Feijóo acusa de “pasar por caja” a los independentistas y ‘olvida’ que CC le apoyó a cambio de millones de euros

El argumentario de Alberto Núñez Feijóo en contra de un acuerdo de investidura que reelija presidente a Pedro Sánchez y que incluya a Junts y a Esquerra no bebe exclusivamente de las medidas de gracia que el Gobierno y el Congreso puedan aprobar para cerrar las heridas judiciales y administrativas que dejó el procés y que afectan a casi un millar y medio de personas, la mayoría de las cuales se limitaron a facilitar que el 1 de octubre se pudiese votar. Tampoco se limita a especular con la posibilidad de un referéndum de autodeterminación que nunca ha estado entre los asuntos que el PSOE esté dispuesto a acordar. 

Una gran parte de su discurso tiene como principal referencia la necesidad de defender “la igualdad entre todos los españoles” o, lo que es lo mismo de acuerdo con la interpretación que el PP da a estas palabras, que una comunidad como Cataluña no obtenga privilegios, sobre todo económicos. a cambio de que los partidos independentistas apoyen la investidura de Pedro Sánchez. 

Es un razonamiento que Feijóo extiende a cualquier acuerdo que incluya inversiones o beneficios en la financiación autonómica, algo que combate con especial énfasis diciendo que Junts y a ERC lo que quieren es “pasar por caja” antes de dar su voto favorable al candidato del PSOE.

Las reservas de Feijóo a la hora de suscribir acuerdos con formaciones nacionalistas a cambio de concesiones contrastan con las que firmó José María Aznar en 1996 con Convergència i Unió (CiU) —el antecedente de Junts— a cambio de su investidura. Entonces, transfirió las competencias de tráfico de la Guardia Civil a los Mossos d’Esquadra en Cataluña (algo que el líder actual del PP ha prometido negar a Navarra), eliminó la figura del gobernador civil y el servicio militar obligatorio y duplicó la cesión del IRPF a las Comunidades Autónomas, que pasó del 15% al 30%.

Aunque, en realidad, no hace falta remontarse tanto para observar las contradicciones del que fuera presidente de la Xunta. Para garantizarse su propia investidura, que acabó perdiendo el pasado 27 de noviembre, Feijóo autorizó el pasado mes de agosto la firma de un acuerdo con la formación nacionalista Coalición Canaria (CC) que no puede estar más alejado de su promesa de “igualdad entre todos los españoles” que el líder del PP predica a cada día en sus intervenciones públicas. Una propuesta que, en síntesis, considera sospechosa de desigual cualquier acuerdo bilateral entre el Gobierno de España y una comunidad autónoma, especialmente si incluye comprometer fondos públicos.

Bilateralidad canaria, sí; catalana no

Lo que el PP pactó con CC a cambio del apoyo de su única diputada en el Congreso es exactamente eso: un compromiso para, mediante negociaciones bilaterales, hacer posible que Canarias asuma nuevas competencias. Y para que la nueva financiación autonómica, cuando se apruebe, recoja las demandas de los nacionalistas canarios, entre las que el documento cita “el peso que debe tener la insularidad o los parámetros de pobreza”, así como “la valoración del sobrecoste sanitario vinculado a la insularidad y la lejanía”.

No existe, o no se ha hecho pública, una cifra concreta del dinero público que Feijóo prometió a Coalición Canaria a cambio de apoyo a su investidura de la única diputada de esta formación en el Congreso. Pero con seguridad se trata de una suma muy elevada, porque el candidato fallido garantizó recursos del Estado para “obras hidráulicas, carreteras, vivienda, infraestructuras turísticas y educativas”, así como para costear la atención a la dependencia en Canarias y su sanidad, así como “un sistema de compensación, con partidas anuales específicas en los Presupuestos Generales del Estado, que garantice la moderación de los precios del agua desalinizada, regenerada o reutilizada en Canarias hasta alcanzar un nivel de precios equivalente al Estado”.

Los compromisos que el PP adquirió con CC a cambio de su voto no se quedaron ahí. Feijóo autorizó ceder competencias que el Estado que no comparte con otras comunidades autónomas, como que el nombramiento de los máximos responsables de los puertos francos de las islas o de los directores de los medios públicos estatales en el archipiélago, TVE y RNE, deban ser acordados previamente con los nacionalistas canarios.

Y algo mucho más significativo: aceptó conceder al Gobierno de Canarias presencia, “con representación propia, en las negociaciones que el Estado mantenga con el Reino de Marruecos en las materias que afectan a la Comunidad Autónoma”, sobre todo en tres asuntos que Coalición Canaria considera “fundamentales”: “delimitación de los espacios marítimos, control de movimientos migratorios y explotación de recursos naturales”.

La deuda catalana

En su afán por desautorizar de manera preventiva cualquier acuerdo que pueda estar negociando el PSOE con Junts y Esquerra, se ha opuesto también a cualquier condonación de la deuda catalana.

Junts ha cifrado en 450.000 millones de euros la “deuda histórica del Estado con Cataluña”, repartida del siguiente modo: 50.900 millones en déficit de infraestructuras, 375.000 millones en partidas sociales y 30.000 millones en pensiones “en los últimos treinta años de infrafinanciación”. Y ha pedido expresamente la condonación parcial de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

Feijóo se opone frontalmente a cualquier clase de condonación o de quita de la deuda pública. Siempre ha dicho que supondría premiar a los malos gobernantes y castigar a quienes lo hicieron bien. El Estado, proclamó este mismo lunes en un acto en Madrid junto a la presidenta de Balears, Margalida Prohens, no debe hacerse cargo “de las deudas contraídas por algunos malos gestores”.

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Este planteamiento, sin embargo, choca frontalmente con el del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. El barón valenciano del PP evita hablar de “quita” o de “condonación”. Él prefiere reclamar una “compensación”, pero está hablando de lo mismo: que el Estado se haga cargo de lo que su comunidad tuvo que pagar durante años porque no tenía una financiación adecuada. 

Feijóo culpa de la deuda valenciana al PSPV y a sus socios de Botànic y en la campaña reconoció que “la Comunitat es la que más preocupa desde el punto de vista financiero”. Pero ahora no quiere hablar de quita, compensación o condonación, porque tendría que aceptar también la de Cataluña.

Mazón ha repetido en numerosas ocasiones que la deuda autonómica asciende a 55.000 millones y eso es “algo inasumible”. Él mismo pidió en agosto esa “compensación” en el nuevo modelo de financiación “por estos años tan lamentables”. Lo considera “irrenunciable e indiscutible”.