realidad, los SCRAP se han convertido en grupos de presión que representan los intereses de los productores".

Citeo gasta anualmente hasta 200.000 euros para tareas de cabildeo en Bruselas, Ecoembes hasta 300.000 y Expra hasta 400.000. Citeo y Expra firmaron en 2018 una declaración junto a importantes nombres de la industria para intentar diluir la Directiva de la UE sobre plástico de un solo uso.

Por su parte, Conai está realizando una campaña activa contra el sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) de botellas de plástico propuesto en el Reglamento de envases que se está debatiendo ahora en las instituciones comunitarias, calificándolo de "duplicación innecesaria de costes económicos y medioambientales".

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A pesar de todos estos problemas, la mayoría de los gobiernos parecen contentos con los actuales SCRAP. Sin embargo, las cosas podrían cambiar en los próximos años. La Directiva europea de residuos de 2018 establece que, para finales de 2024, todos los Estados miembros tendrán que establecer sistemas que cubran "todos los costes necesarios de recogida, clasificación y reciclaje", incluido el conocido como littering o basura dispersa, lo que supondría unos costes adicionales no deseados para el sector. En España, la normativa estatal ya está aprobada y entrará en vigor a principios del próximo año.

Janine Röling opina que el sistema debería reformarse desde la raíz: "Los SCRAP deben modificarse drásticamente para incluir a todas las partes interesadas, municipios, representantes del gobierno, empresas de reciclaje, expertos en ecodiseño".

En Bruselas se esperaba una reforma de la RAP para la próxima Directiva sobre residuos, que la Comisión presentará en primavera. Pero ahora es poco probable que salga adelante. Con un Reglamento sobre envases ya sobre la mesa, los responsables políticos y los productores de envases ya estarán más que ocupados.