La justicia española estrecha el cerco alrededor del clan de los Obiang
Guinea Ecuatorial, 3 de agosto de 1979. Un golpe de Estado derroca al dictador Francisco Macías. Al frente del mismo se encuentra su sobrino: el teniente coronel Teodoro Obiang. Los partidarios del alzamiento no dudaron en calificarlo como Golpe de la Libertad. Pero lo cierto es que aquel movimiento no fue más que un relevo de dictadores. Desde aquella insurrección, Obiang ha dirigido el país de manera ininterrumpida con mano de hierro. Y lo ha convertido en una especie de cortijo particular que lo sitúa como uno de los Estados más corruptos del mundo, según el último Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional. Así, mientras algunos de los allegados del dictador se hacen de oro, la mayoría de la población tiene que vivir en la pobreza en un país con una enorme potencia en el sector de los hidrocarburos.
Los tejemanejes de la poderosísima familia Obiang llevan años bajo la lupa en distintos países europeos. En 2021, la Corte de Casación francesa avaló la condena impuesta al vicepresidente guineano, Teodoro Nguema Obiang, por blanqueo de capitales y malversación de fondos públicos para adquirir propiedades en Francia por una suma estimada en 150 millones de euros, una decisión que suponía, además, la confiscación de los bienes incautados, entre ellos una mansión ubicada en París. El dinero blanqueado procedía de prácticas corruptas en su país, especialmente durante su etapa como ministro de Agricultura y Bosques. Teodorín es, desde hace años, el gran favorito para suceder a su padre, ya octogenario, al frente de Guinea Ecuatorial.
También en España son varios los casos que, de una u otra manera, apuntan al clan familiar. Uno de ellos, aún en fase embrionaria, se encuentra en Palma. Allí, según confirman fuentes jurídicas a infoLibre, el Juzgado de Instrucción nº3 mantiene abierta una investigación que se encuentra bajo secreto de sumario y en la que participa la Fiscalía Anticorrupción. Las pesquisas, según publicó La Última Hora, tratan de aclarar si el hijo menor del dictador y ministro de su Gobierno, Gabriel Obiang, empleó dos empresas ubicadas en la isla en una operación para blanquear más de cinco millones de euros. En el centro de la investigación, según el mismo diario, se encuentra un empresario holandés afincado en Mallorca.
En enero de 2021, una investigación periodística liderada por el semanario portugués Expresso y el consorcio OCCRP, publicada en exclusiva en España por infoLibre, desveló que el ministro ecuatoguineano se involucró en la creación de una trama societaria perceptora de presuntos pagos ilícitos a cambio de la adjudicación de un contrato de obra pública valorado en 106,6 millones de euros. La beneficiaria de dicha concesión, la portuguesa Armando Cunha SA, habría abonado a la trama más de diez millones de euros entre 2009 y 2015. Casi la mitad de las supuestas comisiones se abonaron a dos sociedades con sede en España: Bellezzavecchio SL y Patapouf SL. Ambas, vinculadas a un consultor holandés con residencia en Mallorca: Donald Frank van der Horn van den Bos.
Aquella investigación se apoyaba en una serie de contratos, facturas y extractos bancarios obtenidos por el semanario luso. Varios de esos documentos, de hecho, habían sido aportados en una querella presentada en Portugal contra el entonces presidente y accionista de Armando Cunha –Filipe Rego– y contra Van der Horn van den Bos, al que la investigación situó como el supuesto testaferro de Gabriel Obiang. Sobre la mesa, presuntos delitos de corrupción en negocios internacionales, blanqueo de capitales y fraude fiscal. Un movimiento judicial que, aunque no se dirigía formalmente contra el ministro ecuatoguineano, realizaba un relato de hechos que sí ponía el foco directamente sobre el menor de la familia Obiang.
La Audiencia Nacional y los ciudadanos españoles
Algo más avanzada se encuentra, por su parte, la causa centrada en el secuestro y torturas a opositores con nacionalidad española. Se trata de una investigación que está llevando a cabo el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Y que tiene su origen en una querella presentada por el Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República (MLGE3R). Bajo la lupa del juez Santiago Pedraz se encuentra toda la cúpula de seguridad de Obiang. En el procedimiento está investigado Carmelo Ovono Obiang, secretario de Estado de la Presidencia, jefe del servicio secreto exterior e hijo del dictador. También el ministro de Seguridad Nacional, Nicolás Obama, y el director general de la Seguridad Presidencial, Isaac Ngema.
La causa se centra en el presunto secuestro y posteriores torturas que habrían sufrido cuatro opositores: Martín Obiang, Bienvenido Ndong, Feliciano Efa y Julio Obama Mefuman –los dos primeros residentes en nuestro país y los dos últimos con nacionalidad española–. Todos ellos habrían viajado en noviembre de 2019 de Madrid a Sudán del Sur para reunirse supuestamente con líderes africanos. Sin embargo, una vez allí fueron apresados y trasladados a Malabo, la capital de Guinea Ecuatorial. Informes de la Comisaría General de Información sitúan a los investigados en el avión presidencial que trasladó a los opositores desde Sudán del Sur a territorio ecuatoguineano. Y también en las sesiones de tortura a las que fueron sometidos tras ser conducidos a prisión.
Este no es, sin embargo, un caso aislado. "El caso investigado tiene unos claros elementos comunes con el resto de secuestros efectuados en los últimos años desde diferentes países africanos a ciudadanos nacionales o residentes en Europa", señala uno de los informes policiales aportados a la causa, que describen un mismo modus operandi consistente en conducir al opositor a través de engaños de un Estado en el que se encuentre a salvo a un país bajo la influencia del régimen de Obiang en el que, finalmente, son detenidos y entregados a las autoridades ecuatoguineanas. Tanto el hijo del dictador como el ministro de Seguridad Nacional tienen, según la Policía, familia y residencia estable en España, mientras que el tercer investigado visita "de forma periódica" el país.
La Policía, además, considera que el "plan organizado y estructurado" de persecución de opositores tiene como responsables "últimos y principales" al dictador y su hijo Teodorín. De hecho, la investigación ha puesto de manifiesto, según informó en su momento El País, que el Gobierno de Guinea Ecuatorial contrató a una quincena de detectives privados en Madrid para espiar a los miembros de la oposición que un año después serían secuestrados y torturados en un penal del país centroafricano. El caso se encuentra en estos momentos en stand by. Algunas fuentes jurídicas consultadas señalan que la causa está a la espera de una "comisión rogatoria" a Guinea después de que se solicitara una "cesión de jurisdicción".
En el transcurso de las pesquisas, además, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado investigar el origen de los 793.000 euros que el hijo de Obiang ingresó en billetes de 200 euros en su cuenta del BBVA en Madrid. El juez instructor se había negado al entender que ese dinero no guardaba relación con los hechos investigados. Pero la Sala entendió a mediados de septiembre que estas indagaciones son pertinentes. No solo por si existe un delito de blanqueo, sino también por si ese dinero "pudiera haber sido herramienta imprescindible para financiar las actividades presuntamente delictivas" contra los opositores.
La derivada canaria
Y luego está el caso Kokorev, que muestra en detalle cómo funciona la corrupción al más alto nivel en Guinea Ecuatorial. La investigación, llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, concluyó en la primavera de 2021. Y dio por acreditada la existencia de una trama que durante más de una década, entre 1999 y 2011, realizó "operaciones ilegales o clandestinas de venta de armas y material de doble uso" al Estado de Guinea Ecuatorial. "Este armamento y material militar consistía en la compraventa de buques, helicópteros de combate, vehículos blindados, corbetas militares, patrulleras, fragatas, aviones de caza y bombarderos", resaltaba la magistrada instructora en su auto de apertura de procedimiento abreviado.
Pero el negocio de los Kokorev, una familia rusa afincada en Las Palmas de Gran Canaria, no se quedaba ahí. El coste de estas operaciones se incrementaba normalmente entre un 30% y un 40%. Y todo ello se hacía con la complicidad de altos funcionarios militares ecuatoguineanos. En ese sobrecoste, según el citado auto, participaban el yerno del dictador, quien desempeñaba el cargo de Director General del Gabinete Militar y a quien "se le abonaron en comisiones por esta actividad" 1,94 millones de dólares entre 1999 y 2004. También habrían participado en el negocio, según la magistrada, el sobrino de Obiang – era secretario de Estado para la Tesorería y Presupuesto de Guinea–, un primo suyo, el asesor del dictador en materia de defensa y el Director del Gabinete militar del presidente.
Sin embargo, ninguno de estos altos funcionarios terminó encausado en el procedimiento. El auto de apertura de juicio oral se dictó, exclusivamente, contra Vladimir Kokorev, su mujer Julia, su hijo Igor, un abogado y asesor grancanario y dos de sus hermanas. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido para los investigados penas que oscilan entre los cinco y los ocho años de cárcel. El próximo 14 de diciembre, según explican fuentes que forman parte de la causa, se celebrará una vista de cuestiones previas. Entre otras cosas, se decidirá si la Audiencia Provincial puede llevar a cabo el enjuiciamiento o si el mismo le compete a la Audiencia Nacional.
