El gobierno de extrema derecha de Meloni en pie de guerra contra las personas más vulnerables
Con las peores maneras, el gobierno de extrema derecha de Italia ha decidido declarar la guerra a las personas más vulnerables. A finales de julio, unos 169.000 hogares italianos recibieron un simple mensaje de texto del Instituto Nacional de Previsión Social (INPS) informándoles de que dejarían de recibir la "renta de ciudadanía", una medida introducida en 2019 que puede compararse aproximadamente con la renta de solidaridad activa (RSA) en vigor en Francia.
El 27 de julio, esas 169.000 familias italianas recibieron la última parte de este ingreso. Para algunas de ellas, será posible solicitar una prórroga hasta diciembre, siempre que puedan demostrar un "alto nivel de riesgo social". Para ello, no obstante, tendrán que dirigirse a los servicios sociales municipales, ya desbordados por las solicitudes y la falta de transmisión de datos del INPS.
Pero para al menos 88.000 hogares formados por personas consideradas "aptas para el trabajo", ya no será posible recibir esta ayuda. Entonces tendrán que recurrir a la "ayuda a la formación", que permitirá acceder a una ayuda mensual de 350 euros durante doce meses, siempre que sean "activos en proyectos en beneficio de la comunidad" o en proyectos de formación profesional. Para una persona sola, la renta de ciudadanía proporcionaría 500 euros al mes. Incluso en este caso, la web para presentar la solicitud no estará disponible hasta el 1 de septiembre.
En cualquier caso, el 1 de enero de 2024, la renta de ciudadanía dejará de existir y será sustituida por un "prestación de inclusión", que será mucho más difícil de obtener y ya no se aplicará a las personas consideradas "empleables".
Una promesa electoral de la extrema derecha
La reforma fue anunciada por el partido de la Presidenta del Consejo, Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia (posfascistas), durante la campaña electoral del año pasado. Tras debatirse en el seno de la coalición con la derecha liberal de Forza Italia y la Liga de Matteo Salvini (que fue socio de coalición del Movimiento 5 Estrellas cuando este impulsó la renta de ciudadanía en 2019), un decreto concretó los detalles el 29 de junio. El objetivo declarado es ahorrar 3.000 millones de euros de los 8.000 que costará la medida.
En las elecciones de 2022, los Fratelli d'Italia se ganaron a gran parte de los votantes de derechas italianos con su planteamiento sin complejos respecto a los beneficiarios de prestaciones sociales. El término utilizado para desacreditar a estos últimos era "divanisti", literalmente los que están todo el día en el sofá mientras se aprovechan de la asistencia social. La idea era "volver a poner a Italia a trabajar", una vieja letanía de la derecha.
La presencia de la Liga en la coalición apenas cambió la situación, primero porque el partido de Matteo Salvini salió muy debilitado de las elecciones, y segundo porque solo aceptó la renta de ciudadanía en 2019 como parte de las negociaciones con el Movimiento 5 Estrellas (M5S), su aliado en aquel momento.
Por cierto, Matteo Salvini defendió sin ambages la supresión: "Se seguirá ayudando a quien no pueda trabajar, pero quien tenga 30 años, no tenga personas a su cargo discapacitadas o menores, ni problemas, pueda trabajar, y si se niega a trabajar, es justo que no sea sostenido por los contribuyentes italianos."
La decisión es violenta sobre todo porque la renta de ciudadanía no era más que una medida condicional, teóricamente limitada a dieciocho meses, muy lejos del proyecto inicial del M5S, que apuntaba más a una forma de renta básica universal, y que se inspiraba más en las reformas alemanas de Hartz que en la RSA francesa. En resumen, se trata de un gran paso atrás.
La respuesta de la izquierda
Los beneficiarios de la renta de ciudadanía afectados por esta medida están en shock tras recibir ese fatídico SMS. En un correo electrónico enviado al diario Il Fatto Quotidiano (socio editorial de Mediapart), una estudiante de 24 años explica cómo la medida le ha permitido "estudiar con dignidad". Para ella, el sentimiento que prevalece ahora es que "en Italia, la pobreza es una falta". Para algunos, el anuncio ha provocado verdadera desesperación.
En Terrasini, en la provincia de Palermo, un parado de unos sesenta años que había recibido el famoso SMS irrumpió en el ayuntamiento con un bidón de gasolina y amenazó con "quemarlo todo". En Nápoles, se organizó una manifestación en defensa de la renta de ciudadanía, concentrándose frente a las oficinas del partido de Giorgia Meloni. El sur de Italia, asolado por la pobreza, se había beneficiado enormemente de la medida. Casi uno de cada cinco beneficiarios de la supresión de los SMS es siciliano.
Una guerra contra los pobres más que contra la pobreza.
En el Parlamento, la crudeza con que se envió el mensaje y la total desorganización de los servicios sociales para gestionar la transición han provocado contraataques de la oposición.
Lógicamente, los ataques más fuertes proceden del M5S. El líder del partido, Giuseppe Conte, Presidente del Consejo que introdujo la renta de ciudadanía, denunció enérgicamente las medidas del gobierno. "La decisión de cortar de la noche a la mañana las ayudas a la parte más desfavorecida de la población va a provocar un desastre previsible", dijo, antes de referirse a una "guerra contra los pobres más que contra la pobreza, que además está dañando la economía del país".
Por su parte, el Partido Democrático (PD), de centro-izquierda, se sitúa en una posición firme y compacta sobre el tema, oponiéndose a la eliminación de la renta de ciudadanía. Elly Schlein, nueva líder del partido, más a la izquierda que los anteriores, denunció el método de entrega de los SMS. El PD insistió especialmente en la falta de preparación del gobierno, que pone a los ciudadanos en riesgo de pobreza extrema, coincidiendo con Giuseppe Conte, que le dijo al gobierno: "¡Los vagos sois vosotros!"
Para intentar contrarrestar la política de represión social de la mayoría gubernamental, Elly Schlein ha decidido abrir un nuevo frente que no es ajeno a la renta de ciudadanía. El Partido Democrático ha presentado un proyecto de ley para introducir un salario mínimo en Italia, uno de los pocos países europeos sin un salario mínimo único. Esto pone en peligro a los excluidos de la renta de ciudadanía, que podrían verse obligados a aceptar salarios de miseria.
El líder de la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), uno de los principales sindicatos del país, Maurizio Landini, advirtió contra la abolición de una renta mínima "en un país donde hay pobres que trabajan". Ese es el debate que Elly Schlein quería abrir, aunque el salario mínimo no tenga ninguna posibilidad de ser aprobado por una mayoría abrumadoramente de derechas. Pero lo importante aquí era abrir un debate y vincularlo a la supresión de la renta de ciudadanía.
Por ese motivo, el 2 de agosto,la mayoría (con el apoyo del grupo de Matteo Renzi) aplazó sesenta días el debate de la propuesta del PD. Elly Schlein no desaprovechó la ocasión para criticar la política social de Giorgia Meloni: "La mayoría huye, pero por desgracia para ustedes, no pueden huir de la realidad, no pueden huir de los tres millones y medio de trabajadores que son pobres aunque trabajen". Y añadió: "La pobreza no se va de vacaciones". En esta ocasión, el PD encontró de nuevo el apoyo del M5S, que habló de "vergüenza" por el despido.
Una política social violenta
Lo que llama la atención de la política social de Giorgia Meloni es su proximidad a la política francesa. En Francia, la lógica dominante de la política social es también presionar a los solicitantes de empleo, a los más pobres y a los trabajadores de más edad, con tres reformas: el seguro de desempleo, las pensiones y el proyecto de hacer obligatorio que los beneficiarios de la RSA trabajen.
En ambos casos, la lógica es estrictamente la misma: se trata de ejercer una presión añadida sobre los más vulnerables para obligarles a aceptar los empleos que ofrece el mercado, cualesquiera que sean sus condiciones. En el caso italiano, la ausencia de un salario mínimo hace que esta violencia social sea aún más despiadada, y es precisamente por esa razón por la que la oposición ha tratado de vincular ambas cuestiones.
En ambos casos, sin embargo, el empleo va aparentemente bastante bien tanto en Italia como en Francia. Las últimas cifras del instituto italiano de estadística ISTAT muestran un nuevo descenso de 0,2 puntos en junio en la tasa de paro, hasta el 7,4%, un nivel cercano al de Francia (7,1%). En ambos casos, el número de personas activas aumenta. Entonces, ¿por qué tanta presión?
En realidad, esto no tiene ningún misterio. La actividad es débil en Francia, pero en Italia se contrae. En el segundo trimestre de 2023, el PIB de la península se contrajo un 0,3% y sólo creció un 0,6% interanual. Para garantizar la creación de empleo con una actividad tan baja, no hay otra solución que reducir el coste de la mano de obra haciendo trabajar a personas que antes estaban inactivas. Tienen que evitar a toda costa devolver el poder de negociación a los asalariados. De ahí la presión sobre las prestaciones sociales mínimas.
Sin embargo, esta política no es nueva en Italia. Los salarios fueron la principal variable de ajuste entre 2010 y 2020, periodo durante el cual su valor real ya había caído casi un 10%. Después se vieron muy afectados por la ola inflacionista.
El Gobierno de Meloni pretende, por tanto, continuar con la política neoliberal que basa el débil crecimiento de Italia en la moderación salarial. Pero esto está teniendo terribles consecuencias para la población. Según Eurostat, la tasa de personas en riesgo de pobreza ha sido del 20,1% en 2022, frente al 19,5% en 2012. Se trata de un nivel muy elevado, ligeramente inferior al de España (20,4%), pero superior al de Grecia y a la media europea (16,8%). En 2019, este nivel había descendido ligeramente tras la introducción de la renta de ciudadanía.
¿Renta básica o trabajo para todos?
Ver más
La decisión de poner fin a esta ayuda plantea ahora un reto a la oposición. El PD y el M5S podrían ver en ello una oportunidad para construir una posición común y aprovechar el rechazo a esta reforma, sobre todo en el sur de Italia, para construir una alternativa política a una extrema derecha ahora hegemónica. Esto es lo que está tomando forma estos días en el Parlamento italiano, pero no es seguro que esta estrategia dure en un país que actualmente vota muy a la derecha.
Traducción de Miguel López
