El Ministerio de Trabajo y los sindicatos llegan a un acuerdo sobre el estatuto del becario
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que su departamento y los sindicatos han alcanzado un acuerdo para desplegar el estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa, conocido como el Estatuto del Becario, recoge Europa Press.
"Por fin tenemos acuerdos con sindicatos para ya no tener más falsos becarios y tener el estatuto que se merece nuestro país", ha proclamado este sábado durante una declaración tras el acuerdo de Sumar con una quincena de formaciones de izquierda para concurrir en coalición en las próximas elecciones generales del 23 de julio.
Tras mas de un año de negociaciones, el acuerdo de la norma que pretende regular las condiciones laborales de los estudiantes en prácticas se ha alcanzado sin el apoyo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
El Estatuto del Becario mantendrá las prácticas con garantías para que no sean "un nicho de fraude"
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Según indicaron el viernes fuentes de CCOO a Europa Press, el documento que se pretende aprobar como real decreto en el Consejo de Ministros, no eliminará las prácticas extracurriculares. Por su parte, UGT indicó que la norma recogerá "gran parte" de las demandas sindicales como son la definición clara de las prácticas para evitar fraudes, la compensación de gastos o el establecimiento de un régimen sancionador efectivamente disuasorio.
Por su parte, la patronal ha rechazado la forma del acuerdo porque "no es apropiada la aprobación de esta norma en un periodo de disolución de las Cámaras ni concurre la urgente y extraordinaria necesidad", y no lo apoya "por el fondo".
A su juicio, el conocido como estatuto del becario, "limita tanto el número de horas e incrementa tanto la burocracia que perjudicará la formación práctica del alumnado, algo imprescindible para garantizar su empleabilidad y para tender puentes entre la formación teórica y el mundo del trabajo". Al respecto, ha agregado que también "hay discrepancias entre la regulación de esta norma y la normativa universitaria recientemente aprobada con lo que el riesgo de incurrir sanciones por falta de seguridad jurídica es alto".
