El 44% de las víctimas de violencia machista en 2022 sí había denunciado, casi el doble que el año anterior

Quisieron romper con la violencia, así que dieron el paso de denunciar a sus agresores. Un total de 22 víctimas mortales de violencia machista no encontraron en las instituciones la respuesta que merecían. Suponen el 44% de los 50 feminicidios registrados en 2022, un "incremento importantísimo" respecto a años anteriores. En 2021 las víctimas mortales con denuncia previa suponían el 23% y en 2020 fueron un 14,3%. Es una de las conclusiones que plasma la Fiscalía General del Estado en su Memoria Anual, publicada este jueves. 

"Para comprender la razón de ese incremento es necesario partir también del análisis separado del primer y segundo semestre del año", sugiere el Ministerio Público. Durante los primeros seis meses del año, el 36% de las mujeres asesinadas por hombres que eran sus parejas o exparejas sí había dado la voz de alarma. Y en los seis últimos meses, el porcentaje asciende al 52%. Un fracaso sin paliativos de la estructura que busca combatir la violencia contra las mujeres, prevenirla y otorgar protección a sus víctimas.

¿Qué ocurrió con esas denuncias? Según el análisis fiscal, en seis ocasiones se dictó orden de alejamiento, tres de ellas vigentes en el momento de los hechos. En otras seis ocasiones se dictaron sentencias condenatorias, pero cinco de las penas de prohibición de aproximación habían sido extinguidas y una sí estaba en vigor. Otra de las denuncias terminó con sentencia absolutoria. Pero la abrumadora mayoría, diecisiete de ellas, terminó con un acuerdo de sobreseimiento provisional. En seis ocasiones, los presuntos feminicidas tenían antecedentes de violencia de género con otras parejas (12%) y cuatro de ellos con varias víctimas. Eran, por tanto, agresores reincidentes. Precisamente en este aspecto se centró el Ministerio del Interior en enero de 2023, tras anunciar un mecanismo para informar a las víctimas en caso de que su maltratador fuera reincidente.

La Fiscalía se detiene especialmente en la concentración de crímenes machistas detectados en el mes de diciembre. Aquel mes, las estadísticas registraron un total de doce asesinatos, lo que dio pie por primera vez a la convocatoria del comité de crisis por parte del Ministerio de Igualdad. La Fiscalía reconoce que es difícil determinar qué motivos concretos se ocultan tras esta concentración de feminicidios, si bien recuerda que no es la primera vez que se identifican tendencias similares. A juicio de los fiscales, ni la mayor convivencia por el periodo vacacional, ni un "posible efecto mimético" terminan de explicar la alta tasa de crímenes machistas en ese periodo.

Víctimas colaterales e intentos de feminicidio

El análisis del Ministerio Público pone la lupa no sólo sobre los crímenes machistas que arrebataron la vida a medio centenar de mujeres, sino también en los hechos graves que podrían haber terminado en asesinato. Así, son 43 los "hechos graves de los que, sin perjuicio de la ulterior calificación, 35 podrían ser constitutivos de feminicidios íntimos de pareja intentados". Supone un 66% más de lo que se detectó el año anterior. Once de las víctimas de los feminicidios intentados habían denunciado previamente. Según publica El País, la fiscal de violencia sobre la mujer, Teresa Peramato, propone que los comités de crisis analicen también las características que rodean a estos intentos de asesinatos machistas.

Por otra banda, los fiscales computan un total de diez feminicidios ampliados: siete consumados y tres intentos. Se refieren a las víctimas colaterales de la violencia de género: cuando el agresor no sólo arrebata la vida a su pareja o expareja, sino a otras personas de su entorno. En tres ocasiones, las víctimas eran hijos comunes, dos menores de edad. En otro de los casos estudiados, la víctima era un hijo de la mujer que estaba gestando y a punto de nacer. Las demás víctimas fueron dos amigos y la madre de la víctima. 

El bulo de las denuncias falsas

En el año 2022, los juzgados de violencia sobre la mujer registraron un total de 182.073 denuncias, un 11,8% más que el año anterior. Al mismo tiempo, ese mismo año el número de sentencias condenatorias dictadas por denuncia falsa se redujo a una. Más de 180.000 denuncias por violencia de género y una sola condena por denuncia falsa. "El porcentaje de sentencias condenatorias por denuncia falsa es ínfimo. El promedio entre los años 2009 y 2022 es del 0,0083%", resalta el Ministerio Público. Sus conclusiones desmontan, una vez más, una de las principales tesis del negacionismo machista.

Falta de recursos

La Fiscalía pone de relieve algunas reflexiones sobre el alcance de los recursos disponibles para la lucha contra la violencia. Uno de los más importantes para detectar el riesgo, las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI), siguen teniendo una implantación y eficacia desigual a nivel estatal. En Madrid continúa sin establecerse una de estas unidades y los informes se emiten por los equipos psicosociales no especializados en la materia. En Andalucía, las unidades "resultan insuficientes", por lo que se tiende a echar mano de "equipos no especializados para la elaboración de informes". En Teruel, el recurso a la unidad viene limitado a casos de maltrato habitual; en Huesca la unidad no tiene exclusiva dedicación en materia de violencia de género y en Zaragoza no se dispone de un médico forense que atienda en exclusiva las peticiones formuladas en las causas urgentes. En Cataluña sólo existe una unidad por capital de provincia. En Navarra y en Canarias no existen unidades.

El tiempo medio de respuesta de las unidades a nivel estatal es de ocho meses. En conclusión, sólo la Comunidad Valenciana está dotada de suficientes recursos materiales y personales para su correcto funcionamiento. 

Los ojos de los fiscales se instalan también sobre las pulseras telemáticas. Han sido notificados problemas en su funcionamiento, como la deficiente cobertura en zonas rurales aisladas o el tiempo que emplean en trasladarse los técnicos a esas áreas. Pero sobre todo, algunas fiscalías alertan de "lo gravoso que supone para las víctimas las comunicaciones de incidencias reiteradas, que les provoca ansiedad y trastorno en su vida diaria, llegando a comparecer en sede judicial para solicitar la retirada de los dispositivos". 

Ante esta coyuntura, la Fiscalía esboza algunas propuestas. Entre ellas, la implementación de ventanillas únicas de recepción de denuncias, el impulso de herramientas para garantizar la fácil comprensión para las personas con discapacidad o la mejora de las instalaciones de los edificios judiciales para, entre otras cuestiones, que una víctima jamás tenga que encontrarse con su agresor. También se pone sobre la mesa la creación de un sistema informático único para reforzar la coordinación y la comunicación entre los distintos órganos implicados.

Una mirada hacia las personas migrantes

Las mujeres migrantes merecen un apartado específico en el documento publicado por el Ministerio Fiscal. "La mayor vulnerabilidad de las mujeres inmigrantes cuando son víctimas de violencia de género es una realidad indiscutida", introduce. La vulnerabilidad que las atraviesa tiene que ver con variables "socio estructurales, carencia de redes sociales, las barreras idiomáticas o el desconocimiento de nuestra legislación". Pero si algo hace que dicha vulnerabilidad se cronifique, es "la irregularidad administrativa" y la "dependencia económica del agresor". 

La Fiscalía hace extensivo el análisis al resto de personas migrantes. Los cálculos indican que existen entre 470.000 y 500.000 personas en situación administrativa irregular, "abocadas a formar parte de núcleos marginales en condiciones de pobreza y exclusión de larga duración". Esta situación conlleva, en muchas ocasiones, explotación y abusos en el ámbito laboral, "enfrentándose a múltiples barreras para hacer valer sus derechos en los tribunales". La Fiscalía cree que "se deben adoptar iniciativas de políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia de estos inmigrantes, incluyendo mecanismos eficaces que les permitan presentar reclamaciones contra sus empleadores".

El estudio anual también tiene en cuenta dos cuestiones clave: las expulsiones y los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Respecto a lo primero, recuerda que "la mayor parte de los extranjeros cuya expulsión se acuerda, son personas que salieron de sus países huyendo de situaciones de miseria, depresión económica, catástrofes o carencia de oportunidades y derechos". La imposición de una sanción les aboca a la "frustrante realidad de tener que retornar a los mismos lugares de los que salieron en busca de un futuro mejor". En ese contexto, "sus escasos recursos económicos, las barreras culturales, sociales, idiomáticas y la inexistencia de vínculos, dificultan enormemente la aportación de datos o elementos que pudieran justificar una decisión distinta o posibilitar la impugnación de la sanción".

En cuanto a los CIE, la Fiscalía abunda en que su internamiento debe constituir siempre una medida excepcional y llama a reforzar las inspecciones que garanticen el adecuado cumplimiento de los derechos de los internos. 

Finalmente, sobre el rechazo de la entrada de migrantes en la frontera, el Ministerio Fiscal cree conveniente una "profunda reflexión" que conlleve valorar la "viabilidad de otros sistemas alternativos más garantistas".

La batalla de los familiares de residencias se mantiene

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Otro apartado que destaca entre las más de mil páginas del documento tiene que ver, un año más, con los fallecimientos en residencias y centros de mayores. En febrero de 2022, la Secretaría Técnica dirigió sendos oficios a los fiscales superiores de tres comunidades: Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha. La Fiscalía resalta que es en esos territorios donde se han producido un número "particularmente relevante de fallecimientos en residencias". El oficio solicitaba información sobre diligencias de investigación incoadas, denuncias o querellas interpuestas, decretos de archivo, autos de sobreseimiento y procedimientos judiciales en trámite. En octubre la petición se hizo extensiva a todas las fiscalías superiores. 

"La vulnerabilidad incuestionable del colectivo de las personas mayores, exige una posición proactiva en el procedimiento por parte del Ministerio Fiscal", clama en su informe. A finales de año, el grueso de las investigaciones se encontraba ya en fase judicial. A fecha 30 de septiembre de 2022, existían 106 procedimiento judiciales en trámite, veinte de los cuales fueron incoados por denuncia o querella interpuesta por el Ministerio Fiscal. Un total de 34 resultaron archivados, pero la Fiscalía recurrió 31 autos de archivo: diecinueve fueron estimados, cuatro desestimados y ocho pendientes de resolución. También en tramitación se encontraban cuatro diligencias de investigación, todas ellas incoadas en 2022.

El "compromiso" de la Fiscalía General del Estado en la materia "continúa a fecha de hoy". Entre los últimos pasos andados, la exigencia a los fiscales de escuchar a los familiares en sus diligencias de investigación y la recepción en febrero del presente año de las asociaciones de víctimas con el fin de "informarles personalmente de los datos recabados". Son precisamente los familiares de las víctimas quienes mantienen, a día de hoy y después de tres años, una incesante batalla para conseguir justicia y reparación.