El 65% de las medidas del Pacto contra la Violencia Machista se han cumplido y el 29% están en proceso

En septiembre de 2017, los grupos parlamentarios alcanzaban uno de los acuerdos más ambiciosos en la lucha contra la violencia de género: un Pacto de Estado repleto de medidas para tratar de caminar hacia el fin de la violencia que ha dejado ya 1.236 víctimas mortales en diez años. Curiosamente, Unidas Podemos fue la única formación que se abstuvo, al entender que el documento no era lo suficientemente ambicioso. En aquel momento, la formación morada no sabía que sería una de las suyas, Irene Montero, quien se encargaría de velar por el cumplimiento de aquel compromiso al frente de un ministerio que ni siquiera existía entonces. Hoy, el balance que hacen es positivo: 190 medidas ya son una realidad y 85 están en proceso de serlo.

Es el análisis entregado este jueves por Irene Montero a la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Lo cierto es que no son pocas las victorias que se anota la cartera en este último lustro, y muchas de ellas dan respuesta a las demandas que las organizaciones de mujeres llevaban años planteando. 

En el listado de éxitos, se incluye el fin del mal llamado síndrome de alienación parental (SAP) o la modificación del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por el que las víctimas podían acogerse a la dispensa de la obligación de declarar contra sus maltratadores. Al calor del Pacto de Estado, España reconoce la violencia vicaria, suspende el régimen de visitas en todos los casos en los que el menor hubiera presenciado, sufrido o convivido con manifestaciones de violencia y prohíbe las visitas de los más pequeños al padre maltratador en prisión. 

También amplía sus estadísticas: ya no sólo hay espacio para la violencia en el marco de la pareja o expareja, sino para todas aquellas violencias contempladas por el Convenio de Estambul. España se ha convertido, de hecho, en el primer país europeo en ofrecer datos estadísticos sobre todos los feminicidios más allá del vínculo entre víctima y agresor. Y detrás de la línea telefónica del 016, también hay ahora quien escucha a las víctimas de violencia sexual y otras formas de maltrato.

Pero, ¿qué significa exactamente que 85 medidas están en proceso? Según la evaluación del Ministerio de Igualdad, se trata de aquellos casos en los que “se han dado pasos suficientemente significativos para su implantación”, como reuniones, estudios o trámites legislativos, pero que “todavía no se pueden considerar totalmente” implantados. 

¿Ejemplos? La ley de trata. Un proyecto normativo que ha sido aprobado en primera y segunda vuelta en el Consejo de Ministros, pero que concluida la legislatura, no ha conseguido superar todo el proceso necesario para su consolidación. Esta ley se encuentra, de hecho, entre las medidas del acuerdo programático firmado este martes por Sumar y el PSOE.

Las medidas pendientes, competencia de Justicia

Las medidas pendientes son nueve. Y de ellas, ocho son competencia del Ministerio de Justicia, según revelan fuentes de Igualdad. No ha podido ser, por el momento, la supresión de la atenuante de confesión en delitos de violencia de género “cuando las circunstancias de los hechos permitan atribuir fehacientemente su autoría”, ni tampoco la eliminación de la atenuante de reparación del daño en los casos de violencia de género. 

El Pacto instaba a trazar, a través de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, un listado de criterios de referencia para medir de forma cristalina la existencia de riesgo en los casos de violencia, y así “impedir que disminuyan las órdenes de protección”, pero tampoco ha llegado a buen puerto esta medida. El documento también quería evitar “posibles periodos de desprotección” de las mujeres, en los momentos en que las medidas cautelares ya no rigen porque hay sentencia firme, pero aún no se ha implantado la orden de alejamiento. Igualmente habría sido competencia del Ministerio de Justicia modificar el artículo 468 del Código Penal para que, en los casos de quebrantamiento, los jueces impongan la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima. 

En el tintero se ha quedado también la prohibición de que los padres maltratadores puedan acceder a las grabaciones realizadas con motivo de las comparecencias de los menores; así como el fin de la exigencia de fianza en la personación de las asociaciones de ámbito estatal en los procedimientos de violencia de género.

El Pacto buscaba además mejorar la coordinación institucional y para ello contemplaba la necesidad de remitir las denuncias por comparecencias ante el juzgado y los partes de lesiones a las fuerzas de seguridad de cada territorio, con el fin de anotarlos en el sistema de seguimiento VioGén. A través de una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la aspiración era la de facilitar el intercambio de información entre instituciones y garantizar la seguridad física y psicológica de las víctimas y sus hijos. Esta medida también ha quedado en un cajón.

Finalmente, y esto es responsabilidad del Ministerio de Sanidad y de las comunidades autónomas, tampoco se ha incorporado en los temarios de oposiciones al Sistema Nacional de Salud temas específicos sobre salud y género.

Hay otras seis medidas que están en un limbo. Se trata de iniciativas que no son competencia de la Administración General del Estado, por lo que el informe de evaluación no analiza su estado actual. Tres deben ser ejecutadas por las entidades locales, dos por el Senado y una por el Congreso. Aunque el documento del Ministerio de Igualdad deja a un lado estas medidas, es sencillo conocer el estado actual de algunas. Por ejemplo, la elaboración de un gran Pacto de Estado Social y Político por la Educación es una propuesta que no ha salido adelante; pero la evaluación de los resultados del Pacto por parte de la Comisión Mixta del Senado sí se ha cumplido.