Menos ministros no equivale a menos Gobierno: la trampa de Feijóo cuando promete un Ejecutivo más pequeño

Reducir el tamaño del Gobierno para poner fin al supuesto despilfarro de Pedro Sánchez acaba de reincorporarse al argumentario del PP. El objetivo vuelve a ser acusar al Ejecutivo de dilapidar recursos cuando la deuda pública y el déficit siguen siendo elevados. Lo que no dicen Alberto Núñez Feijóo y sus colaboradores es que suprimir ministerios apenas tendrá repercusión en el presupuesto.

¿En qué Gobierno está pensando Feijóo? La forma de organizar el Ejecutivo que practicaba Mariano Rajoy y la que el propio presidente del PP aplicaba en la Xunta de Galicia dan algunas pistas sobre su modelo. Y, al mismo tiempo, anticipan una redistribución de responsabilidades que retrata cuáles son sus prioridades (y cuáles no) si consigue gobernar, solo o con Vox. 

Para pasar de 22 “a 13 o 14” ministerios en el marco de un plan para “acometer de inmediato una reducción del gasto burocrático”, el candidato del PP tendrá que agrupar competencias hasta suprimir ocho o nueve departamentos. De momento, según la escasa información que él mismo ha ido facilitando a lo largo de los últimos meses, es seguro que son siete los ministerios actuales que quiere degradar a secretarías de Estado o direcciones generales: Igualdad, Consumo, Universidades, Ciencia, Cultura, Seguridad Social (ahora con Inclusión y Migraciones) y Derechos Sociales (ahora con Agenda 2030). 

Feijóo, en contra de lo que trata de hacer creer, no puede simplemente suprimir de un plumazo estos departamentos, que son además los que menos presupuesto tienen. ¿Dónde los va a ubicar? Rajoy tenía Igualdad en Sanidad y Feijóo en Economía y Empleo. Universidades, Cultura y Ciencia el PP siempre acostumbra a situarlos en Educación. El actual líder del PP ha mostrado su preferencia por reunificar Empleo y Seguridad Social y buscará ubicación para Asuntos Sociales, probablemente en Sanidad, como hacía Rajoy.

Queda por ver si también degradará los Ministerios de Transición Ecológica y Política Territorial. El primero puede pasar a formar parte de Fomento (el actual Ministerio de Transportes) o de Agricultura, según el modelo que elija Feijóo, y el segundo integrarse en el de Presidencia, como ocurría en la época de Rajoy.

¿Gasto “superfluo”?

Para llevar a cabo esta reordenación, Feijóo ha planteado un único argumento: reducir gastos que considera superfluos en un momento de dificultad para los ciudadanos. ¿Pero suprimir “al menos” siete de los 22 ministerios que forman el Gobierno de España supone un ahorro significativo en un país con un presupuesto anual que supera los 455.978 millones de euros? Los datos demuestran que no, porque lo único que reducirá no es el presupuesto de los ministerios sino el salario de sus máximos responsables porque pasarán de ser ministros a secretarios de Estado o directores generales. 

La supresión de ministerios no implica su desaparición, en contra de lo que PP y Vox tratan de hacer ver cada vez que se refieren a este asunto. La supresión del Ministerio de Consumo, por ejemplo, no implicaría el despido de los funcionarios que trabajan en este departamento –474 personas, según datos de 2021— ni el ahorro de las partidas presupuestarias que tiene asignadas (65 millones de euros para el año 2023). 

Degradar el departamento, para que deje de ser ministerio y vuelva a la condición de Secretaría de Estado que tenía hasta 2020 dentro del antiguo Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, apenas supondría más ahorro que el derivado de que su máximo responsable, en vez de cobrar como ministro, pasase a recibir un salario de secretario de Estado. El actual titular del Ministerio de Consumo, Alberto Garzón, cobra 76.355,28 euros brutos al año y si fuese secretario de Estado su sueldo sería de 74.892,12 euros: un ahorro de apenas 1.463 euros brutos al año.

Lo mismo se puede decir del resto de ministerios de nueva creación, desde el de Derechos Sociales al de Igualdad, pasando por el de Seguridad Social, el de Ciencia o el de Universidades, lo que rebaja sensiblemente las expectativas de que un gobierno más pequeño suponga un ahorro reseñable.

En términos de gasto, tener nueve ministros menos y sustituirlos por secretarios de Estado o directores generales supondría, grosso modo, ahorrar no más de 14.000 euros al año. Una gota de agua en el océano de un presupuesto que roza el medio billón.

El número de asesores

Para avalar su propuesta, las formaciones de la derecha siempre subrayan que suprimir ministerios limitará también el número de asesores de cada departamento. Pero en realidad la cifra de personal eventual que cada área del gobierno no es consecuencia directa de que haya más o menos ministros sino de la decisión política de cada uno de ellos. O, lo que es lo mismo: nada impide tener menos ministros y más asesores.

Para muestra, un botón. Según cifras oficiales citadas por Newtral, cada ministro de Rajoy trabajaba con la ayuda de 51 asesores, mientras que cada ministro de Sánchez lo hace con 34. Eso es un 33% menos de personal de confianza al servicio de cada titular de ministerio.

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El PP, no obstante, sostiene que sí hay margen de ahorro sustancial en la administración, aunque fuentes del partido reconocieron a infoLibre que para concretar cantidades primero “habría que hacer una auditoría”. Los conservadores aluden con frecuencia a un informe del Instituto de Estudios Económicos, el think tank de la CEOE, que estima en nada menos que 60.000 millones el gasto público ineficiente que se puede recortar. Pero el informe, pagado por los empresarios, tampoco detalla dónde tendría más sentido meter la tijera.

En realidad, y a pesar de la campaña de PP y Vox, el gasto público en España en relación con el PIB no es elevado en comparación con nuestros vecinos. Es un déficit histórico. Antes de la pandemia, quedaba por debajo del conjunto de la UE 27 en gasto en sanidad, discapacidad, tercera edad, familia, infancia, vivienda e inclusión, según los datos de Eurostat. El Estado dedicaba a todas las áreas englobadas dentro de la "protección social" 3,6 puntos menos de PIB que la UE y 8,3 menos que Francia. Según el análisis de CCOO de los datos de Eurostat de 2019, a España le faltaban casi 60.000 millones al año para alcanzar el gasto público en relación con el PIB de la Eurozona.

El plan de Feijóo en esta materia, como en tantas otras, pasa por externalizar las decisiones. En este caso pretende encargar a la AIREF que evalúe lo que él llama “gasto superfluo” para acometer un plan de “modernización y reforma de todas las Administraciones Públicas, estatal, autonómicas y corporaciones locales”.