Ilegalidades y mala gestión: sentencias y auditorías cuestionan las políticas de Feijóo en autovías y transporte
El 20 de enero de 2003, en medio de la crisis del Prestige, el presidente de Correos en aquel momento, Alberto Núñez Feijóo, tomaba posesión como conselleiro de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda del último gobierno de Manuel Fraga. Veinte años después, sus políticas en materia de autovías y transporte público en aquel cargo y después como presidente de la Xunta siguen siendo invalidadas por ilegalidades y mala gestión por diversas sentencias judiciales y auditorías oficiales del Consello de Contas, el ente independiente de fiscalización de las administraciones gallegas.
Hace unos días, el Tribunal Supremo ratificaba una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que condenó a la Xunta por no hacer nada ante el reparto ilegal del mercado entre Monbus y Alsa de las concesiones de transporte público interurbano. Un reparto producido en 2020 en un concurso público que la Xunta se vio obligada a convocar después de que previamente el Supremo anulara la decisión del Gobierno gallego de prorrogar ilegalmente en 2009 las concesiones de autobuses atentando contra el libre mercado. Ahora el Consello de Contas ha emitido un informe que también censura cómo se diseñaron y cómo se vigilaron las nuevas concesiones.
Junto con ese informe sobre el transporte en autobús, Contas también emitió este jueves otro sobre las autovías con peaje en sombra que desvela que la Xunta está pagando más de lo que debería por esas infraestructuras, cuya modalidad de construcción considera que "no fue eficiente ya que se habrían podido conseguir resultados equivalentes a un menor coste".
Mala gestión de las autovías con peaje en sombra
Durante su etapa como conselleiro de Fraga, Feijóo apostó por el peaje en sombra como manera de acelerar la construcción de nuevas autovías sin que la administración las tuviese que ejecutar y pagar directa e inmediatamente. En ellas el usuario no paga peaje sino que lo hace la administración a lo largo de los años a una concesionaria a cambio de que esta asuma la construcción y mantenimiento de la infraestructura. Según Contas, las cinco autovías analizadas supusieron una inversión de 471 millones de euros, pero la Xunta pagará por ellas, desde que las primeras se pusieron en servicio en 2008 hasta que acabe la concesión de la última en 2040, un total de 1.643 millones.
Las dos primeras autovías ejecutadas con ese sistema fueron la AG-56 Santiago - Brión y la AG-41 del Salnés, adjudicadas por Feijóo como conselleiro pocos días antes de las elecciones de 2005 que lo sacarían a él y a Fraga de la Xunta. La tercera, la AG-11 do Barbanza, fue licitada también con este sistema por Feijóo, que la dejó solo pendiente de adjudicar unos meses más tarde por el gobierno de coalición de PSdeG y BNG. Feijóo acusó a aquel bipartito de amañar la adjudicación de este contrato, cuestión que fue descartada por la justicia, pero ni se debatió ni se cambió el modelo de ejecución a través de una concesión con peaje en sombra que él había dejado diseñado.
La AG-31 de Celanova también se planificó con este sistema. Esta obra se incluyó en el Plan Galicia de la Xunta como compensación por la catástrofe del Prestige. Así todo, en este caso la actuación, la de menor calibre de las cinco analizadas por Contas, sí estaba en unas fases muy iniciales de diseño cuando el bipartito llegó a la Xunta y decidió no cambiar de sistema. Ese gobierno licitó y adjudicó con peaje en sombra una autovía que después acabaría poniendo en servicio en 2013 Feijóo ya como presidente.
La quinta actuación, la Autovía AG-55 de la Costa da Morte, no tiene peaje en sombra en función de cada vehículo que la usa sino un sistema similar de pago por disponibilidad que igualmente asume la administración a lo largo de los años en lugar de los usuarios. La polémica historia de esa autovía es la de tres licitaciones sucesivas, la primera del bipartito de PSdeG y BNG y las otras dos ya con Feijóo como presidente, pero las tres con el mismo sistema de pago adelantado y con progresivo encarecimiento del coste y recorte de la longitud de la infraestructura en función de las capacidades de la última adjudicataria.
El Consello de Contas analizó si fue eficiente el sistema elegido para la construcción de estas autovías, y concluyó que no. Pero no analiza solo eso, sino que también estudia su gestión por parte del Gobierno gallego cuando ya estaban construidas. En particular estudia las decisiones de 2014, con Feijóo como presidente, de aceptar las peticiones de las concesionarias de las autovías del Salnés, Barbanza y Celanova de reformular los contratos para cobrar más ante la realidad de que estaban circulando por ellas menos vehículos de los previstos por la Xunta. Es decir, cómo la Xunta cambió las reglas a mitad de la concesión para asumir ella el riesgo que las empresas se habían comprometido a asumir.
Según Contas, con la renegociación "se incrementaron en 205 millones de euros los pagos que se realizan a los concesionarios". Pero el ente fiscalizador dice que no había que renegociar nada, sino que la caída de ingresos por el menor tráfico debía ser "asumida directamente por los concesionarios y por los bancos financiadores sin contribuir con más fondos públicos", decisión que estaría "en línea con las sentencias del Tribunal Supremo".
Contas también evalúa en su informe "la posibilidad de que esa falta de renegociación provocase que los concesionarios llegasen a quebrar", resultado que también considera más favorable que la decisión tomada por la Xunta. Ante una quiebra de las empresas, dice Contas, la Xunta "tendría que rescatar las concesiones y extinguir los contratos", pero con los costes que eso supondría "este escenario, viable desde el punto de vista orzamentario y jurídico, también era económicamente más ventajoso que la alternativa de reequilibrio por la que optó la administración gallega". Así que ahora Contas pide a la Xunta que reduzca lo que paga las concesionarias para "generar ahorros en los presupuestos públicos por valor de, al menos, 44 millones de euros".
Ilegalidades y abandonos en la gestión de los autobuses
En el caso de los autobuses interurbanos, competencia de la Xunta, la primera gran decisión que tomó Feijóo al llegar a la presidencia en 2009 fue impulsar una ley para prorrogar las obsoletas concesiones ya existentes en aquel momento en lugar de sacarlas nuevamente a concurso adaptadas a la nueva realidad del territorio. Aquella decisión fue denunciada por la Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia (CNMC) y en 2016 el Tribunal Supremo acabó sentenciando que la prórroga había sido ilegal porque había vulnerado la normativa europea y abocó al Gobierno gallego a iniciar el proceso para la renovación de las concesiones.
Tras varias demoras ese proceso de renovación no acabó hasta 2020, tras un último concurso público dividido en 29 lotes en el que las líneas de mayor demanda, especialmente las del eje atlántico, acabaron en manos de Monbus. Su dueño, el empresario lucense Raúl López, había regalado en años previos vinos de lujo a numerosos altos cargos de la Xunta, incluido el presidente, pero la justicia no lo consideró reprochable penalmente.
En el concurso de 2020, Monbus y Alsa decidieron ir de la mano, a través de una unión temporal de empresas (UTE), en cinco de los principales lotes, pero no compitieron en ningún de los restantes, en los que solo se presentó una de las dos. Ni la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade responsable de esas adjudicaciones ni la Comisión Galega da Competencia, designada por la Xunta y con el popular Ignacio López-Chaves al frente, hicieron nada al respecto. Al comienzo de este año el TSXG sentenció que las dos empresas se habían repartido ilegalmente el mercado y condenó a la Competencia de la Xunta a sancionarlas. El Gobierno gallego recurrió esa sentencia, pero el Tribunal Supremo la ratificó hace unos días.
Pero esa no es la única sentencia contraria a la Xunta en el largo proceso de reorganización de las líneas de bus durante el gobierno de Feijóo. Además de reformular las líneas de transporte regular, la Xunta también fusionó algunas con líneas de transporte escolar, y el TSXG anuló varios de esos contratos porque el Goberno gallego no cumplió con sus propias condiciones para garantizar un reparto de los mismos entre varias empresas y permitió nuevamente una situación de "dominio" por parte de Monbus. Previamente, en la gestión de esos concursos, la Xunta ya había admitido "errores" propios en una primera licitación y había tenido que volver a convocarla, demorando así el proceso. Después, con los nuevos servicios ya en marcha, la Valedora do Pobo dejó en evidencia la lentitud con la que el Gobierno gallego resuelve sus incidencias.
En este contexto el Consello de Contas hizo público este jueves un informe sobre esa reestructuración del transporte en autobús acometida por la Xunta de Feijóo en los últimos años. Un documento en el que dice que el Gobierno gallego reorganizó las líneas sin ningún "instrumento de planificación estratégica que, teniendo en cuenta los diferentes medios de transporte, facilite la movilidad en el conjunto de los núcleos de la población en la comunidad autónoma". Un informe de Contas que constata nuevamente el dominio del sector por parte del grupo Monbus.
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Pero el informe también pone en cuestión la supervisión que la Xunta hace de las obligaciones de las concesionarias. Contas revela que la Xunta, hasta que intervinieron sus auditores, no estaba haciendo nada para requerir a las empresas el pago de los canones fijados a las concesiones más rentables.
Esos canones, en las líneas en las que así se establecieron, son "una obligación contractual del concesionario y como todas las obligaciones obviamente debe ser objeto de control y seguimiento por parte de la Administración", dice Contas. Sin embargo, añade que "no consta que la Dirección General de Mobilidad hubiera desarrollado actuación alguna para verificar el cumplimento de esta obligación del concesionario hasta que una vez iniciados los trabajos de fiscalización por parte del equipo de auditoría se comprobó el cumplimiento del pago por parte de los concesionarios". Contas apunta nuevamente al grupo Monbus, y en uno de los casos a una de las líneas adjudicadas en sociedad con Alsa, que no pagaron el canon correspondiente a 2020 que debían hacer efectivo como muy tarde a 31 de enero de 2021 hasta finales de ese año.
Y cuando Contas detecta que la Xunta no había hecho nada para exigir esos pagos "comienza una comunicación con los concesionarios para interesarse por el pago, donde se evidencia que alguno de ellos no tenía intención de realizar el pago, solicitando en unos casos la exoneración y en otros casos la suspensión del pago".
