La asociación de Aguirre para la que trabajó Ayuso deja sin pagar 32 millones al Gobierno de Madrid
Un informe de la Cámara de Cuentas de Madrid ha desvelado que la asociación Madrid Network, creada como “Red de Innovación de la Comunidad” por el Gobierno de Esperanza Aguirre y para la que trabajó Isabel Díaz Ayuso, lleva desde 2018 sin pagar las cuotas por el préstamo de 80 millones de euros que siete años antes le había concedido el Ejecutivo autonómico. Relativo a las cuentas madrileñas de 2021, el informe cifra las “cuotas impagadas” por la asociación hasta ese ejercicio en 32.252.000 euros.
Lo único que la Consejería de Hacienda de Madrid ha confirmado tras las preguntas formuladas el martes por infoLibre es que la asociación tampoco ha satisfecho las cuotas de 2022 y 2023. La deuda puede por tanto rondar ya los 50 millones dado que el cuadro de amortizaciones incorporado al convenio original fija en 9,091 millones el pago anual a partir de 2018 y dado que, por razones desconocidas, del cómputo de los impagos se infiere que las contribuciones se vieron rebajadas hasta quedarse en una media de 8 millones por ejercicio.
Ni el Gobierno de Díaz Ayuso ni Madrid Network han accedido a revelar la cuantía exacta del dinero público que adeuda la asociación, cuyas cuentas no son públicas y que mantiene varios recursos judiciales contra la Administración madrileña en relación a las cuotas impagadas. El Ejecutivo autonómico ha dictado estos años órdenes administrativas de pago –eso es lo que ha recurrido Madrid Network ante el Tribunal Superior de Madrid (TSJM)– pero no consta que haya acudido a la vía judicial para exigir el abono de lo adeudado. Lo que sí hizo en el ejercicio fiscalizado (2021) y así consta en el informe de la Cámara, fue dotar una provisión de fondos "por el total de los importes impagados". De qué partida presupuestaria salieron los 32,25 millones de esa provisión es, de momento, un misterio.
De Imade a Madrid Network
Los 80 millones de dinero público que a partir de 2011 quedaron en manos de Madrid Network procedían del Gobierno central, entonces presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, y tenían como objeto impulsar la innovación empresarial. ¿Cómo? Ofreciendo créditos muy baratos –la asociación recibió el préstamo a un interés del 1,232%-–y periodos de carencia de cinco años. Los fondos llegaron a Madrid tras la firma en octubre de 2010 de un convenio suscrito por el Ministerio de Ciencia y Tecnología con el Imade, un organismo público de la Administración autonómica madrileña.
Apenas dos meses después de aquel acuerdo, Esperanza Aguirre anunció la fulminante extinción del Imade, que tras el estallido del caso Púnica se vio en el centro del huracán por supuesta financiación ilegal del PP. ¿Qué ocurrió entonces con los 80 millones? Pues que a través de otro convenio, el Gobierno de Madrid derivó su gestión a la opaca entidad público-privada Madrid Network. Según sus estatutos fundacionales, la propia Consejería de Hacienda ejercía la presidencia de la asociación. Cuándo se modificaron esos estatutos y cuándo la Administración madrileña rompió amarras formales con la asociación tampoco ha trascendido.
Tanto el Imade como Madrid Network tuvieron al frente a Aurelio García de Sola, uno de los antiguos altos cargos de la Comunidad que junto con Esperanza Aguirre terminaron investigados en el caso Púnica por la presunta financiación ilegal del PP. Hasta 2010, Imade controlaba la sociedad de garantías Avalmadrid, a cuyo consejo de administración y a su comisión ejecutiva perteneció García de Sola entre marzo de 2006 y febrero de 2011. Fue en 2011 cuando el padre de Isabel Díaz Ayuso solicitó un aval por 400.000 euros que se le concedió pese a que un informe interno desaconsejaba su concesión. Como publicó infoLibre, ni el crédito fue devuelto ni se embargaron los bienes de los progenitores de Ayuso, que le donaron uno de los pisos sujetos a una eventual incautación por impago.
A la mayoría de los altos cargos investigados en la pieza de financiación ilegal –entre ellos, Aguirre y García de Sola– el juez instructor del caso, Manuel García Castellón, acabó librándoles de un procesamiento en octubre pasado.
Créditos para altos cargos
La lista de beneficiarios de créditos de Madrid Network también incluía nombres de la alta Administración madrileña. Entre ellos, el exconsejero de Sanidad Manuel Lamela, artífice años atrás de la caza de brujas contra médicos del hospital Severo Ochoa de Leganés –el equipo del ahora ya fallecido Luis Montes–, a los que acusó de matar a pacientes mediante sedación irregular. Al igual que Lamela, también obtuvo dinero de Madrid Network Ildefonso de Miguel, mano derecha de Ignacio González en el Canal de Isabel II. Ambos, González y De Miguel, acabaron imputados en el caso Lezo. Y Lamela, en Púnica, pero el juez García Castellón lo dejó fuera del caso al mismo tiempo que a Aguirre, a García Sola y a alrededor de otros 70 investigados.
Ni Lamela ni De Miguel devolvieron el dinero a Madrid Network. En 2021, el diario El País destapó que los préstamos fallidos concedidos por la entidad ya se habían comido 20 millones. Y que, según el Gobierno de Madrid, a principios de 2019 eran ya 26 las empresas que habían dejado de pagar a la asociación.
Mucho antes de que aquello se supiera y antes incluso de que las sombras de sospecha planearan sobre Madrid Network, la asociación había contratado para su departamento de comunicación y con un sueldo mensual de 4.219 euros a Isabel Díaz Ayuso, hasta entonces asesora de quien ostentaba el cargo de consejero de Justicia, el hoy procesado Alfredo Prada. En Madrid Network permaneció la joven política hasta mayo de 2011. Al mes siguiente, entró como diputada en la Asamblea de Madrid.
Desde 2018 sin devolver ni un euro
Pero lo que hasta ahora había pasado inadvertido es justamente lo que ha puesto sobre la mesa la Cámara de Cuentas: que Madrid Network lleva desde 2018 sin devolver ni un euro de la formidable bolsa de dinero público que, a tenor del convenio original con el Ministerio que entonces dirigía Cristina Garmendia, debería haber quedado sujeto a una gestión estrictamente pública.
Este diario contactó el martes tanto con la Consejería de Hacienda de Madrid como con Madrid Network, a la que desde tiempo atrás el Ejecutivo de Ayuso define como una asociación privada con la que poco o nada tiene que ver. Las fuentes consultadas en el Ejecutivo autonómico rehusaron contestar a las siguientes preguntas. La primera, esta: por qué, si según el convenio de 2011, a partir de 2018 la cuota anual de pago obligado para Madrid Network ascendía a 9.091.980,60 euros, al cierre de 2022 la deuda acumulada ascendía a 32,2 millones y no a 36,3 millones. La segunda pregunta enlaza con los litigios judiciales donde Madrid Network lleva la voz cantante en defensa de sus intereses: si por iniciativa propia ha dado la Comunidad de Madrid algún paso ante los tribunales para recuperar ese dinero.
Opacidad y trabajos a medio hacer: los 'chiringuitos' de Madrid, un agujero de fondos públicos
Ver más
Tras el silencio respecto a ambas cuestiones y otras y tras ver confirmado que Madrid Network tampoco ha pagado la cuota de 2022 ni la de 2023, este diario pidió a la Consejería de Hacienda que confirmase o desmintiera que el monto global de deuda ronda ya los 50 millones. ¿Por qué? Porque la cuota anual a partir de 2018 y hasta 2026 es siempre la misma según el convenio y en consecuencia se eleva a ocho millones. Tampoco aquí hubo respuesta.
"Discrepancias sobre el importe"
En su contestación a las preguntas formuladas por infoLibre, portavoces de Madrid Network respondieron que el impago de cuotas anuales obedece a “discrepancias surgidas sobre su importe” y a que el Ejecutivo madrileño no ha tenido en cuenta “un reintegro parcial de varios millones de euros que esta asociación realizó a la Comunidad de Madrid en 2016”.
Ese reintegro, cuyo importe tampoco ha querido detallar Madrid Network, “debiera haber ido acompañado de una modificación de la cuantía de las mismas [las cuotas anuales], circunstancia esta que, sin embargo, no se produjo”. “Al no tenerse en cuenta esta devolución –prosigue la fuente–, nuestra asociación seguiría adeudando esa cantidad ya devuelta hace años y además tendría que seguir abonando intereses por ella (como si no la hubiera devuelto)”.
