Puigdemont vuelve al centro del tablero político mientras la Fiscalía y Llarena buscan su extradición
Carles Puigdemont ha vuelto a obtener el papel estelar en la bronca política en España. Apenas conocidos los resultados electorales del 23J, su nombre ha desplazado al de Bildu para convertirse en sinónimo de llave: la única –recalcan ciertos medios– de que podrán valerse los socialistas para abrir de nuevo la puerta de la Moncloa. Pero antes de que se confirme si Puigdemont y su formación, Junts, ejercerán o no como factor decisivo en un escenario incierto acaba de levantarse el telón de otro. Y ese segundo escenario muestra graves amenazas en el campo judicial para el expresidente catalán, que huyó de España el 30 de octubre de 2017: es decir, el día en que la Fiscalía presentó una querella contra él y todo su gabinete por rebelión, sedición y malversación.
El peligro que se cierne sobre Puigdemont se refleja en el escrito por el que el ministerio público ha pedido este mismo lunes al juez que instruye su que dicte una orden internacional de busca y captura “por si fuera necesario tramitar solicitud de extradición”. El objetivo, el ingreso en la cárcel del expresident. La solicitud ha coincidido en el tiempo con la detención y posterior puesta en libertad de la eurodiputada de Junts Clara Ponsatí horas después de que fuese detenida por los Mossos para que un juez de guardia de Barcelona le notificara que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena la ha procesado por desobediencia por el 1-O. El arresto se produjo después de que Ponsatí difundiera en las redes sociales que estaría en Barcelona.
La clave de la solicitud de la Fiscalía sobre Puigdemont se sitúa en la sentencia dictada el pasado día 5 por el Tribunal General de la UE (TGUE) que retira la inmunidad parlamentaria tanto al expresidente como a su exconsejero Toni Comín. Con un mensaje en inglés, el expresidente catalán reaccionó este lunes de inmediato en su cuenta de Twitter: “Un día eres decisivo para formar un Gobierno de España y el siguiente España ordena tu arresto”.
One day you are decisive in order to form a Spanish government, the next day Spain orders your arrest. https://t.co/7e33rCzd6S
— krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) July 24, 2023
Las exigencias de Junts
Enlazada con el concepto de “llave” que desde la noche del domingo circula de modo viral, la declaración de Puigdemont en Twitter se basa en que Junts ha cosechado siete escaños que elevarían a 179 los votos en favor de la investidura de Pedro Sánchez si los de diputados de Junts se agregan a los del dúo PSOE y Sumar más los de PNV, Bildu, ERC y BNG. En realidad, si llegado el momento Junts se limita a abstenerse, la investidura irá adelante porque la izquierda alcanzará 172 apoyos (mayoría simple) frente a 171 de la derecha. Si Junts se opone, tumbará el ascenso de Pedro Sánchez y forzará una repetición electoral al fusionarse en la votación nada menos que con las formaciones que lideran Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. Fue Abascal quien, en plena campaña, predijo que de gobernar el bloque PP-Vox las tensiones volverán a Cataluña. Y que serían “peores” que las generadas en 2017, el año del referéndum independentista.
Desde el 30 de octubre de 2017, un mes después del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre –ya para siempre el 1-O– no hay constancia de que Puigdemont haya ha vuelto a pisar el país a cuyo Gobierno en funciones la presidenta de Junts, Laura Borrás, planteó este lunes dos exigencias en el programa de Ana Rosa Quintana: "Referéndum y amnistía".
Supresión de la sedición e indultos
El esquema penal aplicado a la cuestión catalana ha experimentado un gran cambio en los casi seis años de ausencia de Puigdemont, refugiado en la localidad belga de Waterloo, el campo de batalla que desmoronó al ejército de Napoleón Bonaparte. El delito de sedición ya no existe. El de malversación se ha visto modificado. Además, el Ejecutivo indultó a los nueve condenados a los que el Tribunal Supremo condenó en 2019 como sediciosos a penas de entre nueve y 13 años de cárcel. Tras todas estas decisiones, en las elecciones del domingo fueron los socialistas los más votados en Cataluña.
Hasta su reforma exprés de diciembre de 2022, el Código Penal definía así el delito de sedición: “Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”. El castigo penal oscilaba entre los ocho y los 15 años.
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En cuanto a la malversación, la reforma introdujo rebajas de penas –de 12 años a cuatro– para los casos en que el desvío de fondos públicos no implique el enriquecimiento del autor. Es decir, que no haya ánimo de lucro.
En el caso de Puigdemont, la Fiscalía ha cifrado ante el Tribunal de Cuentas –órgano que enjuicia infracciones al margen del ámbito penal– en 3,4 los millones desviados para la celebración del referéndum del 1-O y el mantenimiento de de Diplocat, el servicio de las llamadas "embajadas catalanas" en el exterior.
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Tanto el juez Llarena como la Fiscalía –así lo constata el escrito de este lunes– consideran que, en lo que respecta a Puigdemont, nada ha cambiado respecto a 2017: “Los hechos constitutivos de malversación a los que es aplicable el art. 432 CP [Código Penal] llevan aparejadas penas privativas de libertad que, dada la elevada cuantía de los fondos malversados, oscilan entre 6 y 12 años de prisión”. En un auto fechado el pasado mes de enero, el magistrado equiparaba el “ánimo de lucro” con la utilización del dinero público como “propio”.
Pendientes de Bélgica
Contra la sentencia del TGUE que retira la inmunidad a Puigdemont cabe recurso. Pero, y así lo subraya la Fiscalía, ello no implica un “efecto suspensivo” de su contenido. O sea, y atendiendo a ese argumento, el expresident carece de inmunidad a día de hoy. Por qué la Fiscalía dejó transcurrir 19 días entre la fecha de la sentencia del tribunal europeo y la emisión de su solicitud al juez Llarena se explica por la campaña electoral. Fuentes consultadas por infoLibre aseguran que la regla no escrita aplicable es la de no interferir en el proceso electoral con decisiones judiciales.
Aquel mismo 5 de julio en que el TGUE cambió la situación de Puigdemont, el Gobierno se mostró satisfecho por la sentencia. “Dejémonos de paños calientes. El ciudadano Puigdemont debe presentarse ante la acción de la justicia. Esa es su obligación como ciudadano”, dijo por ejemplo la ministra de Justicia, Pillar Llop. Ahora falta por saber qué hará Bélgica.
