La fiesta del agua en la Casa de Alba: 3000 millones de patrimonio y sospechas de regar sus naranjas con pozos ilegales
La duquesa de Alba dejó todo atado y bien atado antes de su muerte. No tuvo más remedio: la condición que sus hijos le pusieron para permitirle contraer matrimonio a los 85 años con Alfonso Díez, su tercer esposo y 24 años más joven, fue que repartiera la herencia en vida y que el viudo, cuando lo fuera, quedara al margen.
Así, tres meses antes de dar el sí, quiero en la capilla del Palacio de Dueñas, el 5 de octubre de 2011, en un día de estampas que describen también de qué hablamos cuando hablamos de Sevilla, Cayetana Fitz James firmó en Madrid ante notario el reparto del grueso de su patrimonio en concepto de donación escriturada por la cual sus hijos se convertían en titulares registrales de sus bienes.
Ella, la 18ª duquesa de Alba, 11ª de Berwick, 18ª de Híjar además de una larguísima lista de títulos nobiliarios, seguiría administrándolos como gerente y disfrutando de ellos como usufructuaria hasta su fallecimiento, que llegó apenas tres años después, el 5 de noviembre de 2014.
Entonces, según estimó la revista Forbes, el patrimonio de la Casa de Alba estaba valorado en unos 3.000 millones de euros, un listado inabarcable de palacios, castillos, terrenos, valores bursátiles, obras de arte y joyas además de 51 títulos nobiliarios que componen el patrimonio de una de esas familias que siempre salen en las negritas de los libros de Historia.
Con cierta perspectiva, podría decirse que la única operación verdaderamente ruinosa que se le conoce a los Alba, desde 1430, fecha de la fundación del linaje, es haber perdido La Venus del espejo, joya pictórica y una de las últimas obras que pintó Velázquez que hoy cuelga en las salas de la National Gallery de Londres.
Manuel Godoy, aquel personaje que pasó de guardia de corps al hombre más poderoso de su tiempo, está detrás de la jugada. En 1802, el rey Carlos IV ordenó al entonces duque de Alba que vendiera ésta y otras pinturas a su mano derecha, un escalador social y político que acumuló honores tan variopintos como Ministro Universal o Príncipe de la Paz.
Que en plenas guerras napoleónicas el famosísimo valido del rey propiciara que el cuadro llegara al mercado inglés, se diría, que es una mancha en el expediente de éxitos económicos de la Casa de Alba.
De godoys está escrita la Historia de España y de familias que siempre ganan aunque roben, también.
Porque habrá que ver en que queda la denuncia formulada por la Fiscalía de Sevilla contra Eugenia Martínez de Irujo, duquesa de Montoro, por un posible delito contra el medio ambiente por detracción de aguas de ocho pozos ilegales en una finca de los Alba en el entorno de Doñana.
En concreto, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) ha citado a declarar a la hija pequeña de Cayetana, que en la actualidad aparece como representante legal de la empresa Eurotecnica Agraria SA.
Según consta en la querella adelantada por El País, la empresa tiene como miembros del consejo de administración a varios hermanos, así además de la presidencia rotaria, que en estos momentos ocupa Eugenia, figuran otros hermanos más duchos a la gestión del patrimonio familiar.
De ahí que Alfonso Martínez de Irujo, y mano derecha de su hermano mayor, el actual duque de Alba, Carlos Fitz-James Stuart, haya presentado un escrito al juzgado para que en lugar de su hermana pequeña —que a los micrófonos de la prensa rosa preguntada al respecto ha excusado que ella no habla “de esas cosas”— declare como investigado su hijo Luis Martínez de Irujo, gerente los últimos años de la finca Aljobar. De ahí proceden las naranjas regadas con agua no autorizada que llegaban al mercado gourmet con el sello de la Casa de Alba.
En su página web, no hay en la actualidad mención alguna a la venta de estas naranjas pero en cambio sí figuran productos que procederían de sus fincas, de todas las que tiene repartidas por la península, como chacinas y carnes ibéricas o aceites oliva virgen extra que tienen como reclamo la imagen de la celebérrima duquesa de Alba de Goya. El packaging es irresistible, proporcional, quizás, a sentirse duquesa ante una simple ensalada.
Según consta en la denuncia que ha sido consultada por Infolibre, la finca, en el término municipal de Aznalcázar (Sevilla), tiene autorización para riego mediante un pozo para 200 hectáreas de cítricos y otra para un segundo pozo de uso doméstico y ambos debían tener instalado un contador para controlar el volumen de agua consumido.
Sin embargo, el Seprona de la Guardia Civil ha constatado que, al menos desde hace 10 años, se sacaba sin autorización agua de otros ocho pozos. La Confederación Hidrógráfica del Guadalquivir (CHG) valoró los daños ocasionados al dominio público hidráulico estimándose un consumo de 305.851,73 metros cúbicos y una cuantía económica de 36.702,16 euros. Eso sólo en esta última cosecha.
Pero el saqueo ha sido mayor, claro.
El agua, la de los diez pozos en total, procede del emblemático acuífero 27, la balsa bajo la tierra que nutre al Parque Nacional de Doñana y cuyo uso sin autorización por parte de muchos propietarios, de tamaño dispar y en los que opera una casuística muy diferente en cada caso, está desde hace años en el objetivo sin que las administraciones logren poner fin a la práctica, tan antigua, tan extendida en todos los ámbitos de la vida, de hacer uso ilegal del bien común en beneficio propio.
A primeros de noviembre, de hecho, se cumple el mes que se dieron la Junta de Andalucía y el Gobierno de España para tratar de diseñar una alternativa al conflicto que mantienen ambas administraciones al respecto del uso ilegal del agua por parte de un número indeterminado de explotaciones freseras de la corona norte de Doñana.
El PP, de la mano de Vox, impulsó desde su mayoría absoluta una proposición de ley para la regularización de todos estos pozos ilegales que, por ahora, está frenada en su tramitación en el Parlamento y a la que le queda tan sólo su aprobación final.
Las conversaciones, según Julio Díaz, representante de la plataforma de regantes afectados, le constan que se mantienen entre Junta y Ministerio “con discreción”. “Veremos cómo aterrizan para darle una alternativa a estos regantes, porque el plazo para el acuerdo se cumple y tendrán que darnos una salida que nos convenza”, traslada a este medio.
En paralelo, de aquí a final de año, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la administración competente para dar o denegar los permisos de extracción y de perseguir a los infractores, había planificado el cierre de más de 400 pozos, con lo que se llegaría a unos 1.200 pozos precintados en la actual legislatura donde la guerra del agua ha marcado la relación entre el gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla y del de Pedro Sánchez.
Si bien para el acuerdo todavía no hay certidumbres la única certeza a día de hoy es la máxima que defienden las organizaciones conservacionistas: en el parque, cualquier gota de agua es vida.
La dinámica es letal: el acuífero de Doñana es un gran succionador de agua, si no la consigue desde donde tiene que obtenerla la recaba de otros ámbitos, como el marino, con lo que se produce la salinización del agua y, con ella, la destrucción continuada y progresiva de la flora y la fauna propia de este ecosistema
Hay otra consecuencia directa: el progresivo desplome de los pozos que están autorizados para muchos agricultores cuya pequeña explotación es su modo de subsistencia y que luego, cabe señalar, compiten con esos productores, los que se saltan las normas a su antojo, en las mismas condiciones de mercado.
Según la actual ley de aguas, en España no se paga por el uso de aguas subterráneas, el agua de pozo, pero para uso agrícola sí hay que pagar un canon a la comunidad de regantes correspondiente, que es la ordena y distribuye qué cantidad está autorizada para cada uno en función de la explotación, de si es de regadío o de secano, en función de las hectáreas, en función de la singularidad de la cosecha y, en función, en definitiva de la disponibilidad del agua que da el propio declive de las precipitaciones.
Todo eso lo estudia la CHG, que es la que sondea y, en última instancia , la que autoriza que sea viable el uso del agua o no.
Para Julio Díaz, el criterio que sigue la Confederación, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y Medio Ambiente, es “en muchos casos, discrecional”. “Hay permisos que se eternizan y otros que salen adelante sin problemas”, opina.
Sea por que haya procesos de solicitud de agua en curso o sea porque se han abierto más pozos de los autorizados inicialmente, lo cierto es poco parece importarle las normas a todos aquellos, pequeños propietarios o grandes latifundistas, que como escribía en la red X Manuel Planelles, se apuntan a la fiesta del agua.
El de la casa de Alba es el último caso eco mediático pero no el único.
Hace unos días también trascendió el caso de la finca Carrascalejo, propiedad de Miguel Baéz El Litri, ex matador de toros y hace más de 20 años, aquí va el guiño rosa, novio de Eugenia Martínez de Irujo. Es un detalle menor, puede, pero es un apunte de la laxitud con la que se atiende al bien común en determinados círculos.
WWF España, organización internacional que nació en 1961 precisamente para blindar Doñana de la especulación franquista, está detrás de la denuncia del robo de agua en el caso de esta finca de 400 hectáreas propiedad del torero. Su negocio es una variedad de olivo de riego superintensivo que se estaría regando sin autorización con agua procedente del acuífero de Tejada, que linda con el acuífero 27, el de Doñana.
Según calcula WWF España, un olivo superintensivo de tres o cuatro años que es la edad de los plantados en esta finca, “puede llegar a haber consumido un hectómetro cúbico al año, un millón de litros de agua”, señala Felipe FuentelSaz, coordinador del área de agricultura de esta organización.
Es decir, más de dos millones de metros cúbicos de agua en dos o tres años de riego. O lo que es lo mismo: lo que consume una ciudad de unos 45 mil habitantes al año.
Estos casos están en una primera fase judicial y habrá que ver los cauces que jueces y fiscales encuentren para sacar adelante el proceso. Por eso la reciente sentencia adelantada por El País de la jueza Isabel de Luque, titular del Juzgado de lo Penal 14 de Sevilla, supone un hito histórico porque es la primera vez que la extracción continuada de agua sin permiso tiene una pena de ingreso en prisión.
En concreto, la jueza ha condenado a tres años y medio de cárcel, además del pago de 1,9 millones de euros, a cinco hermanos terratenientes, los Campos Peña, propietarios de Hato Blanco Viejo en Aznalcázar (Sevilla), por robar del acuífero del Parque Nacional, entre 2008 y 2013, unos 12 millones de metros cúbicos.
La sentencia cita el informe del perito del CHG para dimensionar el daño: los propietarios habrían extraído, durante los seis años que ha durado el procedimiento, el agua correspondiente a un tercio del embalse del Gergal, el que abastece a la ciudad de Sevilla; o calculado de otro modo, miles de campos de fútbol con un metro de agua sobre el césped.
El fallo marca un punto de inflexión porque manda un mensaje en dos vías: por un lado, es un asidero de esperanza para la lucha sin descanso de las organizaciones conservacionistas, que desde hace décadas estudian y llevan ante el juez las pruebas de la degradación del parque por este tipo de prácticas (la denuncia del Hato Blanco Viejo fue impulsada por Ecologistas en Acción) Prácticas que vienen de lejos y que han encontrado la connivencia, el relajo o la falta de observancia desde muchas instancias administrativas.
El segundo mensaje que manda es una advertencia a los infractores: extraer agua de manera ilegal no sale gratis, aunque perseguir que paguen sea tantas veces frustrante.
Para Fuentelsaz, “por parte de las autoridades administrativas y judiciales de Sevilla y de Huelva se está analizando el uso correcto del agua y hay que dejarlas trabajar. Estamos viendo que los casos no se archivan, sea quien sea el propietario, grande o pequeño, y que hay sensibilidad en la Fiscalía General del Estado”.
Una lectura que parece haber entendido también el Gobierno andaluz. El pasado miércoles, a la salida de la sesión de control del Parlamento de Andalucía, y abordado por la prensa por este asunto, el presidente Moreno respondió lacónico que “la justicia debe ser igual para todos”.
Aunque tarda en llegar tantas veces por la ineficacia de la administración, que no es capaz de cruzar datos entre distintos niveles para detectar a tiempo, por ejemplo, la reconversión de una finca de secano en una de regadío o la multiplicación de pozos abiertos.
Fuentes expertas en denuncias en materia medioambiental que prefieren mantener el anonimato, dibujan la complejidad al fin de ponerle freno a esto.
Cuando la Guardería Fluvial de la CHG va a hacer las inspecciones, como la mayoría de fincas están valladas, los propietarios no les dejan entrar (eso pasó en el caso de la finca de los Alba), con lo cual tienen que solicitar autorización al juez de lo Contencioso. Cuando la autorización judicial llega, ya ha pasado un tiempo, la inspección entra, investiga y precinta los pozos sin autorizar que detecten. Y quizás se curse la sanción administrativa al dueño.
Pero en todo caso, la multa es pequeña (porque sólo corresponde al riego correspondiente a esa cosecha, aunque el pozo lleve abierto años) y es grande la habilidad para el infractor de abrir al día siguiente tantos pozos ilegales más, unos cuantos metros más adelante, como quiera.
Y de nuevo, vuelta a empezar.
Si a eso se le añade la ineficacia de la administración porque los procedimientos se caducan y hay muchas sanciones que no se cobran estamos ante el bucle sin fin.
Por la vía penal, aún más compleja, la investigación debe demostrar que hay un daño sustancial al acuífero, que es la vía que estaría explorando las querellas interpuesta en el caso de la finca de la Casa de Alba y en la del Litri.
Podría diferenciarse, entonces, dos tipos de delincuencia: la del gran latifundista y la del pequeño agricultor que tiene una economía de subsistencia y cuyo riego es incompatible con el mantenimiento del acuífero. A esos procedería, a la vez que se le sanciona, darle una alternativa viable. Y esa es la complejidad de las conversaciones y el acuerdo que buscan proyectar Junta y Gobierno.
Un juez investiga a Eugenia Martínez de Irujo por pozos ilegales en el entorno de Doñana
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Hay un apunte necesario: quien roba agua puede ser también beneficiario de las ayudas europeas de la PAC (Política Agraria Cómún) porque las administraciones, señalan estas fuentes consultadas, no tienen cruzados los datos. La casuística en estos casos es tan amplia como inexplicable: ayudas que se solicitan para cosechas mayores que la extensión de tierras autorizadas para riego o ayudas que se reclaman para fincas de secano, cuando en realidad se desarrollan actividades agrícolas de regadío.
Y luego está, al fin, que sea de todo plano incomprensible que se sigan concediendo permisos de riego a fincas que tienen sanciones administrativas desde hace años, como es el caso que refleja la sentencia de Campos Peña, consultada por este medio, donde en su historial acumulaban desde 1997 hasta una docena de expedientes sancionadores, de distinta cuantía, por uso ilegal de agua.
No hablamos sólo de casos aislados, ni de nombres propios que saltan de la crónica rosa a la de tribunales, hablamos al fin de atender un problema encallado y complejo que necesita de recursos, administrativos y judiciales, y de conciencia social. Esa que se adquiere, tantas veces, de lo visto en casa. Sin que haga falta títulos.
