Así usa la derecha la coartada de "la familia" para ignorar la desigualdad social en su programa común

Eclipsada por las –cada vez menores– discrepancias entre PP y Vox sobre violencia de género y diversidad, ha cosechado poca atención la entronización de "la familia" en los pactos autonómicos de la derecha. A primera vista, no parece raro. ¿Qué hay más intachable que "defender" la "institución familiar"? Pero el arrebato familista tiene trastienda. Y se entenderá mejor si, donde pone "familia", uno lee "patrimonio familiar". O "herencia", para mayor claridad.

La apelación a "la familia" –con una capacidad de seducción anclada en connotaciones históricas, culturales y hasta religiosas– proporciona en la práctica una perfecta cobertura para la propuesta económica neoliberal, que es el meollo de los acuerdos entre PP y Vox y el elemento común a todos los procesos de radicalización de las derechas occidentales, desde Estados Unidos (Trump, DeSantis) a España (Abascal, Ayuso) pasando por Argentina (Milei). La defensa de un modelo regresivo en política fiscal y de ayudas públicas o de un papel protagonista de los agentes privados en la prestación de servicios públicos se realiza siempre en nombre de la "protección" de "la familia".

¿Y de qué se protege? En el plano moral, Vox levanta las políticas de "familia", con Viktor Orbán de referente, como valladar frente a la ideología disolvente de un progresismo que habría perdido toda noción de respeto, tradición y jerarquía. Ahí caben el "lobby LGTBI", el feminismo, el adoctrinamiento educativo, la ideología woke... El etcétera es largo. El PP, aunque presenta ramalazos y sectores así de enardecidos, no llega tan lejos en esa deriva. Ahora bien, donde sí hay plena coincidencia es en el terreno económico. Ahí está claro de qué hay que proteger a "la familia": de la intervención igualadora del Estado, entendida como una intromisión en la esfera privada. "La familia" no se toca.

Los pactos de PP y Vox ofrecen una panorámica completa. El acuerdo balear establece: "Reivindicaremos la familia como célula básica de la sociedad". ¿Y en qué se traduce tan alto propósito? En la laminación del impuesto de sucesiones. También en una apuesta por la concertada para que "no sufra discriminación" respecto a la pública, es decir, en más dinero público para financiar opciones privadas con barreras de acceso para los alumnos pobres. En la Comunidad Valenciana, el primer punto obliga a la "protección de las familias", igual que en Aragón. En Extremadura, el pacto tiene como fin "mejorar la vida de las familias". ¿Quién podría oponerse? El encabezado siempre es similar. De ahí cuelga una y otra vez el mismo repertorio: la rebaja fiscal a la propiedad, la obsesiva atención al problema de la ocupación, la eufemística defensa de la "libertad educativa"...

Recordemos cómo durante la Gran Recesión el mismo mensaje que justificaba los recortes exaltaba, no sin sentimentalismo, el papel de "la familia" como garante de un mínimo bienestar en los malos momentos, justo mientras los servicios sociales se degradaban. En esa plantilla es sencillo introducir la reclamación de menos impuestos a "las familias", de forma que estas queden –en teoría– en mejor disposición de ayudar a sus miembros, especialmente en momentos de dificultad. Ahora el mensaje, corregido y aumentado, se vuelve a escuchar con fuerza, todavía con la resaca de la crisis postpandémica y con la inflación haciendo estragos y sembrando incertidumbre. "No a los impuestos" en defensa de "las familias", sería el resumen de la apelación, que borra la renta y la clase de la planificación fiscal y de protección social e impide la contemplación de la fotografía completa, aquella que muestra que un Estado bien financiado a base de impuestos quizás pueda hacer por una familia común más que lo que sobre de sueldos y pensiones.

La omnipresencia de "la familia" en el programa común derechista contrasta con la omisión de la desigualdad socioeconómica. La "igualdad", también en la oferta de "pactos de Estado" del PP, referida sólo a los derechos de los españoles al margen de dónde vivan. Es decir, vinculada a la cuestión territorial. Pero eso le vale al PP para presentarse como el partido igualitarista por excelencia. Así lo expresó Isabel Díaz Ayuso este jueves: "La base social del PSOE ha cambiado. Ya no es la igualdad". Lo dice mientras sus gobiernos locales con Vox cierran concejalías de Igualdad y las abren de Familia.

'Familismo' contra la familia

El familismo es más que un discurso político. Es la forma histórica de ordenar las prioridades de gasto en España, país encuadrado junto a Italia, Portugal y Grecia en la tipología de Estado del bienestar familista, con fuerte anclaje en los países de tradición católica y que, paradójicamente, son rácanos en las políticas de apoyo a la mayoría de las familias de verdad. Porque en el familismo la familia no es el objeto de atención del sistema de protección social, sino el pretexto para su recorte, ya que atribuye a la familia un papel central en la garantía del acceso a servicios y bienes básicos de sus miembros –sanidad, educación, vivienda–, fomentando un Estado del bienestar bajo mínimos en el que los padres son complemento imprescindible para suplir sus carencias. "El régimen familista abandona a la mayoría de las familias", ha explicado el sociólogo Daniel Sorando, en redonda síntesis de la cuestión.

El resultado es doble. En primer lugar, el culto a la familia como "pilar" o "célula" básica de la sociedad justifica el infradesarrollo de las políticas sociales. En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, el familismo reproduce e incrementa las desigualdades de origen, beneficiando a los individuos de familias en mejor posición de partida, que tienen mayor cantidad de bienes y rentas a proteger del Estado y más y mejores posibilidades de obtener por sí solos aquello que una red pública maltrecha no pueda dar. En el caso de la sanidad, lo harán mediante la contratación de seguros privados. En el caso de la educación, acudiendo a la concertada, que pese a su teórica gratuidad exige una aportación de las familias que levanta un muro ante el alumnado desfavorecido.

Un círculo vicioso

Lo que en los 80 alcanzaba un consenso casi absoluto, la necesidad de redes de sanidad y educación públicas, universales y de calidad que ejercieran un poder igualador, es ahora una idea discutida, fenómeno indisociable del deterioro del Estado del bienestar por los recortes tras la Gran Recesión y del machacón discurso sobre sus carencias. Si cunde la impresión de que las listas de espera son insoportables, gana importancia el capital familiar que te permite saltártelas. Si los títulos académicos públicos pierden valor, gana importancia el capital que te permite acceder a acreditaciones y redes de contactos exclusivas. Lo mismo cabe decir de las pensiones. Si el discurso de la "insostenibilidad" avanza, adquiere atractivo el plan privado. En suma, si no hay certezas públicas para lo básico –una educación para mis hijos, una atención médica cuando venga la enfermedad, un retiro garantizado cuando las fuerzas flaqueen, por supuesto una vivienda–, toca buscar soluciones individuales. Cuando el Estado se retrae, toca mirar hacia la familia.

A medida que más ciudadanos se convencen de esta idea, lo público retrocede en calidad y prestigio y también retroceden los incentivos para pagar los impuestos que lo sustentan. Es el cierre del círculo vicioso: una reducción del compromiso fiscal, especialmente en las clases medias y altas y en el campo ideológico derechista. Ahí insertan PP y Vox su discurso profamilia, revestido de valores y tradición, pero en el fondo apelando sin más al repliegue individualista para ponerse a salvo de las dificultades de los servicios públicos, abandonados así sin remedio.

Ataques por todas partes a la familia

El discurso familista encuentra fácil acomodo en la mentalidad popular. No es raro que la derecha lo use a todas horas, en especial en el debate fiscal, padre y madre de todos los debates. He aquí un ramillete de manifestaciones en el campo derechista. Hay que "bajar impuestos" para que "las familias puedan recuperar su poder adquisitivo [perdido] como consecuencia de la inflación" (Feijóo en noviembre de 2022). "¿Cómo es posible que las familias vivan atenazadas por la presión fiscal?" (Abascal, enero de 2023). "Que se destinen los más de 20.000 millones del Ministerio de Igualdad a ayudar a las familias" (Ayuso en marzo de 2022). "Es sensato reducir la presión fiscal cuando más lo necesitan las familias (Juan Manuel Moreno, septiembre de 2022). "Hay que bajar los impuestos a las familias" (Arrimadas, septiembre de 2022). Las reclamaciones de rebaja del IVA para salvar situaciones de inflación, medida inequívocamente regresiva, se presentan como el medio para dar "alivio a las familias". Todo el mundo se apunta a la fórmula. Hasta la CEOE suele mezclar "las empresas" y "las familias" en sus reivindicaciones al Estado.

Es fácil detectar el patrón. ¿La izquierda amaga con una reforma fiscal? Un ataque a la economía y a las familias. ¿Ley para reducir la segregación en la educación? Un ataque a la libertad y a las familias. ¿Ley para abaratar alquileres? Un ataque a la propiedad y a las familias, cuyo verdadero problema es la ocupación.

Es preciso detenerse en el caso de la vivienda, el gran vector de transmisión de riqueza y desigualdad, donde la resistencia conservadora a cualquier cambio es numantina. El envés del cartelón que dice "Sí a la familia" suele llevar escrito detrás "No al impuesto de sucesiones". Uno de los lemas de la campaña Stop Impuesto de Sucesiones era "protege tu familia".

La clase propietaria necesita hoy más nunca que el histórico modelo de regulación –de no regulación, en realidad– de la vivienda permanezca inalterado porque, como explica la antropóloga Nuria Alabao, "la estructura de clases" ha pasado de estar basada en el tipo de empleo y los salarios a estarlo "en la propiedad de activos", destacadamente los inmobiliarios, que pasan de padres a hijos. Así que proteger la propiedad familiar de la acción del Estado es crucial para mantener el estatus en un país en el que el ladrillo lo es casi todo y –en amarga advertencia de Jorge Dioni López, autor La España de las piscinas– una vivienda es ya más útil para el futuro de tu hijo que una carrera. "El sueño meritocrático [...] se ha desmoronado y ha sido reemplazado por el darwinismo social de la parentocracia", ha apuntado el sociólogo Xavier Martínez-Celorrio.

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Ronald Reagan fue el primero en entenderlo a la perfección: lo moralmente ultraconservador y lo económicamente ultraliberal maridan a la perfección. Y "la familia" funciona a la perfección para lo uno y lo otro. Ya nadie ha roto ese molde en Estados Unidos, que a su vez irradia a todo el mundo. Baste decir que la alternativa más creíble a Trump en el Partido Republicano es Ron DeSantis, que ha convertido a Florida en un laboratorio de fanatismo económico y moralista. Y que fascina, por cierto, a Isabel Díaz Ayuso.

En España el acento religioso del discurso 'familista' es menos audible, a pesar de que Vox trae bajo el brazo la fórmula trumpista y presiona sin descanso, con lo religioso presentado bajo formas renovadas dentro de la omnipresente "guerra cultural". En cualquier caso, no hay que desviarse: lo puramente religioso es secundario. Lo principal es lo político, lo económico. Hay que seguir el rastro del dinero para concluir que lo que une a todas las derechas en deriva radical, incluida la española, es el consenso neoliberal. Menos impuestos, menos ayudas públicas, menos solidaridad. La apelación a los valores, los principios, la tradición, el hogar, "la familia"... es secundaria, incluso prescindible.

¿Una prueba? Ahí está Vox en bloque, incluido el supuestamente recto y falangistoide y hasta obrerista Jorge Buxadé, entusiasmado con el auge en Argentina de Javier Milei, para quien la "justicia social" es una idea "violenta", para quien la venta de órganos es "un mercado más", para quien "depende" fue la respuesta cuando le preguntan si veía aceptable la compraventa de bebés. Pero nada de eso espanta a nuestro partido "profamilia" por antonomasia. ¿Por qué? Exacto: porque los une el rechazo a la acción igualadora y redistributiva del Estado para así proteger la propiedad, idea que se esconde tras el mucho más blanco término de "familia".