Un Congreso plurinacional y plurilingüe: Sumar retoma una demanda histórica de ERC para facilitar su apoyo

Hablar catalán, euskera o gallego en el Congreso. Esa es la propuesta que ha lanzado este miércoles la líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en un claro guiño a las formaciones nacionalistas e independentistas de las que depende la investidura de Pedro Sánchez. "Me gustaría que podamos propiciar una reforma del reglamento para que podamos expresarnos en todas las lenguas del Estado", ha señalado Díaz en una entrevista en RTVE. Según ha podido saber infoLibre, se trata de una de las cuestiones que ERC ha puesto encima de la mesa en la negociación para la investidura de Sánchez.

El empleo de las lenguas cooficiales solo está permitido en el pleno del Senado, aunque limitado a mociones y a la toma en consideración de iniciativas. Es decir, los senadores no pueden hacer uso de lenguas cooficiales en proposiciones de carácter legislativo. En el Congreso, los grupos nacionalistas suelen intercalar párrafos en los idiomas de sus respectivos territorios, una práctica que la Presidencia permite siempre que no se prolongue más allá de algunas frases. Si sus señorías se exceden más de la cuenta, la presidencia de la Cámara puede interrumpir al orador o, en casos más drásticos, ha optado por la expulsión como le sucedió al exportavoz de ERC, Joan Tardà, en 2013.

Hasta la fecha el PSOE ha descartado el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso alegando que el castellano es el único idioma reconocido en todo el Estado y la lengua común de todos los españoles. Desde la época del socialista Manuel Marín en la Presidencia lo que se permite en el Pleno es pronunciar citas o frases en lenguas cooficiales. En un primer momento solo podían hacer uso de esta fórmula si después facilitaban la correspondiente traducción a los servicios de taquigrafía, pero esa traducción simultánea duró apenas unas semanas. 

Lo que plantea Sumar es recuperar la iniciativa —debatida y tumbada por el PSOE, PP y Vox en junio del pasado año— para modificar el artículo 6 del reglamento, que define los derechos de los parlamentarios, con el fin de "garantizar" que "pueden expresarse también en los idiomas oficiales en sus comunidades autónomas de origen". Fuentes de la coalición explican que el reglamento "debe prever la interpretación simultánea" de las lenguas cooficiales con el objetivo de proteger y dar visibilidad "a la pluralidad lingüística" de nuestro país.

Una demanda recurrente de ERC durante dos décadas

Lo de tener un Congreso plurilingüe no es nuevo, se trata de una reclamación histórica de formaciones como ERC, que lleva dos décadas tratando de incluir esta cuestión en la agenda. En 2005 los republicanos consiguieron sacar adelante, con el apoyo del PSOE, una resolución para que el Gobierno promoviera el uso de las lenguas cooficiales en los órganos constitucionales del Estado. Ese mismo año se llegó a firmar un acuerdo entre PP y PSOE para cambiar el reglamento de la Cámara Baja, que finalmente se paralizó tras la llegada al Congreso de la reforma del Estatut y, especialmente, por su discrepancia respecto al uso de las lenguas cooficiales. Un año después, por mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, se volvió a plantear la necesidad de esta reforma, pero tampoco llegó a buen puerto. 

La legislatura siguiente, con José Bono en la Presidencia del Congreso, Esquerra Republicana lideró una petición en el 2009 que también firmaron los portavoces de CiU, PNV, BNG, IU, ICV, Coalición Canaria y Nafarroa Bai en la que solicitaban a Bono que facilitara el uso de lenguas cooficiales durante el pleno. En su respuesta, el presidente les recordó que Marín ya dejó claro en 2005 que su iniciativa carecía "de valor normativo o como precedente" y que su antecesor en el cargo reconocía que se había equivocado porque sus palabras se interpretaron como un primer paso para sentar reclamaciones que carecían de consenso en la Cámara.

Dos años después, en 2011, la iniciativa llegó a la Cámara de la mano de nuevo de ERC pero de nuevo PSOE, PP, UPyD y UPN rechazaron la propuesta. La respuesta de los republicanos y el resto de formaciones que habían firmado la propuesta fue realizar sus intervenciones en euskera, catalán y, en menor medida, en gallego. Tras el debate Bono amonestó al diputado del PNV, Aitor Esteban y al de ERC, Joan Tardà, por no intervenir en castellano. 

En 2013, con Mariano Rajoy ya al frente del Ejecutivo, ERC, CiU y PNV volvieron a reivindicar el uso de estas lenguas. En protesta por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que amparaba la enseñanza en castellano si lo pedía un solo alumno,  ERC interpretó que, en sentido inverso y como forma de protesta, podían hablar catalán en Madrid. ¿La consecuencia? El entonces presidente de la Cámara, Jesús Posada, acabó expulsando al citado Tardà y a otros dos diputados de ERC, Alfred Bosch y Teresa Jordà, tras realizar sus intervenciones íntegramente en catalán.

Con Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo, se ha avanzado en este uso de las lenguas pero sólo en el Senado. Para tratar de presionar a los socialistas las formaciones nacionalistas y regionalistas, a excepción Coalición Canaria, volvieron a recuperar la iniciativa y firmaron una declaración conjunta en la que recordaban que la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias, aprobada por el Consejo de Europa en 1992, establece el derecho a usar las respectivas lenguas, tanto en la vida pública como privada, que España ratificó por unanimidad en el Congreso en 2001, con José María Aznar en la presidencia del Gobierno.

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En octubre de 2022 Junts planteó una reforma del reglamento del Senado para universalizar el uso de las lenguas cooficiales, que tendría un coste aproximado de unos 950.000 euros, según la memoria económica de la iniciativa. Sin embargo, desde el PSOE se mostraron escépticos y alegaron que el motivo no era “económico” sino que esa universalización de las lenguas cooficiales podría "coartar la inmediatez del debate".

Con todo, la portavoz de los socialistas en el Senado, Eva Granados, afirmó que se reformaría el reglamento con el objetivo de utilizar más las lenguas cooficiales en los debates, aunque evitó establecer plazos, apuntando a que había “otras urgencias encima de la mesa". En marzo de este año Junts presentó una queja formal a la Mesa del Senado por el "filibusterismo parlamentario" del PSOE con las lenguas cooficiales, después de que su proposición acumulara más de cincuenta ampliaciones en el periodo de enmiendas. 

Con el adelanto electoral cualquier posibilidad de sacar adelante esta iniciativa o para avanzar en la reforma del reglamento de la Cámara cayó en el olvido, pero ahora tanto ERC como Junts pueden jugar esa carta para presionar de cara a la investidura de Pedro Sánchez. El socialista necesita el ‘sí’ de los republicanos, al igual que el de EH Bildu, PNV y BNG, y, como mínimo, la abstención de los de Carles Puigdemont para continuar en La Moncloa.