El personal de dos residencias confirma al juez que el protocolo de Ayuso les impidió derivar a hospitales
El Juzgado de Instrucción nº4 de Madrid ha dado este miércoles el pistoletazo de salida a una nueva batería de comparecencias para esclarecer los hechos alrededor de la muerte de varias personas en dos centros sociosanitarios de la Comunidad de Madrid. En esta primera sesión, estaban llamadas a prestar declaración ante el juez como investigadas la directora de la residencia privada Amavir Arganzuela y su homóloga y dos médicas de la pública Adolfo Suárez. Y su testimonio ha permitido a las familias, representadas por el abogado de Pladigmare Andrés Ollero, confirmar el que siempre ha sido un secreto a voces: "Que el famoso protocolo que impedía derivar a determinados residentes al hospital estaba operativo y funcionando". Solo en marzo y abril, los meses más negros de la pandemia, fallecieron en su residencia en Madrid sin ser trasladados a un hospital 7.291 mayores.
Las declaraciones, que se han llevado a cabo en el marco de un procedimiento abierto en 2021 tras siete querellas interpuestas por familiares de los fallecidos –una relativa al centro privado y las otras seis al público–, se iniciaron a primera hora de la mañana en Plaza de Castilla. Buena parte del interrogatorio ha tratado de esclarecer si las residencias hicieron todo lo posible por evitar las muertes. En este sentido, señalan a este diario fuentes jurídicas presentes en la declaración, tanto la directora de Amavir como las dos doctoras de la Adolfo Suárez han explicado al juez que cuando intentaban que se trasladase a los enfermos a los hospitales de referencia los geriatras decían que no era posible por el "protocolo" establecido.
Con la llegada del coronavirus, según ha explicado la directora de Amavir al juez, las residencias tenían que ponerse en contacto con los servicios de geriatría de los centros hospitalarios para que estos autorizaran la derivación de aquellos residentes enfermos. Pero esas peticiones chocaban con los protocolos establecidos por las autoridades regionales. En el caso de la Comunidad de Madrid, según desveló infoLibre, la Consejería de Sanidad aprobó hasta cuatro versiones diferentes del llamado Protocolo de la Vergüenza entre el 18 y el 25 de marzo de 2020. El documento, de obligado cumplimiento, prohibía el traslado a los hospitales de los ancianos enfermos que vivían en residencias si tenían un alto nivel de dependencia o de deterioro cognitivo.
Si algo puso de relieve la amplia investigación realizada por este medio sobre las muertes en las residencias fue, entre otras cosas, que la aprobación de dicho protocolo provocó un frenazo en las derivaciones. En las cuatro semanas críticas de la pandemia, entre el 9 de marzo y el 5 de abril, los traslados desde las residencias a los centros hospitalarios se desplomaron un 36,8% en comparación con las cuatro previas. Y los tres días con menos derivaciones fueron el 20, 21 y 22 de marzo, justo después de que se aprobase el Protocolo. De hecho, el día 20 fue cuando se envió a los hospitales la versión más fría y dura del citado documento, aquella en la que se hablaba directamente de "criterios de exclusión de derivación hospitalaria".
Medios en Amavir y Adolfo Suárez
En Amavir Arganzuela, según la información oficial obtenida por este periódico a través del Portal de Transparencia, perdieron la vida 62 personas en las cuatro semanas más críticas –del 9 de marzo al 5 de abril– y sólo se produjeron ocho traslados. En la Adolfo Suárez, por su parte, murieron en ese mismo lapso de tiempo 79 personas y tan sólo se registraron tres derivaciones. La primera se produjo el 27 de marzo, tras 22 días sin que hubiera una sola salida de residentes del centro público al hospital. Y las otras dos fueron el 5 de abril. La directora de esta última residencia, según las fuentes pulsadas presentes en la sala, ha intentado sacudirse la responsabilidad de lo sucedido asegurando que "se encontraba de baja" desde "mediados de marzo" hasta "el mes de mayo".
Durante la comparecencia, sostienen esas mismas fuentes, tanto directoras como médicas han señalado que los mayores de sus centros estuvieron bien atendidos en la medida de sus posibilidades y han afirmado que contaban con "medios" para hacer frente a la situación, como oxígeno y medicinas. Las cuatro han respondido a las preguntas de todas las partes. Incluyendo la Fiscalía, que también estuvo presente en la sesión. En este sentido, hay que recordar que el Ministerio Público no acudió a finales de marzo a la toma de declaración en otra causa judicial diferente del exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero y de Carlos Mur, el alto cargo de Sanidad que firmó los protocolos. Entonces, alegó que no le había sido notificada la toma de declaración.
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En declaraciones recogidas por la agencia Efe, el letrado de la directora de la residencia Amavir Arganzuela, Jesús Mandri, considera que se ha puesto de manifiesto ante el juez que "no hay ninguna responsabilidad penal ni de la directora ni de ninguna persona empleada del centro". Además, ha señalado que en el caso del fallecimiento bajo la lupa en este centro sociosanitario fue la familia la que no quiso que la paciente fuera derivada al hospital de referencia porque en el centro había medios. "Una decisión correcta y acertada desde el punto de vista humano", ha apuntado el letrado.
Tres testigos de peso y una concentración en los juzgados
Tanto el exconsejero como el exdirector de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno regional prestarán declaración este jueves como testigos en el caso que se sigue en el Juzgado de Instrucción nº4 de Madrid. El primero volverá a insistir otra vez, como ya hizo a finales de marzo en el procedimiento que se sigue en el Juzgado de Instrucción nº9, en que el Protocolo de la Vergüenza existió, se aplicó y tuvo consecuencias. Y que, en su opinión, era de obligado cumplimiento. Algo que negó Mur en su declaración de marzo ante el magistrado Arturo Zamarriego. En aquella ocasión, el ex alto cargo de Sanidad indicó que el protocolo no tenía carácter vinculante y señaló que aunque no estaba de acuerdo con el criterio de no trasladar a hospitales a personas dependientes, firmó el documento "para proteger a los profesionales de la sanidad".
Quien se sentará por primera vez este jueves ante un juez para hablar del azote del coronavirus en las residencias será Yolanda Fuentes, la ex directora general de Salud Pública del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso durante los momentos más duros de la crisis sanitaria. La médica dimitió en mayo de 2020 por el empeño del Ejecutivo regional de que la Comunidad de Madrid pasase a la fase 1 del plan de desescalada del Ministerio de Sanidad. Fuentes consideraba que la petición no estaba basada en "criterios de salud". Todas estas declaraciones coincidirán con una concentración de familiares de fallecidos. Convocados por el colectivo Pladigmare, se concentrarán a las 10.00 horas frente a los juzgados de Plaza de Castilla.
