El Gobierno que salga del 23J deberá reducir las emisiones y afrontar la sequía para evitar el colapso climático

Si la legislatura que acaba de terminar ha sentado las bases para abordar el cambio climático en España de aquí a 2030, el partido o partidos que gobiernen durante los próximos cuatro años serán los encargados de hacer realidad la mayor parte de esas medidas, que si se ejecutan supondrán un alivio sobre el impacto del calor, la sequía y los niveles de contaminación en las ciudades. Pese a la gravedad de la situación, los programas presentados hasta ahora por los cuatro grandes partidos para el 23J reflejan dos visiones casi opuestas: la izquierda dedica buena parte de sus propuestas a abordar la emergencia climática, mientras que la derecha solo hace una mención superficial a este problema.

Los expertos consultados creen que el medioambiente y la energía no están teniendo ningún peso en la campaña electoral porque movilizan muy poco al electorado, incluso aunque haya una gran conciencia social sobre los peligros del calentamiento global. "Las decisiones en energía que se tomen en los próximos años van a ser clave. Cumplir unos objetivos intermedios nos permitirá reducir las emisiones a cero en 2050; no podemos permitirnos retroceder ni un paso", explica Mikel González, investigador del Basque Centre for Climate Change (BC3). 

Por el lado del medioambiente, más de lo mismo. Eva Saldaña, directora de Greenpeace España, recuerda que el país va de camino a sufrir un 75% de desertificación al final de este siglo y que por cada grado que aumenta la temperatura del planeta, la península se calienta un 50% más rápido. "Es algo que ya sufrimos en nuestro día a día. Incendios de sexta generación que no se pueden apagar y sequías tremendas que se combinan con lluvias torrenciales", señala. "Estamos en una década crítica y es imprescindible que la sociedad se mantenga unida", añade. 

En la última legislatura el freno al cambio climático fue uno de los programas estrella del Gobierno, hasta el punto de que Pedro Sánchez dio una vicepresidencia a Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, que ahora va de número dos en la lista de Madrid del PSOE. En los últimos tres años y medio, este ministerio ha sacado adelante el Plan nacional de Energía y Clima (PNIEC), la hoja de ruta energética y de reducción de emisiones para esta década, que acaba de ser actualizada para proponer una reducción de emisiones para 2030 del 32% respecto a 1990. Este Gobierno también publicó el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), un programa similar pero enfocado en la protección del medioambiente, y ambos forman parte de la Ley de Cambio Climático, en vigor desde mayo de 2021. 

El próximo Ejecutivo tendrá margen para retocar o tumbar una parte de estos planes y leyes, siempre que cumpla con los requisitos mínimos establecidos por Bruselas, ya que estas normativas ambientales y de emisiones están supeditadas a directivas o planes europeos, como el Green Deal o el REPowerEU. En todo caso, Mikel González reclama que estas hojas de ruta no deberían ser retocadas a la baja, un mensaje dirigido a un hipotético gobierno de PP y Vox en coalición. "En realidad, estos planes no son un programa político, sino que los elaboran los técnicos basándose en la evidencia científica. Son documentos que yo sacaría del debate electoral", afirma. 

En el balance de la legislatura que termina también destacan otros avances en medioambiente como el decreto que obliga a las ciudades de menos de 50.000 habitantes a establecer una zona de bajas emisiones para vehículos, aunque por ahora la inmensa mayoría de urbes lo incumplen. También se ha aprobado el Plan Hidrológico 2022-2027 que recoge por primera vez una reducción del agua destinada a la agricultura y una bajada paulatina del volumen del trasvase Tajo-Segura, dos medidas necesarias para compensar la reducción del agua disponible en el país por el impacto del cambio climático. Otros de los grandes cambios que se han llevado a cabo bajo este Gobierno es el cierre de todas las minas de carbón y el establecimiento de un calendario para clausurar las centrales nucleares entre 2027 y 2035, que ahora el Partido Popular y Vox quieren revertir. 

Por otra parte, la convocatoria electoral ha dejado en el aire temas importantes que debían cerrarse esta legislatura, como la elaboración de una base jurídica y la convocatoria de una subasta para que la tecnología eólica marina comience por fin a andar. La ley de movilidad sostenible y el real decreto de comunidades energéticas también se quedarán en un cajón, pese a que ya estaban elaboradas. 

Dos opciones diferenciadas el 23 de julio 

De cara a las generales del domingo 23, hay dos visiones claramente diferenciadas en política medioambiental, según los programas electorales. En cuanto a la reducción de emisiones, hay un cierto consenso –salvo en Vox– sobre que las energías renovables deben ser el motor de la generación eléctrica de España al final de esta década. 

El PSOE presentó este viernes su programa y Pedro Sánchez prometió que revisará "siempre al alza" el PNIEC poniendo objetivos cada vez más ambiciosos, ya que este plan se revisa cada dos años. El presidente del Gobierno también aseguró que creará en la próxima legislatura 700.000 puestos de trabajos verdes, para lo que reforzará las titulaciones de FP y los grados relacionados con el medioambiente y la energía. Además, mejorará el bono eléctrico y térmico para apoyar a las familias vulnerables, y promete que los vecinos de los municipios donde se instalen molinos de viento y paneles solares podrán elegir dónde quieren ponerlos y tendrán acceso al 10% de los beneficios de estas plantas renovables.

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Sumar también dedica buena parte de su programa al medioambiente y promete ir mucho más allá que el Gobierno actual en el PNIEC. Propone que en 2030 la reducción de emisiones frente a 1990 sea del 55% (en el plan actual el objetivo es el 32%) y que en 2040 España alcance las emisiones cero netas. Para combatir las altas temperaturas quiere hacer obligatorio que en trabajos expuestos al calor se tomen medidas preventivas en episodios de riesgo naranja o rojo. El plan de Sumar destaca además por su apuesta la electrificación de la calefacción y el agua caliente de los hogares, con la instalación cada año de bombas de calor eléctricas en 500.000 viviendas.  

Por su parte, el Partido Popular, favorito a ganar las elecciones en las encuestas, apenas dedica espacio en su programa al cambio climático y la reducción de emisiones de efecto invernadero. La protagonista de su propuesta ambiental es el agua, y plantea crear diferentes organismos para garantizar el abastecimiento, mediante la modernización de infraestructuras, como presas y canales. También quiere proteger espacios naturales como el Mar Menor, Doñana o las Tablas de Daimiel, y reducir las fugas de agua en las tuberías de las ciudades. Su proyecto energético se basa en extender la vida de las nucleares, aunque por ahora el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, no ha aclarado si cuenta con el apoyo de los dueños de las centrales. 

Por último, Vox publicó este viernes su programa, que se basa en la derogación de la Ley de Cambio Climático porque, según dicen, limita la capacidad de España para acceder a recursos naturales y encarece la vida con impuestos verdes. Como el PP, propone firmar un Plan Nacional del Agua para construir más trasvases como forma de combatir la sequía, y pretenden fomentar la extensión de tierras de regadío. En Energía, el partido ultra plantea extender la vida de las nucleares e incluso instalar mini reactores nucleares en los emplazamientos donde ya se han cerrado centrales atómicas, como Garoña (Burgos), Cabrera (Guadalajara) y Vandellós (Tarragona). Vox también incluye en su programa la abolición de las zonas de bajas emisiones y quiere evitar que España vete la venta de coches de combustión a partir de 2035, como ha acordado la UE.