Marinaleda, ya sin el mítico Gordillo, se aferra a la finca roja: "Nos quieren quitar todo por lo que luchamos"

Si pudiera medirse la cantidad de información per cápita publicada sobre cada municipio de toda España, es muy probable, casi seguro, que Marinaleda, con sus poco más de 2.500 habitantes, se colocaría en la parte alta de la clasificación. No sólo la prensa de Sevilla se ocupa desde hace ya va camino de medio siglo de este pueblo de la cuenca del Genil, 25 kilómetros cuadrados a algo más de 100 kilómetros de la capital, una hora larga en coche. Ni tampoco se limita la atención a los medios nacionales, que le han dedicado reportajes y reportajes. La fama de Marinaleda ha atraído durante décadas a reporteros de todo el mundo, desde The New York Times para abajo, fuera para prensa, radio o televisión, fascinados por la singularidad de su historia. Porque Marinaleda ofrece el tipo de aliciente que sólo pueden brindar las excepciones. Trabajo para todos y sin hipoteca en un pueblo español, titulaba el rotativo neoyorquino una de sus últimas piezas, en 2009. Eran, o lo parecían, los buenos tiempos. Y eso que estábamos en plena crisis.

Ahora en Marinaleda, aunque su singular modelo de acceso al trabajo agrícola sigue en pie, cunde el temor a que haya malas noticias esperando a la vuelta de la esquina.

Un alcalde emblemático

Antes de explicar por qué, hagamos un poco de historia. ¿A qué tanto interés en ese pueblo que tiene como lema "una utopía hacia la paz"? Para entenderlo, hay que citar un nombre. La historia del pueblo va unida a quien todavía hoy resulta raro no llamar alcalde, porque parecía que lo iba a ser siempre: el líder jornalero Juan Manuel Sánchez Gordillo. Nacido en 1949, este sindicalista agrario, "rojo", "comunista" y "comunitarista", conquistó la vara de mando en las primeras municipales, en 1979, y no lo soltó hasta el pasado mayo, cuando decidió no presentarse, ya mermada su salud, y dejar paso a uno de sus más próximos, que ha revalidado su mayoría absoluta.

Si Gordillo no ha sido un alcalde cualquiera, tampoco su pueblo ha sido un pueblo más. Y eso que en los albores de la democracia parecía una de las muchas poblaciones de la Andalucía interior castigadas por el endémico desequilibrio en el reparto de la tierra. Es decir, por la pobreza y el paro y la falta de oportunidades. ¿Qué hizo diferente a Marinaleda? Que Gordillo, ejerciendo como líder, casi como mesías, empujó a su pueblo a una larga sucesión de ocupaciones de tierras con una finca entre ceja y ceja: El Humoso. Y logró convertirla en todo un símbolo de la lucha de los jornaleros sin tierra.

La historia era irresistible: aquel barbudo de verbo encendido al frente de una pequeña legión de braceros de piel tostada marchando al grito de "pan y tierra" y asentándose, sin pedir por favor ni perdón, en los dominios del Duque del Infantado, desde donde desafiaban a los desconcertados agentes de al Guardia Civil. Aquello lo tenía todo: era expresión de pura desigualdad, sí, pero también de la rebeldía atávica de los desposeídos, que pedían a la democracia algo más que derechos en un papel, que no querían ser de otra vez, como en al Segunda República, la asignatura pendiente. "Gordillo, con su relato de señoritos y jornaleros, hablando de reforma agraria, ofrecía justo la imagen de Andalucía que el PSOE quería evitar. Era un tío, más que peligroso, incómodo", resume a infoLibre un exparlamentario, ya apartado de la política, que explica así que al final, erre que erre, el hombre del palestino al cuello se saliera con la suya.

Una cesión de 1.200 hectáreas

Las cooperativas de Marinaleda lograron, entre 1991 y 1995 la cesión para su uso, no la propiedad, de unas 1.200 hectáreas agrícolas que la Junta había comprado al duque. Su entrega permitía que las tierras fueran explotadas por la red de cooperativas del pueblo, encarnación del sueño "comunitarista" de Gordillo. "La tierra para el que la trabaja", era la frase de la época. Los reportajes de estética miserabilista de los años 80 empezaron desde entonces a añadir pinceladas coloristas, de final feliz. El Humoso, tras años de lucha, era del pueblo. Se salían con la suya, por una vez, los desharrapados. "Oasis comunista", llegó llamar el Times a Marinaleda, tan propicia para el tópico.

Gordillo presumía de un desempleo en su fortín por debajo del resto de Andalucía. Todavía hoy su sucesor, Sergio Gómez, lo cifra entre el 8% y el 10%, y eso en un mal año agrícola, cuando en Andalucía está más cerca cerca del 20% que del 15%. El alcalde que se decía "como Cristo, Ghandi y Marx" se convirtió, una vez conquistado El Humoso, en un mito, con su nombre ya ligado para siempre a una mitología hecha de marchas, ocupaciones, insubordinaciones, desafíos, declaraciones incendiarias y hasta huelgas de hambre, a menudo junto a su compañero Diego Cañamero, los dos tan impulsivos en apariencia como estratégicos al aprovechar los periodos de bajón informativo –julio y agosto eran su fuerte– para conseguir atención con sus acciones, fueran ocupaciones de fincas o "expropiaciones" de carros del supermercado.

El alcalde/jornalero hizo conocidos en toda España el Sindicato de Obreros del Campo (SOC), el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y su pequeño partido, el Colectivo Unitario de Trabajadores (CUT), una de las organizaciones fundadoras de IU en Andalucía. Parlamentario andaluz por primera vez a mediados de los 90, quebradero de cabeza para la dirección de IU, Gordillo –figura venerada por el independentismo vasco y catalán de izquierdas– era el recordatorio de que las políticas de subsidio, el famoso PER, habían paliado pero no resuelto el problema del campo andaluz. Y se presentaba él mismo como prueba de que había otro camino. Mientras tanto, en su feudo, arrasaba, mayoría absoluta tras mayoría absoluta, mientras sus rivales se conformaban con acusarlo de practicar un autoritario conmigo o contra mí.

Un requisito "absurdo"

Lo cierto es que la historia de El Humoso, más allá de los neones, nunca fue idílica. A lo largo de los años las cooperativas han tenido problemas de deudas, impagos del canon a la Junta –de unos 160.000 euros el año, según la cooperativa– y discrepancias en el seno de la comunidad agrícola. A todo ello se suma la falta de certidumbre formal en que se encuentran las cooperativas al menos desde 2017. Pero todos los conflictos quedaban opacados por la figura del carismático líder. "El PSOE nunca se atrevió con él", afirma el citado exparlamentario. "Pero a todos los problemas se le iban a dando largas".

Los problemas que ahora son ya inocultables empezaron a incubarse en 2011, cuando la Junta –aún con el PSOE en San Telmo– lanzó un proceso para vender las tierras cedidas a los cooperativistas tras la extinción de lo que fue el IARA, el Instituto Andaluz de Reforma Agraria. Los jornaleros tenían de plazo hasta el cierre de 2015 para solicitar el acceso. Desde un año después, 1 de enero de 2017, están en El Humoso sin cobertura legal, según una fuente conocedora del curso administrativo de la finca. Ya enfilando 2024, las tierras aún siguen sin ser de los cooperativistas. Y ese no es el mayor problema: Hay un proceso de desalojo abierto por la Junta. Su final es incierto. La propia cooperativa da casi por segura una derrota en los tribunales y pide una solución política.

A la hora de explicar los motivos por los que se ha llegado a esta situación, la parte de los cooperativistas alude a uno de los requisitos, considerado "absurdo" para el caso de Marinaleda, que impone la norma de 2011. ¿Cuál? Que el número de socios debe ser igual al existente cuando las tierras fueron cedidas. Eso supondría 95 socios, según explica la propia cooperativa. Es "inviable", coinciden Juan Prieto, presidente de Marinaleda Sociedad Cooperativa Andaluza; Óscar García Jurado, especialista en economía social que los asesora durante el proceso; y Jesús Sendra, el abogado que les lleva el caso y que afirma que este requisito parte de "una visión trasnochada" del cooperativismo, según la cual el número de socios es espejo del empleo generado. "En Marinaleda la productividad es óptima y se genera mucho empleo", señala. García Jurado completa: "Llegar hasta 95 cooperativistas [ahora hay en torno a 50, dice] supondría una subida de costes enorme, que habría que sostener haya o no haya ingresos. Eso nos llevaría a una esclavitud ante los bancos, a un endeudamiento muy peligroso, cuando ahora hemos conseguido un equilibrio basado en el reparto del trabajo. Endeudarse no tiene nada de revolucionario", señala.

Pero es Juan Prieto el que más se explaya en la explicación. A sus 67 años, es presidente de la cooperativa de segundo grado Marinaleda SCA y gerente de las ocho cooperativas de primer grado integradas en la misma: Los Jornaleros; Tierra, Trabajo y Libertad; Domingos Rojos; Los Moledores; El Ciervo; Hierbabuena; Camilo Cienfuegos; y Los Compañeros. "En un pueblo de menos de 3.000 habitantes, aquí [en El Humoso] hay 60 personas trabajando todos los días, y picos de 400 personas durante la recolección. Todos, sean cooperativistas, fijos o eventuales, cobran 1.367 euros al mes. Nadie trabaja para hacerse rico, sino para vivir", dice. Y añade: "Tráete al economista que sea, al más listo, y a ver qué opina. El modelo funciona". García Jurado tercia: "Aquí se busca el reparto del empleo, no de los beneficios. Es un modelo único". Prieto y García Jurado afirman que subir a 95 cooperativistas rompería el "modelo". "Es absurdo", coinciden. Reclaman diálogo a la Junta, pero afirman que están encontrando evasivas.

infoLibre trató recabar información y posicionamiento de la Consejería de Agricultura para este artículo, sin respuesta.

Un posible "desalojo"

Una cuestión tensa a tanto a Prieto como a García Jurado: el comentario, extendido entre quienes conocen la intrahistoria de El Humoso, de que Gordillo, en su última fase como alcalde, desaprovechó la ocasión de comprar la finca cuando la Junta le ofreció la posibilidad, es decir, después de 2011. Así lo recoge la propia resolución de 2021 de la Consejería de Agricultura, ya con el PP, que acaba con la orden de "desalojo" de las tierras y que ha sido recurrida por los cooperativistas. Ante la pregunta del periodista sobre el proceder del anterior alcalde, ni una crítica a Gordillo. Prieto sólo tiene agradecimiento para el exalcalde, al que recuerda como la "mente pensante" y el "líder" las "luchas" de los 80 y 90. Las nombra en plural: "luchas". Primero, por el agua para riego, tras la ocupación del pantano de la Cordobilla. Después, por la cesión de tierras. En medio, innumerables marchas y ocupaciones.

El resultado de todas aquellas "luchas" está hoy envasado a su espalda, durante la conversación con infoLibre en la fábrica de la cooperativa: aceitunas, aceite, alcachofas, habas, pimientos del piquillo... Un sistema cooperativo "productivo y que da empleo", recalca Prieto, que cree que el Gobierno andaluz (PP) está represaliando a Marinaleda. Ahí es donde inserta el posible desalojo. "Nos quieren quitar todo por lo que hemos luchado. Desde que Juan Manuel [Sánchez Gordillo] no genera el problema político, ellos [la Junta] se están tomando la revancha de todo lo que han tenido que tragar", afirma.

Prieto admite que, con la ley en la mano, los cooperativistas tienen las de perder en el litigio contra la Junta, aunque confía en que la orden de desalojo no se ejecutará. Y no sólo porque una hipotética sentencia en contra del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sería recurrida, sino porque "el pueblo no lo permitiría". Ahora bien, advierte de que el daño a la cooperativa ya está hecho con la imagen de incertidumbre que planea sobre ella. Una de las peores hipótesis que maneja se pierdan las ayudas de la PAC, unos 500.000 euros al año, según Prieto. "Por ahí nos podrían hacer muchísimo daño", se preocupa.

¿Solución? "Nosotros siempre hemos dicho que no queremos la propiedad", pone Prieto por delante, alineándose con la tesis histórica de Gordillo. Ahora bien, si hay que hacerse con la finca, hay dos opciones, detalla. La primera, que compren la finca las propias cooperativas, que la cederían a una fundación, que "ya está lista". La segunda, que la compre el Ayuntamiento. ¿El coste? En torno a 6 millones, según la resolución de 2021 de la Junta, aunque la cifra podría reducirse a entre 4 y 5 millones al descontar las inversiones realizadas por la cooperativa a o largo de los años, según García Jurado, que cree que el descuento del que podría beneficiarse el Ayuntamiento sería menor.

La patata caliente del alcalde

La conversación con García Jurado y con Prieto se prolonga durante más de una hora en la fábrica de la cooperativa, a las afueras del pueblo. Después hay cita con el alcalde, Sergio Gómez, en su despacho en el Ayuntamiento. Profesor de Historia de Secundaria de 37 años, le ha tocado el desafío de sustituir al histórico Gordillo, que finalmente en mayo de 2023, tras 44 años, dio paso a un nuevo candidato, no sin resistencias de última hora. A Gómez no le ha ido mal: de 11 concejales, sacó siete. Mayoría absoluta. Pero la tarea que tiene por delante no es ninguna perita en dulce. Hay que lidiar con el problema de El Humoso.

Ni un reproche para la gestión de Gordillo sale de la boca de Gómez. Su malestar se dirige hacia la Consejería de Agricultura (PP), que –denuncia– no está atendiendo sus solicitudes de búsqueda de solución con la excusa de que hay que esperar a que haya una sentencia, que se prevé para antes de final de año. Pero él pide una solución "política". ¿Cuál? El regidor se inclina por la compra municipal de la finca, aunque sabe que 6 millones es mucho para un ayuntamiento con un presupuesto que cifra en 4,5. "Es un precio desorbitado. Pagarlo significa más desempleo, cuando tenemos un paro por debajo del 10% y hemos sido siempre el pueblo de la provincia de Sevilla de menos de 10.000 habitantes con menos paro", relata el regidor, para quien la compra de las cooperativas y su traspaso a la fundación sería un "plan B". Lo que sí tiene claro el alcalde es que no hay opción C. Dice: "No vamos a consentir que la Junta nos quite 1.200 hectáreas de tierra, que son uno de los mayores triunfos de la historia reciente de la clase jornalera en Andalucía".

Le hacemos dos preguntas. La primera es si cree que, ahora que no está el volcánico Gordillo, la Junta se comporta de forma más dura con Marinaleda. "No creo", responde. "Ellos saben que Marinaleda, en caso de que tuviera que luchar por la tierra, lucharía, porque la semilla de la lucha está ahí". La segunda es si hay, como piensa Prieto, un represalia contra el pueblo. Más que represalia, describe un escarmiento: "A la derecha no le gusta que haya un modelo, como el cooperativismo económico social de Marinaleda, que se muestre como una alternativa al capitalismo. Van a intentar derrocarlo por todos los medios".

Lo anterior es el palo en el discurso del alcalde, que también trae una zanahoria para mostrarse abierto al diálogo y convencido de que no habrá desalojo, incluso si se pierde el caso judicial. La Junta negociará, señala. Lo que ni se le pasa por la cabeza es que haya "un tercer comprador", por ejemplo un fondo de inversión. "Tenemos una opción preferente y la usaremos. Perder El Humoso sería amputarle el corazón a Marinaleda". Prieto coincide: "Si la Junta lo permite, obviamente aparecería otro comprador. No estoy dispuesto. No llevo más de 30 años dejándome los cuernos aquí para eso".