A juicio los exconsejeros Fernández y Recio por 33 millones en ayudas "arbitrarias" a Ángel Ojeda
El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda la apertura de juicio oral contra los exconsejeros socialistas de Empleo Antonio Fernández y Manuel Recio y otras seis personas, por las subvenciones de más de 33,3 millones de euros "arbitrariamente" concedidas al entramado de sociedades del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, fallecido en diciembre de 2021, para los cursos de formación de los extrabajadores de la desaparecida planta gaditana de la multinacional de automoción Delphi, según recoge Europa Press.
Según ha informado la Oficina de Comunicación del TSJA, en un auto fechado el día 10 de octubre, el magistrado acuerda abrir juicio oral contra los dos exconsejeros como presuntos responsables de delitos continuados de prevaricación y malversación, mientras también abre juicio oral contra los otros seis investigados por delitos continuados de fraude de subvenciones.
Estos seis investigados son Marcos O.M., hijo del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, y otras cinco personas que tenían una dependencia laboral o vinculación societaria con las empresas dirigidas por dicho exconsejero. El juez, asimismo, abre juicio oral contra cinco entidades en calidad de responsables civiles subsidiarios y contra otras nueve entidades en calidad de partícipes a título lucrativo.
El instructor afirma que los exconsejeros de Empleo investigados "asumieron estos compromisos y acordaron este sistema de subvenciones a la contratación, a pesar de ser conocedores que la normativa en vigor en modo alguno amparaba dicho sistema y que se simulaban contratos de trabajo que no se respondían con la realidad", para lo cual "habrían puesto en marcha un irregular sistema de concesión de subvenciones excepcionales y arbitrarias, que se destinaron, por un lado, a la simulación de relaciones laborales para proporcionar prestaciones de la Seguridad Social indebidas a un gran número de ex trabajadores de Delphi (con la colaboración de las asociaciones y fundaciones dirigidas y controladas por Ángel Ojeda); y por otro lado, a mantener las percepciones de los ex trabajadores al margen de la normativa de protección por desempleo".
Presunto desvío de fondos
El juez asevera que "el sistema habría dado lugar, además, a que algunas de las asociaciones beneficiarias de las subvenciones desviaran fraudulentamente una parte considerable del importe a entidades vinculadas, a través de la generación de sobrecostes, la fijación unilateral de precios y la contratación de servicios sin valor para la actividad subvencionada", todo ello "sin que los responsables de la Consejería de Empleo llevasen a cabo actuación alguna en orden a comprobar el correcto destino de las ayudas".
En este sentido, el juez precisa que, en fecha no concretada pero en torno a los meses de verano de 2009, previo a que comenzara la segunda fase del dispositivo mencionado, Antonio Fernández habría convocado a una reunión informal a Ángel Ojeda, "quien era notoriamente conocido por ser beneficiario en la concesión de subvenciones autonómicas, habiendo sido consejero de Hacienda de la Junta", informándole el primero de que los trabajadores de Delphi "iban a cumplir los dos años de paro y que había que dar una salida a los mismos", al tiempo que "se le ofreció la gestión de una ingente cantidad de subvenciones a través de empresas y entidades que serían directa o indirectamente controladas" por el propio Ojeda.
Según agrega, "el entramado habría de conformarse en torno a la simulación de contrataciones con empleados de la empresa Delphi, incluyendo así salarios, cotizaciones y otros gastos que pagaría de modo indirecto la Junta a través de las empresas y entidades" de Ángel Ojeda, señalando que "las entidades que ofrecía" el ex consejero de Hacienda, "meros testaferros de su voluntad, contrataría a los trabajadores de Delphi del dispositivo singular, pero siempre con financiación pública".
Sin verdadera prestación de servicios
Así, "los proyectos subvencionados consistían en proporcionar formación a los ex trabajadores de Delphi, pero se exigía su contratación y alta en la Seguridad Social, si bien la actividad de los contratados no habría sido otra que la de recibir formación, sin que existieses una verdadera prestación de servicios", de modo que los contratos de trabajo "sólo tenían como objetivo crear una apariencia de -ficticia- relación jurídico-laboral para justificar el alta en la Seguridad Social" y que así accediesen "a unas prestaciones a las que de otro modo no tendrían derecho".
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Las subvenciones fueron otorgadas a cada una de las cinco asociaciones que habría ofrecido Ángel Ojeda, como son la Asociación de Empresas Aeronáuticas (AEAA), que habría percibido 7.376.573 euros; la Asociación de Apoyo a la Integración (Humanitas), que habría obtenido 5.268.825 euros; la Asociación para la Sociedad de la Información (Innova), que habría percibido 7.376.573 euros; la Asociación para la Calidad Europea (Inteca), que habría obtenido 7.376.573 euros, y la Asociación de Apoyo al Medio Ambiente (Natura), con 5.911.242 euros.
Los consejeros
El juez Vilaplana precisa que dos de las remesas de ayudas fueron concedidas por Fernández y la última por Recio como su sucesor en la Consejería de Empleo, "sin estudios y análisis previos y sin ni siquiera comprobar la legalidad de las mismas, haciendo dejación de sus más deberes elementales en el cargo".
"Los consejeros habrían de resultar conocedores de que las cinco asociaciones eran ficticias, y que todas ellas no habrían de ser más que entidades constituidas y dirigidas por Ángel Ojeda, con el fin de canalizar y obtener las subvenciones", señala el juez, que subraya que el total de subvenciones "arbitrariamente" concedidas por los titulares de la Consejería en favor de este "entramado Ojeda" ascendería a 33.309.789 euros.
