La banca se frota las manos ante un gobierno de PP y Vox que no renueve el impuesto sobre los beneficios récord

“¿La banca se compromete con su país y hacen un pequeño sacrificio? No”, afirmó rotunda Yolanda Díaz, a finales de noviembre de 2022, tras alcanzar el Gobierno un acuerdo con las entidades financieras para socorrer a los hipotecados en apuros. Las negociaciones desgastaron a los bancos, que han criticado abiertamente la “criminalización” que hacen "algunos políticos" de las hipotecas. Con el gravamen extraordinario recurrido ante la Audiencia Nacional y la ley de Defensa del Cliente Financiero paralizada, el cambio de Gobierno tiene en vilo a las entidades. 

El PP tachó en su momento el impuesto de “irracionalidad fiscal”. No se quedó ahí, lo calificó de: “Viaje a ninguna parte”, “la ilógica más absoluta”, “engendro jurídico”, “persecución subjetiva”, “felonía fiscal”, entre otros calificativos. El popular Mario Garcés, portavoz adjunto de su grupo parlamentario, se explayó contra la medida en el primer debate parlamentario que se llevó al Congreso de los Diputados. Garcés consideró que la norma responde a una economía “planificada arbitraria y doctrinaria”, materializado en un “programa fiscal a la carta”, creado a partir de prejuicios “que comparte el comunismo más bilioso del siglo XX” y cuyo único fin es “que no haya ricos”. 

Tanto PP como Vox han negado la existencia de “beneficios caídos del cielo” para las entidades financieras. Estos beneficios provienen del encarecimiento de las hipotecas variables, como consecuencia de las subidas de tipos de interés, promovidas por el BCE para luchar contra la inflación provocada por las crisis financiera resultante tras la invasión de Ucrania. Los partidos conservadores, sin embargo, consideran que el mero encarecimiento de las hipotecas forman parte de los beneficios regulares de los bancos y que ya está gravado por el impuesto de sociedades. 

Pese a esto, Alberto Núñez Feijóo no se ha posicionado explícitamente sobre qué haría en caso de estar en el Gobierno. Al estar recurrido a la Audiencia Nacional, las entidades financieras y su patronal evitan pronunciarse sobre este mecanismo fiscal.  Este periódico ha tratado de consultar tanto a las entidades financieras, como al Partido Popular, sin éxito. 

En el sector lo resumen todo en “inseguridad jurídica”. Por el impuesto extraordinario, con motivo de los beneficios récord obtenidos en 2022 como consecuencia del repentino e intenso aumento de los tipos de interés. Las entidades han pagado ya de manera anticipada unos 800 millones de euros, a cuenta de unos 20.489 millones de beneficios obtenidos en el ejercicio 2022. Pero también ante el temor permanente de que un Ejecutivo con Unidas Podemos en su composición podría haber tomado nuevas medidas para gravar más sus cuentas y dar mayor cobertura a las familias con cuotas hipotecarias.

La esperanza de la banca: que el PP tumbe el impuesto (o no)

“No es posible establecer impuestos con carácter retroactivo, pero sí derogarlos”, apunta José María Mollinedo, portavoz de la Asociación de Técnicos de Hacienda (Gestha). “Lo que no va a hacer ningún Gobierno es devolver lo que ya está ingresado”, añade Mollinedo. A instancias del nuevo Gobierno, una nueva composición del Parlamento podría tumbar el impuesto a la banca, si la nueva mayoría resultante del 23-J es proclive. Como toda ley, esta nació en las Cortes y en las Cortes puede morir si las correlaciones de fuerzas cambian. 

El impuesto consiste en un gravamen del 4,8% sobre los intereses y las comisiones destinado a las entidades financieras que facturaran más de 800 millones de euros en 2019. Fue presentado en verano por el Gobierno de coalición, aprobado a finales de año y cobrado de manera anticipada en febrero, en concepto de 2023. La banca ha pagado, pero lo ha recurrido a la Audiencia Nacional, y está a la espera de una resolución. Queda pendiente, por tanto, que la justicia avale o tumbe el pago de 2023 y, en el primer caso, que se cobre el próximo año el correspondiente a 2024.

“El de 2023 ya está pagado de manera anticipada, pero un nuevo Gobierno podría decidir si se mantiene o no. No cabe pensar en que una reedición del Gobierno de coalición lo vaya a modificar, pero uno nuevo podría tenerlo en la agenda”, explica Mollinedo. “No obstante, hay que tener en cuenta que los partidos tienen un discurso cuando están en la oposición y otra cuando llegan al Gobierno. Por ejemplo, cuando gobernaba Rodríguez Zapatero, el PP estaba en contra de las subidas del IVA y de la escala del gravamen del IRPF. Pero cuando llegaron al Gobierno, aprobaron subir más los gravámenes extraordinarios del IRPF, como medida para contener el déficit”, explica. 

“Podrían no renovarlo, pero sí mantener los ingresos”, apunta Antoni Garrido, catedrático de Economía Aplicada de la Universitat de Barcelona y un experto en el sector bancario. “El problema de España es que tiene un déficit que va más allá del contable, que es estructural. Gastamos cuatro puntos del PIB más de lo que ingresamos. Eso solo hay dos maneras de atajarlo: o gastando menos o ingresando más. Por eso creo que [si el PP llegara al Gobierno] se anotaría el tanto ante la banca de que no lo va a renovar, pero se quedan con lo ya ingresado para el equilibrio presupuestario”, apunta el catedrático.

La ley de defensa del cliente financiero queda en suspenso

Una de las leyes que han quedado suspendidas por el adelanto electoral es la Ley de Defensa del Cliente Financiero, cuyo fin es crear una autoridad independiente que provea de mecanismos extrajudiciales para resolver conflictos entre la banca y sus clientes. Por ejemplo, la detección de cláusulas abusivas en un contrato. Las subidas de tipos de interés, iniciadas en julio, están empezando a impactar en los últimos meses en las cuotas de las familias que estén hipotecadas a tipo variable, suponiendo, según cálculos de las asociaciones de consumidores, un aumento medio de más de 200 euros por familia. El cambio sobrevenido a tipo fijo supone renegociar condiciones con las entidades, lo que abre la puerta a los conflictos en los que esta autoridad podría intervenir, a petición de los denunciantes. 

“En este sentido, el anteproyecto de ley como está planteado no es muy radical”, explica el catedrático Garrido. “La redacción del mismo fue un equilibrio que el banco ha ido aceptando, también porque estaba el Banco de España mediando… Si hay un nuevo Gobierno, no creo que haya cambios sustanciales. Eso sí, esto es como todo. La banca negocia, participa y tiene mucho poder. Aceptan este tipo de leyes cuando ya han influido en la redacción, que sea una cosa que consideren razonables para ellos. Una vez rebajada la carga, se apuntan y quedan como unos señores”, explica el catedrático, en referencia a que ante una nueva mayoría parlamentaria podría reescribir partes de la norma en un sentido más afín. 

La banca inicialmente rechazó la creación de una figura que proteja a los clientes, porque ya consideran que existen organismos dispuestos a tal fin. Las asociaciones de consumidores financieros, no obstante, no han dejado de presionar para su aprobación, ya que ven un instrumento útil para que los clientes puedan poner coto a las malas prácticas de las entidades. El objetivo es dirimir en menos de 90 días los conflictos ante reclamaciones por importes inferiores a 20.000 euros. 

Una de las asociaciones que han defendido esta norma es la Plataforma de Mayores y Pensionistas que han considerado que esta ley da respuesta a un actual “sistema de reclamación fallido” y esperan que aumente “la buena diligencia por parte del conjunto del sector financiero en los servicios de atención al cliente”, para evitar quejas y reclamaciones. El secretario general de la patronal bancaria, Javier Rodríguez Pellitero, durante una intervención en el Congreso de los Diputados, calificó la norma de “exigente” y defendió que no puede suponer un “sistema alternativo de resolución de litigios” al margen de la justicia. La norma quedará a la espera de que una nueva mayoría parlamentaria configure su final.

La “criminalización” de las hipotecas

Los bancos, que no suelen hacer valoraciones políticas en abierto, sí se han quejado en numerosas ocasiones a través de sus patronales del trato que reciben por parte de “determinados” políticos y también medios de comunicación. Consideran que tras la crisis financiera resulta fácil culpar a las hipotecas de todos los males de los ciudadanos: “Esto no son tipos altos, es una broma”, sostuvo Rodríguez Pellitero, el portavoz de la patronal bancaria. Estas afirmaciones las dijo en noviembre, cuando los tipos de interés estaban en el 2% [ahora están en el 3,75%] “Casi cualquier medio de comunicación abre las noticias de ‘dramáticas’ subidas de tipos de interés y de las cuotas hipotecarias”, criticó. 

“Es verdad que los ciudadanos tienen problemas, pero no son principalmente derivados de las subidas de tipos de interés. Será la gota que colma un vaso que ya viene lleno”, añadió Rodríguez Pellitero. El portavoz de la patronal bancaria se basa en la tasa de morosidad, que está en mínimos de la última década, para concluir que la cuota hipotecaria no supone un problema para los ciudadanos. Y critica: “La reacción inminente de la clase política es mirar hacia la hipoteca y decir qué vas a hacer tú para solventar este problema que has creado”. 

Los beneficios de la gran banca multiplican casi por 20 los 1.200 millones que pagará por el nuevo impuesto

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En los últimos meses, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha sido, dentro del Gobierno, el azote de los bancos. En febrero, calificó de “obscenos” los beneficios del sector financiero, que multiplicaron por 20 la cuantía que el Gobierno espera recaudar con el gravamen extraordinario. En abril, registró una proposición de ley para imponer la gratuidad del paso de hipotecas variables a fijas. A mediados de mayo, propuso duplicar el impuesto extraordinario para gravar hasta un 9,6% sus beneficios, frente el 4,8% actual, con el objetivo de crear un fondo para las familias hipotecadas: “El dinero del rescate que la banca aún no ha devuelto. Nos enfrentamos a una oleada de impagos que sólo traerá dolor”, sostuvo. 

Este tipo de propuestas, según el sector financiero, logra “desincentivar” a las entidades financieras para que produzcan hipotecas y que estas lleguen a determinados colectivos. “Son actitudes poco justificadas de la política, que amenazan a la hipoteca”, calificó Rodríguez Pellitero. “Estar en un entorno del 2%, del 3%, del 4%, me parece que no es para echar campanas al aire, ni para que nos alarmemos, ni para que nos echemos las manos a la cabeza. Un mercado hipotecario en esos niveles es fenomenal y sanísimo”, añadió Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria Española. 

“Sí, está clarísimo que un Gobierno del PP rebajaría mucho el discurso a la hora de culpar a la banca”, añade el catedrático Antoni Garrido. “En el Gobierno tampoco es lo mismo cuando habla Nadia Calviño que cuando habla un miembro de Unidas Podemos, son dos visiones. Pero está claro que en un nuevo Gobierno no existirían estas dos visiones, sería más business friendly, más afín a los negocios. El sector tiene la reputación por los suelos, hay motivos por los que se los ha ganado a pulso. Es evidente que la banca agradecería un cambio de Gobierno que suavice su discurso”, concluye el catedrático.